La Convención de la ONU de Derechos del Niño recoge que tienen derecho «en la medida de lo posible a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos» y afirmó que cuando no sea así «los estados deben comprometerse a establecer mecanismos legales como la adopción debidamente supervisados, teniendo siempre el bien del menor como prioridad».
Pues bien, esto es justo lo contrario de lo que está debatiendo el Parlamento Europeo ya que la comisión indicada para tratar el «Certificado de Parentalidad» —conocido también como «Certificado de las Familias Arcoíris»— que la UE estudia y que está diseñado para aportar el reconocimiento legal a los «hijos» de parejas LGTBI en todo el territorio europeo.
Este certificado afecta directamente a la filiación, a la relación jurídica que existe entre un padre o una madre y su hijo o hija, al vínculo legal que establece la relación de parentesco entre ellos. La filiación hasta ahora puede establecerse de diferentes maneras, dependiendo de las leyes y normativas de cada país, pero en general se basa en la relación biológica o en la adopción legal.
Obligaría a todos los países
Este certificado persigue indirectamente una armonización del derecho de familia de los Estados miembros y afectaría a todo niño cuya filiación haya sido establecida en un Estado miembro que busque el reconocimiento de esta en otro país de la Unión, «independientemente de cómo fue concebido el niño o cómo nació, independientemente del tipo de familia del menor e independientemente de la nacionalidad de los niños y de los padres».
En consecuencia, al otorgarse el reconocimiento de la filiación, los Estados miembros estarían obligados a aceptar, aunque no quieran, la explotación reproductiva y otra serie de prácticas como las adopciones ilegales. Así, el reglamento pondría una vez más por delante el inexistente derecho a ser padres y eliminaría los derechos del niño dejándolos al nivel de una simple mercancía.
Reacciones
La ADF International y Europe for Family también han advertido de los peligros de este reglamento. El comisario de Justicia, Didier Reynders, ha reconocido en dos ocasiones que esta propuesta está directamente relacionada con la «gestación subrogada». Asimismo, cuatro de los 12 miembros que componen el grupo de expertos que defienden este certificado tienen lazos con lobbies LGTBI.
El propósito de este certificado, que se prevé que se acuerde en la Comisión de Asuntos Jurídicos a finales del mes de octubre y que si prospera se votaría en noviembre, aunque la decisión final estaría en manos del Consejo, es eludir la legislación nacional sobre filiación. El certificado debería ser reconocido en el Estado miembro en el que se presente, lo que supone una amenaza para la soberanía de los estados, especialmente de aquellos que no reconocen el matrimonio de personas del mismo sexo o la gestación subrogada.
(Con información de la Gaceta)