Vuelta al colegio entre incertidumbres y amenazas | Mariano Mnez-Aedo

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
School children in classroom at lesson

La vuelta al colegio de este año no supone sólo los problemas típicos habituales, la crisis del COVID y la inoperancia del gobierno, que sigue sin clarificar el panorama ni las alternativas y condiciones de vuelta, están poniendo a las familias en graves aprietos.  El desconcierto, la rabia y la impotencia llenan a los padres españoles, que ven como llega la fecha de incorporación sin tener claro qué hacer, sin saber qué material comprar, qué programa van a tener, qué seguridad tendrán en el colegio o qué posibles incidentes tendrán que afrontar…

A este panorama lo empeora el fragmentado panorama español, donde la dispersión de responsabilidades entre gobierno nacional y autonomías, con 17 planes diferentes y no bien explicados, dispara esta confusión y lucha política entre los distintos actores.  A todo esto, comienza el curso y las familias siguen atónitas.

En lo único que parecen mostrar firmeza es ante la posibilidad de que los padres puedan decidir no llevar a sus hijos al colegio en este panorama tan confuso, donde la inseguridad aumenta los miedos y las desconfianzas.   ¡Ah, no!, por ahí sí que no se puede pasar, ¿cómo se atreven los padres a pensar siquiera en que sus hijos no atiendan al colegio si ellos creen que la seguridad no es suficiente o que las condiciones pueden ser peligrosas?  ¿Acaso piensan que “los hijos son suyos” como diría la ministra Celaá?

No se trata ahora ni siquiera de debatir el derecho de los padres a elegir y disponer los métodos y medios de educación para sus hijos, que podrían incluir, como en otros países hasta la “educación doméstica” (“homeschooling”).  No es tan ambicioso el debate, sólo estamos planteando el derecho/obligación de los padres a cuidar y preservar la salud y la seguridad de sus hijos, recogido en el Código Civil: “La patria potestad se ejercerá siempre en beneficio de los hijos… Esta potestad comprende los siguientes deberes y facultades: 1. Velar por ellos, … educarlos … 2. Representarlos y administrar sus bienes.”

Sin embargo, frente a esta posibilidad, las administraciones sí han sido claras y han recordado la obligación de asistencia a clase, el propio Ministerio de Educación recordó en una respuesta a Europa Press que la escolarización en España es obligatoria desde los seis hasta los 16 años: «Siempre hemos defendido que la escuela es insustituible…”.

Otras personas del entorno gubernamental han afirmado que el derecho a la salud sólo prevalece al de la educación «en casos de fuerza mayor» y que los protocolos de absentismos están vigentes, contemplando desde multas hasta incluso considerarlo un delito de abandono de familia (penado con hasta seis años de prisión), a pesar de ser esto algo excepcional en un caso muy extremo.  Algún representante autonómico también ha realizado manifestaciones en el mismo sentido.

Evidentemente, no parece que sea fácil una penalización masiva de los padres que puedan optar, en algún momento, por estos abandonos escolares, especialmente cuando se produzca de forma masiva, pero es muy significativo la estrategia de la amenaza preventiva que estas declaraciones políticas representan.

Es algunos otros países ha habido situaciones similares.  Suecia, que mantuvo las escuelas abiertas obligó a los niños a asistir, habiendo habido enfrentamientos con algunos padres que se negaron.  En Reino Unido Boris Johnson afirmó que el riesgo de contraer el virus en los colegios es «muy, muy, muy pequeño» y, que, volver a las aulas es «absolutamente vital», por lo que contempla multar a los padres que no lleven a sus hijos a la escuela.

En definitiva, la gestión educativa de la crisis del COVID es nefasta.  En lugar de un planteamiento riguroso y claro, con medidas claras, escenarios definidos y mecanismos coordinados de gestión, nos encontramos con un gobierno perdido e inoperante, que es incapaz de coordinar a unas comunidades también perdidas y que para tapar esta ineficiencia, hace muchas reuniones y declaraciones confusas. 

Ante este panorama, donde lo único claro parece ser afirmar de hecho la autoridad “prioritaria” de las administraciones frente a unos padres que serían actores secundarios, urge cada vez más un cambio en el modelo, donde se reconozca de verdad el papel de los padres como representantes de los hijos a la hora de elegir y decidir sobre su formación.  Es urgente que se introduzca una auténtica libertad de enseñanza, hoy con muchas limitaciones reales, que permita a los padres decidir, de modelos y mecanismos (como puede ser el cheque escolar) que aseguren esta libertad real y no “teórica”. 

Amén de esto, también parce pertinente plantearse si tener 17 sistemas educativos en España es la mejor manera de optimizar la educación y los recursos públicos.

Mariano Mnez-Aedo | Vicepresidente IPF