La semana pasada, el INE ha publicado los datos sobre nacimientos del primer semestre de 2022: sólo 159.705 niños en toda España. Un nuevo récord histórico, pero lamentablemente por lo escaso del número. Lo peor del asunto es que se publican algunos artículos sobre el tema y, prácticamente, no vuelve a la actualidad hasta la siguiente publicación de datos unos seis meses después.
Se repiten similares reflexiones sobre las dificultades para tener hijos, las graves consecuencias sociales y económicas y hacia el final hasta se apunta la necesidad de hacer algo… para volver a decir lo mismo seis meses después. Lo más triste del asunto es que nadie parece recoger ese guante, que se vuelve cada vez más desesperante e imposible. Cuando asistimos a tantas propuestas y decisiones públicas hacia objetivos mucho menos importantes, cuando no absurdos o aberrantes, cuando para esos fines más discutibles o irrelevantes no parece haber problemas de recursos, todo cambia ante el problema demográfico, cualquier medida parece un coste abismal e inasumible, además de políticamente incorrecta.
Este artículo no pretende ser otro más durante estos días, que pudiera incluso volver a publicar dentro de seis meses, sino llamar la atención de nuestros lectores hacia un aspecto de esta realidad sustancial, pero que ni se mencionan tampoco estos días.
Este hecho, fundamental a mi parecer, pero que no agrada a lo políticamente correcto porque les desmonta sus construcciones ideológicas, es el aspecto del derecho de los padres a tener sus hijos.
Sí, la cuestión demográfica global, no debe ocultarnos el gran problema individual de tantos matrimonios que desearían tener un hijo y se ven impedidos por todo un entorno de circunstancias económicas, laborales, de vivienda, etc. No hablamos ahora ni siquiera de que la sociedad debería dar ayudas compensatorias por el cuidado de los hijos (eso da para otro artículo), sino de que hay unas auténticas estructuras sociales antifamiliares que atentan gravemente contra este derecho fundamental, sin que las autoridades hagan realmente nada por cambiarlas/combatirlas. Y en este aspecto no hace falta siempre esperar a lograr un cambio global social, sino que al margen de ese necesario cambio para que la sociedad sea más justa y más positiva para las familias, se pueden tomar medidas transitorias para mitigar los aspectos más lesivos de esas situaciones sobre las familias.
Empecemos por el tema de las viviendas, está claro que en España la situación es cada vez más difícil para que las familias puedan acceder a una vivienda en condiciones favorables para que pueda ejercer su derecho a tener hijos. Al margen de todas las acciones destinadas a mejorar los problemas de la vivienda (al margen de que actualmente se pueda pensar que los aumentan más que reducirlos), no hace falta que siempre estemos “redescubriendo la rueda”, podríamos aprender de otros países donde haya medidas que hayan resultado eficaces, siendo pragmáticos y no solo por nuestra afinidad política hacia sus autores. Por ejemplo, en Hungría hay un programa de préstamos para la compra de viviendas para familias jóvenes, que además se ven bonificados en función de los hijos que tengan, que está demostrando tener unos resultados bastante positivos. Es decir, no hay que esperar a que se consiga la situación ideal de la familia en España para hacer algo que ayude a las familias a tener hijos.
En el mercado laboral, igualmente hay que actuar para ayudar a las familias a tener hijos. Aquí vemos que recientemente se ha producido un cambio enorme con la igualación de la baja paternal y la prohibición de cualquier traspaso de permisos entre los padres, todo en un afán de igualitarismo laboral absoluto. Es triste que tras décadas de llamamiento por parte de las organizaciones familiaristas a la ampliación del permiso maternal, que se topaba inexorablemente con la alegación de imposibilidad económica por los gobernantes, ahora en pocos años se haya podido ampliar enormemente el permiso paternal por razones pretendidamente “feministas”. Se demuestra así, una vez más, cuan poca importancia de da a la familia, mientras que una ideología radical puede imponer rápidamente medidas mucho más costosas. Eso sí, como siempre en España, lamentablemente sin debate público ni posibilidad de considerar las ideas de los expertos en las materias.
Eso sí, nadie habla, ni menos hace algo real, por derechos como el de lactancia tan claramente proclamado por la ONU, y tan ninguneado en España. No se podía ampliar uno o dos meses el permiso maternal para asegurar este derecho, pero no hay problema para ampliar el permiso paternal exclusivo en más de tres meses.
Por otra parte, en un debate serio, habría que haber explicado esa prohibición absoluta a las familias para decidir sobre quien toma ese permiso (como ocurre en casi todos los países). Pero claro, es que el objetivo no era ayudar a las familias, sino imponer ese igualitarismo ultrafeminista que tanto admiran nuestros gobernantes.
Lo lógico y justo habría sido ampliar el permiso paternal (a un plazo mínimo de un mes), implantar el permiso maternal prenatal, asignando un mes mínimo (no fiando a que según qué médico y empresa pueda tener una baja), y aumentar significativamente la baja por nacimiento, de forma que la madre obligatoriamente tuviera un periodo razonable (al menos dos meses) y que el resto lo pudieran compartir según su voluntad libre y responsable. En cuanto a la “no discriminación” en el trabajo entre hombres y mujeres, el camino adecuado no es ampliar(“igualar”) la posible discriminación o prevención empresarial hacia las posibles madres se pueda extender a los posibles padres. La solución debería venir por una mayor compensación pública a los empresarios, que las pegas que se le deriven de una baja por natalidad se vean compensadas por las ventajas fiscales o de otro tipo.
En definitiva, es necesario asumir esta visión del derecho de los padres como un aspecto fundamental del problema, para cambiar las cosas. Esta consideración ayudaría también a descartar algunas falsas soluciones que plantean algunos políticos como el de la inmigración como solución fácil. También ayudaría a revolver la situación, a no esperar otros seis meses a tener otra estadística para quejarnos.
De otra forma, seguiremos con este suicidio colectivo, lento y suave, pero inexorable. Tener hijos no sólo es una necesidad, también es un derecho.
 Mariano Martínez-Aedo es Presidente del Instituto de Política Familiar (IPF) |
