La proliferación de leyes promovidas por el Gobierno de Pedro Sánchez que amparan y promueven la okupación así como la desesperante lentitud de la justicia han generado una crisis sin precedentes en la propiedad privada en España, ante el cual los propietarios se encuentran indefensos y sin respaldo judicia. Por ello, cada vez más afectados desisten de recurrir a los tribunales y optan por soluciones extrajudiciales para recuperar sus viviendas.

El fenómeno de la okupación no solo no ha remitido, sino que sigue en aumento. Según los últimos datos del Ministerio del Interior, en 2024 se registraron 16.426 casos de usurpación y allanamiento de morada, un incremento del 7,4% respecto al año anterior. Sin embargo, estas cifras no son en absoluto indicativas de la realidad, ya que solo reflejan los casos en los que la denuncia ha prosperado como delito de allanamiento de morada o usurpación, dejando fuera un número considerable de casos de inquiokupación, así como aquellas okupaciones que quedan en un limbo legal, protegidas por normativas que priorizan al okupa sobre el propietario así como los numerosos casos en los que no se denuncia por desconfianza y hartazgo ante un sistema judicial que puede tardar meses e incluso años en devolver la propiedad y recurren a fórmulas extrajudiciales.

Es importante resaltar, y que constatan la realidad actual de desamparo, que un motivo fundamental de que crezcan los afectados que no denuncian es, por un lado, cómo se alargan los procedimientos judiciales por las medidas de suspensión cuando el okupa es considerado vulnerable, así como el desamparo en el que quedan los propietarios debido a una política estatal que protege a los okupas sin considerar el perjuicio para quienes han sido víctimas de esta situación.

Esto provoca que uno de los sectores más afectados es el de los arrendadores particulares, muchos de los cuales necesitan los ingresos del alquiler para sufragar gastos médicos, complementar su pensión de jubilación  o el cuidado de familiares en residencias. Sin embargo, la administración prioriza la protección de los okupas considerados «vulnerables», dejando a los propietarios en una situación de indefensión total.

Las leyes actuales no solo dificultan el desalojo de okupas, sino que también envían un mensaje de impunidad que ha disparado el negocio de la ocupación ilegal. Cada día que pasa sin una solución real, más familias ven arrebatada su propiedad. La falta de voluntad política para atajar este problema pone en jaque el derecho fundamental a la propiedad privada y fomenta una situación de caos e indefensión.