Que nadie dude de que los años que están por venir tras la crisis del coronavirus, constituirán un tiempo de pobreza y de fuerte inestablidad.
Veremos altos índices de paro y de precariedad, factores ambos que se dispararán como consecuencia de un absurdo sistema que sobrevive gracias a las periódicas inyecciones de enormes cantidades de dinero. Un dinero que ha creado una espiral de deuda conducente al caos y a poner a los estados en manos de los prestamistas.
Las clases medias sufrirán los efectos letales de una proletarización que ya venía padeciendo desde comienzos de siglo, y los estratos más desasistidos pasarán a vegetar tristemente, privados de toda perspectiva. La sociedad, en su conjunto, se deslizará hacia un modelo chino en el que se cumplirá la predicción de David Ricardo de que, considerado el trabajo una mercancía, tenderá a ajustarse a los mecanismos del mercado, de modo que la mano de obra trabaje por la mera supervivencia.
El resultado será una catástrofe. Como en la crisis de 2008, la oligarquía transnacional y sus colaboracionistas locales serán los únicos beneficiarios, mientras se produce una destrucción de los pequeños negocios, de las pymes y, en general, del tejido social y económico, que será fácilmente absorbido por los grandes intereses en medio de un empobrecimiento general.
Dada la situación de progresiva y veloz depauperación que se espera, surge la cuestión de la Renta Mínima de Inserción Social, prevista para desempleados que no cobran ninguna renta y para quienes dependen de la economía sumergida. Una medida del gobierno ciertamente cicatera, pues los umbrales para su percepción son muy bajos.
En todo caso, es innegable que la Renta Mínima de Inserción Social tendrá un impacto social y económico. Por un lado, desde el punto de vista político, la medida servirá para fidelizar un voto por una elemental razón de supervivencia; el resultado será la creación de una red clientelar que podría recrear a nivel nacional la Andalucía del PER. La indecisa y timorata – y hasta contraria – actitud de parte de la oposición facilitará la labor a la izquierda.
Sin embargo, la existencia de dicha red resulta fundamental por otro motivo: con un paro masivo y sin que una importante parte de esos parados pueda acceder a subsidio alguno, la renta de inserción actuará como preventivo de los más que previsibles desórdenes sociales que, durante mucho tiempo, amenazarán con agitar la sociedad española. No es, pues, una propuesta revolucionaria, más bien todo lo contrario: es un instrumento para la creación de una red clientelar, sí, pero también un medio para detener el estallido social.
Es cierto que, en términos económicos, desincentiva la búsqueda de empleo; pero ese argumento, dado el estado del mercado laboral en España, sonará a sarcasmo durante mucho tiempo. La dogmática y los recetarios que no partan de comprender esa realidad serán arrojados al cubo de la basura, como sucedió tras la crisis de 1929.
La política social será el caballo de batalla de los próximos años. Quien se obstine en ignorarlo quedará fuera de juego. Para un gobierno cuya sonrojante incompetencia ha alcanzado cotas sin precedentes en medio de una espantosa crisis con miles de muertos, la única tabla de salvación es la política social. Disputársela es obturar el cambio de régimen y su sustitución por ese marasmo sudamericano que constituye el objetivo último de todas sus maniobras.
Las políticas sociales pueden adoptarse con el entusiasmo de quien cree que son de justicia (social) o con la resignación del que considera que cualquier otra alternativa sería peor. Pero es lo cierto que hemos entrado en una época en la que dichas políticas van a convertirse en el eje de un debate público que más vale no perder antes de empezar.
