Cuando en nuestro Congreso de los Diputados, como en el último debate parlamentario, oigo decir que la eutanasia y el suicido asistido son “un derecho subjetivo” se me viene a la imaginación un posible debate en el que los señores diputados de algún grupo parlamentario apoyaran el derecho a cortarse las venas, a vender los órganos para poder pagar las facturas, como un ejercicio de plena autonomía, o a dormir en la vía pública, como un gran avance social. Es decir, nuestros políticos, en vez de proponer mayores servicios sociales a quien lo está pasando mal, tan terriblemente mal que está pensando en no querer seguir viviendo, nos proponen una solución simplista: que pidamos la muerte.
Sorprendentemente, en el debate real sobre este tema sostenido la semana pasada, se veía a los partidos a los que se suele acusar de insensibilidad social pedir mayores recursos sociosanitarios del Estado, a través de una mayor dotación de unidades de Cuidados Paliativos en los hospitales públicos y, asombrosamente para un espectador imparcial, los partidos teóricamente alineados con la defensa de los oprimidos, eran los que desviaban la argumentación hacia la muerte como la mejor y, de paso, más barata solución para enfocar el problema del sufrimiento. ¿No es algo surrealista esta situación?,¿No es vergonzoso que ante una persona que sufre, la respuesta que se ofrezca sea únicamente “Puedes pedir la eutanasia”?
Sin embargo, tal como el proyecto de ley se plantea, proponiendo la aplicación de eutanasias a todo aquel que padezca “una enfermedad crónica, incurable o invalidante”, un abanico mucho más amplio que el de los enfermos en situación terminal, sí es verdad que los Paliativos no pueden ser la única respuesta. Por ello, desde varios sectores de la sociedad ya se está planteando que la auténtica alternativa, para desatascar el binomio sufrimiento-muerte, sería desarrollar una ley de “Atención Integral al Sufrimiento” estructurada sobre cuatro cinco pilares: Unidades de Atención al dolor, (que ya existen en algunos centros sanitarios pero con difícil accesibilidad a sus consultas y con una sobrecarga de trabajo que hace muy difícil atender en el tiempo apropiado a los pacientes), Equipos de Salud Mental, expertos en el manejo del paciente con ideas suicidas, Apoyo de Trabajador Social que oferte respuestas rápidas, personalizadas y eficaces a cada enfermo y su familia, Medicina Biónica, dotando de tecnolología de vanguardia capaz de mejorar el desplazamiento y la autonomía a los pacientes con enfermedades discapacitantes que lo precisen y, por último, la implementación de Unidades de Cuidados Paliativos, que se está reclamando repetidamente al estar nuestro país en los últimos puestos del ranking de estas unidades en Europa, a la altura de países como Rumanía, con 0,6 unidades frente a las 2 unidades /100.00 habitantes que poseen otros países de economía similar a la nuestra como Austria.
Evidentemente, a pesar de todas esas medidas y recursos sociales habrá personas que se obstinen en seguir solicitando su propia muerte. Las ideas de suicidio han acompañado la historia de la humanidad y no van a desaparecer hagamos lo que hagamos. Pero la respuesta de la sociedad, del Estado, no puede ser la promoción del suicido de sus ciudadanos sino, al contrario, el intento de evitarlo. Curiosamente, como macabra paradoja, el día del último debate parlamentario coincidía con el Día de la Prevención del Suicidio. A este respecto, habría que recordar las palabras de un enfermo de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad progresiva y tremendamente invalidante: “Cuando una persona sana habla de quitarse la vida, saltan todas las alarmas y se ponen en marcha todo tipo de ayudas posibles, pero si es una persona enferma, pasamos a hablar de derechos y lo abandonamos a su suerte”. ¿No es esto crueldad?
Posiblemente, Kevin Yuill, autor del libro “Assisted Suicide”, publicado en 2013, podría ayudarnos a considerar algo que habitualmente no se menciona: El suicido (asistido o no) tiene un impacto en los parientes, amigos y conocidos del suicida. Conocer a alguien que, posteriormente, optó por quitarse voluntariamente la vida es algo que marca para siempre. Podemos comprenderle, pero también puede que quisiéramos decirle: fue una mala decisión. Esa drástica decisión de ruptura ante las dificultades de la vida que todos experimentamos, nos afecta negativamente a todos.
Esto podría explicar porqué la eutanasia, en mayor o menor medida, se extiende cuando se aprueba legalmente. En Holanda, la eutanasia ha crecido rápidamente desde su legalización. El año 2017 se registraron 6.585 casos, lo que indica un progresivo aumento si se compara esa cifra con los 1.882 del año 2002. Por eso se habla de “pendiente resbaladiza” al referirse a ese aumento continuado que se observa en los países donde se legaliza y a su expansión desde casos terminales a pacientes crónicos, a niños, a cualquier tipo de sufrimiento y hasta a “cansados de vivir”, como ya se plantea en la actualidad, porque, en definitiva, ¿dónde poner el límite?. Pero esto no es todo. Aparte de la desconfianza creciente entre pacientes y médicos que propicia la eutanasia, lo esperable es que la implicación profesional con los pacientes más difíciles de tratar disminuya, dando lugar a un deterioro asistencial del que tampoco se habla, pero que es fácil de entender. Si es más rápido y más fácil invitar a solicitar la eutanasia al paciente o a sus familiares, ¿para qué dedicar esfuerzos, ocupación de camas y gastos sanitarios en estos pacientes? La tentación es abandonarlos. La eutanasia no es un avance en derechos, es un claro retroceso. La eutanasia no se pregunta por qué se sufre, su único objetivo es acabar con la vida del que sufre. ¿Estamos aún a tiempo de frenar todo esto?
