Juicio a 21 provida en Vitoria: libertad de conciencia atacada

juicio a 21 provida en Vitoria

Agentes de la Policía Local y de la Ertzaintza han reconocido en el juicio que se encontraron en actitud pacífica, rezando en voz baja.

El juicio a 21 provida en Vitoria revela un nuevo ataque político y legislativo contra la libertad de expresión, de reunión y de conciencia, tras acusar a ciudadanos pacíficos que solo rezaban ante un abortorio.

Mucho más que un juicio: Sánchez criminaliza la oración frente a abortorios

Los hechos del juicio a 21 provida en Vitoria comenzaron en septiembre y noviembre de 2022 tal como recoge Hispanidad. Durante esos meses, 21 defensores de la vida se reunieron ante el abortorio Askabide únicamente para rezar en silencio. La denuncia del establecimiento abortista derivó en un proceso penal donde se les atribuyen supuestas “coacciones, intimidaciones y señalamientos”.

Las acusaciones no se sostienen. Los agentes de la Policía Local y de la Ertzaintza han reconocido que ninguno actuó con agresividad ni bloqueó el paso a nadie. Además, confirmaron que se encontraban en actitud pacífica y en voz baja. Esta evidencia desmonta por completo el relato del abortorio, que busca penas contra ellos por rezar.

La Fiscalía pide cinco meses de cárcel o 100 días de trabajos comunitarios. El abortorio exige 20.000 euros por un supuesto “perjuicio”. Sin embargo, las acciones de estos ciudadanos provida se amparan plenamente en la libertad de expresión, de reunión y de conciencia, derechos fundamentales que el Gobierno de Pedro Sánchez erosionó durante la última legislatura.

La ley de la comunista Montero: el arma política para perseguir a los provida

El juicio a 21 provida en Vitoria nace de la reforma impulsada por la ultracomunista Irene Montero en febrero de 2023, cuando añadió el artículo 172 Quater al Código Penal. La finalidad real consistió en cercenar cualquier presencia provida cerca de abortorios, aunque esa presencia fuese pacífica y sin coacciones.

El artículo establece penas de prisión de tres meses a un año para quien “acose” a mujeres que acuden a un abortorio. Sin embargo, la ley define “acoso” de forma deliberadamente ambigua. Rezar, mostrar un cartel con “no estás sola”, o simplemente estar presente podría interpretarse como acto coactivo, aunque carezca de violencia.

El texto también sanciona a quienes se dirigen a trabajadores de clínicas abortistas con cualquier iniciativa que el propio centro considere intimidatoria. Además, permite imponer prohibiciones de acudir a ciertos lugares durante hasta tres años. Como si fuera poco, permite perseguir estos actos sin necesidad de denuncia de la persona supuestamente agraviada.

La norma posee un propósito claro: blindar el negocio del aborto y silenciar a quienes defienden la vida desde el respeto y la oración. El juicio a 21 provida en Vitoria no es un juicio cualquiera y constituye su primera gran prueba.

Esta ley supone un ataque directo a la libertad de conciencia, un derecho de raíz natural y anterior a cualquier legislación estatal. Ningún gobierno puede prohibir la oración, ni mucho menos criminalizarla. Hoy será ante un abortorio, mañana será rezar en una calle cualquiera o en una procesión. Pasado mañana será llevar un crucifijo visible o un hábito. Todo puede llegar a ser interpretado como acto coactivo,

El testimonio policial desmonta la narrativa abortista

Durante el juicio los agentes declararon sin ambigüedades. Explicaron que los provida se encontraban en silencio, sin interrumpir el acceso y sin increpar a nadie. Este testimonio posee un peso determinante porque confirma unos hechos compatibles con la plena legalidad.

Los provida mostraron pancartas como “40 días por la vida”, “no estás sola” o “rezamos por ti”. Ninguno impidió el paso a ninguna mujer ni realizó acto intimidatorio alguno. Se limitaron a rezar. Esa conducta no constituye coacción en una nación libre.

La defensa recordó que la Constitución garantiza el derecho de reunión pacífica y sin armas, y la libertad de expresión incluso cuando molesta al poder político. También subrayó que la libertad religiosa incluye manifestaciones externas de la fe, como la oración pública.

Sin embargo, la izquierda busca imponer un concepto de libertad unilateral: libertad para abortar, pero no para rezar. Libertad para adoctrinar, pero no para discrepar. España retrocede cuando la justicia se utiliza para castigar convicciones morales legítimas.

Una persecución política contra quien defiende la vida

El juicio a 21 provida en Vitoria debe entenderse dentro del contexto político de los últimos años. Con Pedro Sánchez, la izquierda ha convertido la discrepancia en delito. La ley de la comunista Montero ofrece herramientas para reprimir a los defensores de la vida como si fuesen delincuentes.

Los provida no insultan, no bloquean accesos y no actúan con hostilidad. Lo hacen siempre desde la serenidad, ofreciendo oración y apoyo, no violencia. Pese a ello, la maquinaria ideológica de la izquierda necesita transformar a estos ciudadanos en enemigos. Solo así justifican imponer su agenda radical.

La oración se convierte en “acoso”. Los carteles de ayuda se interpretan como “intimidación”. La presencia pacífica se redefine como “coacción”. El poder político manipula el lenguaje para moldear la realidad.

España entra en una deriva peligrosa: perseguir la oración como si fuese conducta criminal. El Estado aprovecha un vacío moral para imponer miedo. El juicio a 21 provida en Vitoria representa un aviso: si rezar en la vía pública se convierte en delito, cualquier opinión contraria al poder puede acabar en el banquillo.

Un desafío a la justicia y a los derechos fundamentales

Los abogados defensores recordaron que la reforma penal contradice la esencia del Estado de Derecho. El derecho a rezar pacíficamente no perjudica a nadie. La oración no impone, no violenta y no condiciona la libertad de terceros. Proteger la vida nunca puede compararse con obstaculizar un servicio.

El juicio a 21 provida en Vitoria obliga a replantear el papel de los jueces ante leyes concebidas para castigar convicciones legítimas. Si se condena a estas personas, la justicia quedará al servicio de una ideología única. Si se absuelve, se enviará un mensaje claro: la izquierda no puede encadenar la conciencia ni clausurar la oración.

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