Cuando el Estado persigue a quien reza en silencia, la sociedad se debilita.
El plan para blindar abortorios de la ministra socialista Ana Redondo ya provoca una respuesta firme de rechazo del movimiento provida. ¿Qué propone el Gobierno? Establecer “perímetros de seguridad” para impedir la presencia de asociaciones ante clínicas abortistas. ¿Cómo afectaría? Limitaría la libertad de expresión y de reunión en la vía pública. ¿Por qué ahora? Muchos ven en esta ofensiva no solo cuestiones ideológicas ino también una cortina de humo ante escándalos y problemas judiciales que rodean al Ejecutivo.
Blindar abortorios: perímetros contra la libertad
La ministra anunció en el Congreso que estudia establecer «un perímetro de seguridad» en el entorno de los abortorios para evitar «la radicación, la ubicación de asociaciones antiabortistas» que, según afirmó, buscan «accionar, hostigar y limitar el derecho de las mujeres».
El Ejecutivo también trabaja para reforzar jurídicamente el aborto e incluso plantea incorporarlo a la Constitución mediante el artículo 43, relativo al derecho a la protección de la salud. La estrategia resulta clara. El Gobierno eleva el aborto a categoría intocable. Sin embargo, la medida no llega sola.
Rechazo unánime de las asociaciones provida
Marta Velarde, presidenta de Rescatadores Juan Pablo II y de la asociación Más Futuro, recuerda que vivimos «en una democracia» donde cualquier ciudadano puede expresarse, incluso «en contra de lo que quiera un Gobierno».
Velarde denuncia que personas que entregan su tiempo y recursos para salvar vidas resultan «coaccionados y privados de su libertad de acción». La presidenta subraya que la libertad costó décadas de esfuerzo. Pase lo que pase, asegura que seguirán «salvando bebés» y defendiendo «el derecho que tiene una mujer a tener a su hijo». Sus palabras no dejan espacio a la duda.
El Instituto de Política Social (IPSE) es claro en su denuncia al afirmar:
«El establecimiento de perímetros de exclusión frente a clínicas abortistas constituye una restricción desproporcionada de derechos fundamentales recogidos en los artículos 20 y 21 de la Constitución Española. La libertad de expresión y de reunión no desaparece porque el Gobierno se sienta incómodo con un mensaje».
Cuando el Estado persigue a quien reza en silencia, la sociedad se debilita.
Para la recientemente creada International Prolife Network (IPN): «Lo que está ocurriendo en España no es un caso aislado. En distintos países se están promoviendo “zonas de exclusión” para silenciar a quienes defienden la vida. Esta tendencia responde a una estrategia global de blindaje ideológico del aborto». «Las democracias sólidas no temen a ciudadanos rezando en silencio. Cuando el poder político necesita perímetros para evitar la presencia pacífica de la sociedad civil, algo profundo se está deteriorando en el sistema de libertades».
Verdadera protección a la mujer y del no nacido
El IPSE prosigue, «Si el Gobierno quiere proteger a la mujer, debería blindar la maternidad, no blindar los abortorios. España necesita políticas activas de apoyo a la mujer embarazada, no cordones policiales contra quienes rezan».«El derecho a la vida es el primero de los derechos. Cuando el Estado protege más la eliminación del no nacido que la libertad de quienes lo defienden pacíficamente, se produce una inversión moral y jurídica muy grave».
La International Prolife Network (IPN) reafirma que la defensa del no nacido forma parte del núcleo esencial de los derechos humanos. Ningún cordón legal puede aislar la conciencia moral de millones de ciudadanos».
Libertad de expresión frente a exclusión ideológica
Álvaro Ortega, presidente de Fundación +Vida, advierte que imponer perímetros de exclusión restringe «derechos fundamentales» como la libertad de expresión y de reunión, reconocidos en la Constitución.
Ortega sostiene que la ley debe «proteger y no excluir». En su opinión, el Estado debería asistir a mujeres embarazadas en situación vulnerable en lugar de ampliar prohibiciones contra quienes ofrecen ayuda.
El director general de Fertilitas recalca que muchas asociaciones suplen «la labor asistencial que debería realizar el Estado». El debate no gira solo en torno al aborto. El debate gira en torno a la libertad.
“Nunca han tenido denuncias”
Las asociaciones recuerdan que quienes acuden a las inmediaciones de los centros abortistas rezan en silencio u ofrecen información.
Marta Velarde afirma que «todas las mujeres con las que hablan» escuchan y agradecen la presencia. Además, recalca que «nunca» han tenido una sola denuncia. Ninguna mujer les comunicó sentirse coaccionada. Muchas agradecieron “estar ahí en ese momento”.
El IPSE remarca «rezar en silencio, ofrecer información o acompañamiento a una mujer embarazada no puede equipararse a hostigamiento. La criminalización preventiva de ciudadanos pacíficos es impropia de un Estado democrático». «El Ejecutivo está elevando el aborto a categoría de derecho absoluto, mientras reduce progresivamente el espacio cívico para quienes defienden la vida. Esa deriva no fortalece la democracia; la debilita».
A su vez, el IPF señala, «El acompañamiento provida salva vidas y salva también a mujeres que se sienten solas. Perseguir a quienes ofrecen ayuda gratuita y desinteresada revela una preocupante intolerancia institucional».
Estos testimonios son unánime y contradicen el relato oficial de hostigamiento generalizado.
¿Defensa de derechos o cortina de humo?
Diversas voces además señalan que el Gobierno utiliza el aborto no solo como bandera ideológica sino también como distracción ante casos de corrupción y problemas judiciales que le afectan. La ofensiva legislativa coincide con momentos de desgaste político. En lugar de impulsar políticas de apoyo a la maternidad, el Ejecutivo amplía restricciones.
España atraviesa una crisis demográfica profunda. Miles de mujeres afrontan embarazos en soledad y precariedad. El Gobierno podría destinar recursos a apoyar la maternidad. Podría reforzar ayudas sociales y promover políticas familiares sólidas, en cambio, opta por blindar abortorios y restringir la presencia de ciudadanos que rezan y ofrecen apoyo.
La defensa de la vida no constituye delito. La libertad de expresión no depende de la ideología del Gobierno. Una sociedad libre protege al más débil. Y el más débil siempre es el no nacido.
El Ejecutivo puede levantar perímetros físicos, sin embargo no podrá levantar muros frente a la conciencia de quienes defienden la vida. Porque, como repiten las asociaciones, seguirán «salvando bebés». Y la verdad no se silencia con un cordón policial.
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