El Observatorio para la Libertad Religiosa pide al Papa su intervención para frenar la injerencia del Gobierno en el Valle de los Caídos

La profanación del Valle de los Caídos es, sin duda, una amenaza real que muchos católicos ven con creciente alarma. Aunque algunos medios han sugerido que el Papa Francisco habría dado su visto bueno a ciertas medidas promovidas por el Gobierno español, lo cierto es que parece ser que no firmó ningún acuerdo. Fue un acuerdo oral entre la secretaria de Estado y el Gobierno español. Por tanto, cualquier pacto carece aún de validez jurídica y canónica.

En este contexto, es el Papa León XIV quien debe decidir si confirma esos compromisos verbales, o si los rechaza con firmeza. Es por ello que diversas miles de voces católicas han levantado su voz para frenar la profanación del Valle. Ahora se han dirigido directamente a la Secretaría de Estado.

El Observatorio para la Libertad Religiosa pide al Vaticano una respuesta clara

El Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia (OLRC) ha enviado una misiva a la Secretaría de Estado del Vaticano, encabezada por el Cardenal Pietro Parolin, expresando su preocupación ante las recientes actuaciones del Gobierno de España sobre la Basílica del Valle de los Caídos.

Según confirma el OLRC, «la institución vaticana ya ha confirmado la recepción de la solicitud y actualmente trabaja en dar una respuesta».

La presidenta del Observatorio, María García, ha sido tajante: «León XIV debe tomar cartas en el asunto para frenar los intentos del Gobierno de acabar con el Valle de los Caídos».

El plan de resignificación: un ataque ideológico

El Gobierno está impulsando un llamado denominado»plan de resignificación» del Valle de los Caídos que en realidad incluye, según denuncia el OLRC, la expulsión del prior benedictino, la desacralización del templo y la eliminación de símbolos religiosos, como el Vía Crucis.

Para María García, esto constituye una clara injerencia en la libertad religiosa: «El Gobierno, en un ejercicio de imposición ideológica, forzó la salida del prior benedictino y está impulsando un plan de resignificación que supondría, en la práctica, la desacralización de un lugar de culto».

Este ataque contra el Valle de los Caídos atenta directamente contra la libertad religiosa y el derecho de los fieles católicos a preservar sus lugares sagrados.

Profanación y memoria de los caídos: una línea que no se debe cruzar

En el interior de la Basílica del Valle de los Caídos descansan los restos de cerca de 35.000 personas, entre ellas, setenta mártires beatificados por la Iglesia. La «resignificación» del lugar, lejos de ser una reinterpretación histórica, se traduce en una profanación directa de sepulturas.

Así lo denuncia la presidenta del Observatorio: «La resignificación del lugar podría suponer incluso la profanación de sepulturas, algo de extrema gravedad para los católicos y para el respeto a la memoria de los fallecidos».

Este tipo de atropellos no solo dañan la sensibilidad de miles de familias, sino que constituyen una vulneración de los principios fundamentales del derecho internacional y eclesiástico.

Acuerdos Iglesia-Estado: un marco legal que el Gobierno no puede ignorar

Las acciones emprendidas por el Ejecutivo también suponen una clara violación de los Acuerdos Iglesia-Estado de 1979. Estos acuerdos garantizan la inviolabilidad de los lugares de culto y su carácter sagrado.

Para María García, el Gobierno está vulnerando estos derechos: «Las actuaciones del Gobierno contravienen los Acuerdos Iglesia-Estado de 1979, que garantizan la inviolabilidad de los lugares de culto y su carácter sagrado, y representan una vulneración directa de la libertad religiosa y de culto de la Iglesia católica y de los derechos de sus fieles».

El Papa León XIV puede paralizarlo

El futuro del Valle de los Caídos y su integridad religiosa están ahora en manos del Papa León XIV. Mientras el Cardenal Parolin estudia la respuesta oficial, el mundo católico observa con preocupación y esperanza.

La petición del OLRC no es solo un acto simbólico: es un grito de auxilio por la defensa de la libertad religiosa en España. En palabras de García: «Pedimos al Cardenal Parolin que salvaguarde la dignidad y el carácter religioso del Valle de los Caídos. La libertad religiosa es un derecho fundamental que no puede estar sujeto a la voluntad política del momento».

La Iglesia debe ser firme. No se puede permitir que el Gobierno imponga su agenda ideológica sobre los lugares santos ni sobre los muertos que allí reposan.

El Papa León XIV tiene ahora la oportunidad histórica de restaurar el orden y frenar la profanación del Valle de los Caídos. Los católicos no piden privilegios, piden respeto. Y el respeto comienza por la defensa de lo sagrado.