La Ley Bolaños es el último intento de Pedro Sánchez por controlar el sistema judicial.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido culminar su asalto a las instituciones pisando el acelerador. Esta vez, con una medida de extrema gravedad: la Ley Bolaños es un golpe a la judicatura, con la que pretende controlar el acceso a la judicatura mediante una reforma opaca, precipitada y claramente sectaria y partidista. Lo hace, además, mientras el fiscal general, Álvaro García Ortiz, ha sido imputado por prevaricación.
La norma se aprobó en Consejo de Ministros el pasado 13 de mayo y ha llegado al Congreso en tiempo récord. Su tramitación ha sido prioritaria, incluso por encima de la llamada Ley Begoña, lo que revela las verdaderas prioridades del Ejecutivo: no es el interés general, sino blindarse judicialmente.
El procedimiento elegido ha sido el de tramitación urgente, lo que le permite al Gobierno evitar informes clave del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado. De esta forma, se saltan todos los controles constitucionales para imponer un modelo judicial afín al poder político. La Ley Bolaños, lejos de ser una reforma administrativa, representa un cambio profundo del equilibrio de poderes en España.
El contenido de la Ley Bolaños ha generado el rechazo frontal de las principales asociaciones judiciales y fiscales, con la excepción, obviamente, de las afines al gobierno. La norma abre la puerta a que se designen jueces sin el bagaje técnico ni la formación exigida hasta ahora. No se valora el mérito ni la oposición, sino la cercanía ideológica.
Las protestas ya han comenzado a las puertas de los juzgados en toda España, y se prevé una escalada de movilizaciones. La Ley Bolaños, según denuncian, busca “construir una judicatura domesticada”. Si se aprueba, los futuros jueces podrían ser elegidos con criterios puramente políticos. Una estructura judicial al servicio del poder, sin independencia real ni control efectivo del Gobierno. Un golpe de estado institucional donde la justicia queda totalmente controlada por Sánchez.
No se trata de una casualidad en los tiempos. El calendario político lo deja claro. Este plan se ejecuta, por una parte, en plena ebullición del caso conocido como las cloacas del PSOE, donde varios cargos socialistas habrían participado en operaciones de espionaje, manipulación mediática y utilización de recursos públicos con fines partidistas. Justo ahora, con la justicia comenzando a señalar directamente a Álvaro García Ortiz, el Gobierno decide reformar… la justicia.
Por otra parte, esta misma semana, el Tribunal Constitucional, presidido por el socialista Cándido Conde-Pumpido, afín al Gobierno, debate sobre la inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Una norma clave para mantener los pactos con los independentistas catalanes, en especial con Junts per Catalunya.
La Ley Bolaños es el siguiente paso: una judicatura maleable que no ponga freno a leyes inconstitucionales ni a pactos opacos. Si el Constitucional aprueba la amnistía, Junts podría devolver el favor apoyando esta reforma judicial.
Este cálculo político no oculta su intención. El objetivo del Gobierno de Pedro Sánchez es blindarse legalmente para ejecutar sin obstáculos su agenda, que incluye la demolición de la soberanía nacional, el debilitamiento de las instituciones y la entrega del Estado a sus socios de investidura.
La Ley Bolaños no es un trámite técnico, ni una reforma inocente. Es el último peldaño en la escalada institucional de Pedro Sánchez en su golpe de estado institucional, una ofensiva cuidadosamente planificada para controlar el Poder Judicial y someter a la justicia a los intereses del Ejecutivo.
La Ley Bolaños es un golpe a la Judicatura. El Gobierno vulnera la independencia judicial y profundiza en su deriva autoritaria. A través de esta norma, se pretende consolidar una nueva judicatura, dócil, ideologizada y obediente, que no cuestione las leyes de impunidad, los pactos con golpistas ni los abusos del poder. Una estructura institucional al servicio del partido, no del ciudadano.
Si se aprueba esta ley Bolaños, el golpe de Estado institucional estará consumado. El control del Congreso, del Senado, de la Fiscalía, del CIS, de RTVE, y ahora de los jueces, dejará al ciudadano indefenso ante un Gobierno sin contrapesos. En una dictadura. En la dictadura de Sánchez.
