Hay profesiones que ya por su naturaleza se asocian inmediatamente a personas buenas. Se entiende que un pediatra ha elegido su carrera para ayudar a los miembros más pequeños de nuestra sociedad. Un bombero es una persona que está dispuesta a arriesgar su vida para salvar la de otros.
Maestros, enfermeros, policías y personas de otras profesiones reflejan los valores de servicio al bien común y todos entendemos y esperamos que sean personas íntegras y fundamentalmente buenas.
Sin embargo, la profesión del político, aunque tenga el mismo origen caritativo de servicio al prójimo, se ha convertido en un sinónimo de corrupción y egoísmo. No dudo de que hay personas que se meten en política con verdaderos sueños de mejorar la vida de los demás. No obstante, el camino hacia la corrupción está lleno de buenas intenciones y de decisiones complejas.
No solo las intenciones son importantes sino también las capacidades. Hace no tanto tiempo los ministros y legisladores eran los números uno de sus promociones. Hoy día casi cualquier mediocre puede medrar en política si tiene las habilidades sociales adecuadas. Y no estoy diciendo que un electricista no pueda ser buen político, pero antes de dejar que un fontanero pilote el avión en el que viajo, me gustaría que tuviese la formación necesaria y que superase las pruebas pertinentes.
En una democracia reformada se podrían implementar medidas y requerimientos que deberían cumplir los representantes del pueblo. Para los políticos que formen parte del poder legislativo es de recibo que tengan una formación legal muy exhaustiva. Además, el criterio de éxito del legislativo debería enfocarse más a la reducción de leyes y no a la generación masiva de normativas y regulaciones que los ciudadanos de a pie nunca podrán conocer bien.
Aquellos encargados de gobernar en provincias y municipios deberían tener también experiencia y conocimientos de gestión y administración. Otros conocimientos relacionados a la ingeniería civil, la economía y a la sociología también serían muy beneficiosos.
Las pocas personas elegidas para ser ministros habrían de ser los mejores de entre los mejores en su campo. Además de todo lo anterior, también deberían saber de diplomacia, de comunicación, de historia, de geopolítica …
Otro requisito, inspirado en la democracia de Platón, podría ser un mínimo de edad o de experiencia. Un veinteañero podrá ser muy inteligente y habilidoso, pero difícilmente tendrá la experiencia vital que le guíe en situaciones difíciles y le costará más entender las necesidades de la sociedad.
Todo este conocimiento y experiencia debe estar apuntalado por una formación moral y filosófica sólida. Sin bases morales firmes, las decisiones económicas y sociales estarán a merced de los intereses y gustos personales y no a la altura de lo que necesita la nación española.
En el sistema actual, una persona puede dedicarse a la política y permanecer en ese mundo de por vida. Si acotásemos el tiempo y la remuneración de estar en política, se fomentaría una vez más el que solo aquellas personas que se quieran entregar al bien común se metan en ese mundo.
Se podría limitar la carrera política a diez años después de los cuales cada uno podría volver a su profesión anterior o pasar a la jubilación. Económicamente se podría fijar el salario al mismo que tenía el individuo antes de meterse en política. De esta manera el interés económico personal se reduciría. Si a esto sumáramos una auditoría tanto antes de ingresar en política como al salir y se controlara el enriquecimiento, sabríamos que solo aquellos a los que de verdad les mueve el bienestar social se dedicarían a gobernarnos.
Gobernar, legislar y juzgar bien no son tareas fáciles, pero sí cruciales para la prosperidad de un pueblo. Por eso hemos de crear un sistema para encontrar a las mejores personas tanto en habilidad como en integridad moral para guiarnos y llevar a España a un futuro de concordia y trascendencia.
Andrew Faya | escritor
