La lentitud de la justicia en España es un problema crónico que afecta a ciudadanos, empresas y propietarios, especialmente en casos como la okupación. La incapacidad del sistema judicial para resolver casos con rapidez está llevando a muchas personas a evitar la vía legal y optar por soluciones alternativas. Esta situación no es meramente anecdótica, sino que está respaldada por datos alarmantes.
Informe de la Comisión Europea
Un informe reciente de la Comisión Europea sobre la eficiencia, calidad e independencia de los sistemas judiciales en la Unión Europea, y recogido por Voz Populi, sitúa a España entre los países con peores tiempos de resolución de casos. Según este estudio, España ocupa el sexto puesto en el ránking de los países donde más se tarda en resolver casos civiles, mercantiles o administrativos en juzgados de primera instancia. La media de demora se sitúa en torno a los 300 días, pero en muchos casos, este periodo puede prolongarse considerablemente. Para los procedimientos en segunda o tercera instancia, los tiempos son incluso más preocupantes, superando los 600 días de media.
Esta ineficiencia ha minado la confianza de los ciudadanos en la justicia. Solo el 25% de las sentencias se ejecutan en tiempo y forma, lo que coloca a España en los últimos puestos del ránking europeo. La jurisdicción laboral es una de las más afectadas, con una sobrecarga de asuntos que supera el 185% en algunos juzgados de lo social.
Dos grande problemas
El problema radica en la falta de medios y en la saturación del sistema judicial. La carencia de jueces, funcionarios y recursos tecnológicos impide que los casos se resuelvan con la celeridad necesaria. Como consecuencia, los juzgados están colapsados y muchos procesos se alargan años antes de que se fije una fecha de juicio.
El impacto de esta lentitud no solo recae sobre los ciudadanos afectados, sino también sobre el propio Estado, que podría verse obligado a pagar cientos de millones de euros en indemnizaciones. La falta de una justicia eficiente vulnera derechos fundamentales y podría conllevar una oleada de reclamaciones económicas contra el Estado por los perjuicios causados a las víctimas de la demora judicial.
Un sistema judicial actual, lento e ineficaz, que perjudica a sus ciudadanos y pone en jaque la credibilidad del Estado de derecho.
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