Los investigadores de la ONU han denunciado que en Venezuela se han registrado crímenes de lesa humanidad perpetrados o avalados por el Gobierno, en el marco de un patrón cuyas ramificaciones se extienden hasta el propio Nicolás Maduro, y para el que se podría solicitar la intervención del Tribunal Penal Internacional (TPI).
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La Misión Internacional a la que la ONU encargó investigar la situación de derechos humanos en Venezuela ha concluido que Nicolás Maduro y sus ministros del Interior y Defensa están involucrados en graves crímenes cometidos por las Fuerzas de seguridad del país.
La Misión Internacional de Verificación de Hechos comisionada por las Naciones Unidas para investigar casos de violación de derechos humanos en Venezuela concluyó que tanto Nicolás Maduro como integrantes de su gabinete ministerial y otros altos funcionarios están vinculados con posibles crímenes de lesa humanidad.
“La Misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las Fuerzas de Seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales – incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura – constituyen crímenes de lesa humanidad”, dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión.
El documento de 443 páginas afirma que “las autoridades del Estado -tanto a nivel presidencial como ministerial- ejercían poder y supervisión sobre las fuerzas de seguridad civiles y militares, y las agencias identificadas como autoras de las violaciones y crímenes documentados”.
La Misión hizo seguimiento a 223 casos, de los cuales 48 se incluyen dentro de investigaciones exhaustivas dentro del informe. También estudió otros 2.891 casos para corroborar los patrones de violaciones y crímenes como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura. “Lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno”.
Fueron investigados de manera profunda también 16 casos de operativos realizados por las fuerzas de seguridad del Estado que dieron lugar a 53 ejecuciones extrajudiciales, así como 2.552 casos donde los organismos de seguridad mataron a 5.094 personas.
El documento ampliado retrata a la Policía científica y a las FAES de la policía nacional como grupos de extermino, responsables del 59% de las muertes en el periodo analizado (2014-2019), y autores de ejecuciones extrajudiciales. Se documenta que funcionarios de la FAES dijeron a la Misión que era una práctica común encubrir los asesinatos simulando “enfrentamientos” entre las víctimas y los uniformados. Además, revelaron que había recompensas para los cuerpos armados por ejecutar acciones ilegales.
Según el organismo, las ejecuciones extrajudiciales “no pueden atribuirse a la falta de disciplina de las fuerzas de seguridad” porque los altos mandos de las fuerzas de seguridad conocen las acciones de sus subordinados, y los asesinatos “parecen formar parte de una política de eliminación de miembros no deseados de la sociedad bajo la cobertura de la lucha contra el crimen”.
Violencia sexual
La Misión investigó la represión selectiva de los servicios de inteligencia como el Sebin y la Dgcim, donde el objetivo del primero es la oposición y activistas de DDHH, mientras que el segundo busca al personal militar y a civiles asociados. Sus víctimas fueron sometidas a “violencia sexual, incluyendo violaciones sexuales con partes del cuerpo u objetos y amenazas de violación sexual a la persona detenida o a sus seres queridos, desnudez forzada, así como palizas y descargas eléctricas en los genitales”.
La Misión no pudo entrar a Venezuela pues el régimen de Maduro la desconoció en diciembre de 2019, por lo que realizó entrevistas e hizo trabajo de documentación desde fuera de las fronteras.
Al final del largo documento, la Misión recomienda a los Estados considerar la posibilidad de iniciar acciones legales contra los individuos responsables de violaciones y crímenes identificados, así como a la Corte Penal Internacional tomar en cuenta la necesidad de actuar en consecuencia. El informe presentado la próxima semana al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
“Histórico”
El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países como presidente encargado de Venezuela, dijo que el documento de la ONU permite “dimensionar y caracterizar” la situación que se vive en el país respecto la violación de DDHH. “Viene a poner a Maduro a la misma altura de Muammar Gaddafi y de Sadam Husseín”.
Otros opositores calificaron como un gran logro la publicación del informe y pidieron acciones a la Corte Penal Internacional, donde se estudia una demanda contra el régimen de Maduro que aún está en fase de estudio.
Defensores de derechos humanos en el país aplaudieron la formalización de lo que tanto han visibilizado por años. El director de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels, calificó de “histórico” el informe por señalar “con nombre y apellido” a los responsables.
El director general de Provea, Rafael Uzcátegui, indicó que la Misión de Verificación de Hechos envió seis peticiones para que el régimen de Maduro enviara su versión de los hechos para el informe pero no recibió respuesta.
Al cierre de esta nota, el régimen chavista no se había pronunciado, aunque puso de nuevo en circulación el comunicado de diciembre de 2019 en el que desconocía la conformación de la Misión de Verificación.
El informe publicado hoy por esa Misión ofrece amplia información “que demuestra que las autoridades del Estado -tanto a nivel presidencial como ministerial- ejercían poder y supervisión sobre las fuerzas de seguridad civiles y militares, y las agencias identificadas como autoras de las violaciones y crímenes documentados”.
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También figuran el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), el Servicio Nacional de Inteligencia (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y las fuerzas policiales estatales y municipales.
Un hito para las víctimas
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), ha señalado que las conclusiones del informe suponen “un hito para las víctimas de violaciones a derechos humanos”. Y es que para Guevara Rosas, el esperado y contundente informe de la Misión de Determinación de los Hechos para Venezuela “respalda a las miles de víctimas en su reclamo por una justicia que no llega en su país”. Por lo que comparten el llamamiento de la ONU «a la justicia internacional, incluida la Corte Penal Internacional, a que se garanticen los derechos de verdad, justicia, reparación y no repetición”.
“El informe de la Misión de Determinación de los Hechos hace eco y profundiza en las denuncias que organizaciones de derechos humanos venezolanas e internacionales hemos realizado en los últimos años», recuerda Guevara Rosas.
Para la directora para las Américas de AI, “las autoridades bajo el mando de Nicolás Maduro siguen cometiendo crímenes de derecho internacional y graves violaciones de derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, tortura, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza. Sin duda, se debe renovar y fortalecer el mandato de este mecanismo de escrutinio internacional. No hacerlo sería darle la espalda a las víctimas, a la verdad y a la justicia”.
(Victor Amaya. Diario La Razón)
