No es que la globalista y corrupta UE sea un dechado de virtudes. Lo que pide es que Sánchez no sea tan descarado.
En el informe sobre el estado de derecho, la Comisión Europea apremia al Ejecutivo a aprobar la ley sobre los grupos de interés (lobbies de presión) a la que se comprometió en el Plan de Recuperación.
La globalista y corrupta Comisión Europea apremia al Gobierno para que apruebe la ley sobre los grupos de interés (lobbies de presión) que tiene en su contenido también las denominadas puertas giratorias – esto es, movimientos del sector público al sector privado de personalidades políticas. Unas puertas giratorias que la casta política del bipartidismo español las conoce y usa muy bien.
Insta a aprobar la Ley sobre los grupos de interés
Lo que verdaderamente quiere la globalista y corrupta Comisión Europea no es combatir esta práctica de la casta política sino que no se note tanto. Para ello se hace una ley: para que se dé apariencia de que se lucha contra ello
En España, esta norma, comprometida en el Plan de Recuperación continúa sin completar su trámite legislativo y ahora Bruselas lo incluye como una de las recomendaciones para España en el informe sobre el estado de derecho.
Así, la Comisión recomienda a España que «proceda a aprobar la ley sobre la actividad de los grupos de interés, que incluye el establecimiento de un registro público obligatorio de grupos de interés». Bruselas recuerda que esta ya era una tarea pendiente en el informe de 2023 y descarta que se hayan producido avances desde entonces. Se trata de una norma que se enmarca dentro de las actividades de lucha contra la corrupción y, por ello, la Comisión insta a avanzar en los trámites.
No es ir contra las puertas giratorias, ya que solamente afectará a un caso concreto
Este registro fijaría los destinos profesionales a los que los políticos no podrían acceder después de abandonar un puesto público. No podrán trabajar para lobbies que formen parte del Registro de Grupos de Interés cuando finalicen su actividad pública», rezaba la referencia del Consejo de Ministros del 8 de diciembre de 2022. Además, apuntarse en el registro sería condición indispensable para celebrar reuniones con miembros de la Administración pública. Asimismo, sería una obligación de los altos cargos y trabajadores inmersos en la producción de leyes comprobar que aquellos con los que se reúnen forman parte de dicho registro.
En definitiva, es solamente ir contra aquellas puertas giratorias de políticos que, tras terminar su actividad en la administración, pasan a los grupos de presión que trabajan con esa misma administración. Un caso concreto pero que bien vendido parece que se lucha contra las puertas giratorias.
En definitiva se trata de dotar de algo de transparencia al proceso legislativo y de la influencia que los grupos de interés pueden ejercer en la elaboración de normas a través de reuniones. De la misma forma, se busca evitar que los altos cargos de la administración acaben trabajando para grupos de interés a su salida de sus responsabilidades públicas y tras haber legislado en favor de los mismos.
En las respuestas del Ejecutivo a la Comisión, en relación al informe publicado este miércoles, el Gobierno se comprometía a retomar en el primer trimestre de 2024 el proceso para aprobar la norma, pero esta sigue varada en trámites.
Fuente: Olga Rodríguez| El Independiente
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