El gobierno de Pedro Sánchez, a través del ministro Félix Bolaños, ha dado un paso más hacia la implantación de una dictadura en España. La nueva propuesta de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) busca limitar el derecho de la sociedad civil a personarse como acusación popular en los procesos judiciales. Este movimiento, enmarcado dentro de una estrategia más amplia de control totalitario, recuerda peligrosamente a las prácticas dictatoriales de Nicolás Maduro en Venezuela o Daniel Ortega en Nicaragua.
Eliminación de la acusación popular: un signo de dictadura
La reforma que Bolaños planea llevar al Congreso en el primer trimestre de 2025 propone, según fuentes ministeriales, que partidos políticos, sindicatos y administraciones públicas sean excluidos de la figura de la acusación popular. Sin embargo, el verdadero objetivo del Gobierno va más allá: la exclusión de asociaciones de la sociedad civil que han jugado un papel clave en la lucha contra la corrupción y en la defensa de la legalidad.
Entre las asociaciones señaladas están Hazte Oír y Manos Limpias, conocidas por denunciar casos de corrupción que afectan directamente a altos cargos socialistas y familiares de Sánchez. El propio Bolaños, en una reciente intervención en el Congreso, las calificó como «la perversión de la acusación popular por ultras y buleros», dejando claro el desprecio del Ejecutivo hacia estas entidades cívicas.
Según Hazte Oír, la maniobra responde al miedo de un Gobierno acorralado por las investigaciones judiciales. La asociación denunció que «El Gobierno, acorralado, quiere quitarse de en medio a las acusaciones populares que más daño le están haciendo con su trabajo».
Sociedad civil bajo amenaza directa
El ataque a la acusación popular no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia integral de Pedro Sánchez para consolidar un poder dictatorial sin contrapesos. Con los medios de comunicación afines controlados y sumisos, el control de buena parte de la judicatura y la instrumentalización de las empresas públicas, la sociedad civil se erige como el último obstáculo para sus planes tiránicos.
La exclusión de asociaciones que el Gobierno etiqueta de “ultraderecha” – hoy son estas asociaciones, mañana serán otras- busca neutralizar cualquier oposición real y efectiva. No contento con ello, Sánchez utiliza su maquinaria política y mediática para criminalizar a estas organizaciones, calificándolas como “buleras” y vinculándolas con partidos como el PP y VOX.
El precedente de Venezuela y Nicaragua
El camino que está trazando el Ejecutivo socialista no es nuevo. En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro ha eliminado cualquier vestigio de sociedad civil crítica mediante la ilegalización de ONG y la persecución de sus líderes. De igual manera, en Nicaragua, Daniel Ortega ha clausurado más de 3.000 organizaciones civiles en los últimos años, acusándolas de conspiración contra el Gobierno.
El movimiento de Sánchez y Bolaños para limitar la acusación popular es el primer paso hacia un horizonte similar en España. Si esta reforma prospera, el siguiente objetivo será la ilegalización de todas las asociaciones civiles que incomoden al poder.
¿Políticos progresistas honrados?
En su intervención del 18 de diciembre en la última sesión de control al Gobierno, Félix Bolaños defendió la reforma con un discurso demagógico y que resulta difícil de creer. «Las asociaciones ultraderechistas en las cuales PP y VOX benefician están pervirtiendo la figura de la acusación popular porque están persiguiendo, no delitos, sino a personas, a políticos progresistas honrados y a sus familias», afirmó.
Es importante recordar que estas asociaciones han sido clave para destapar casos de corrupción que afectan al entorno de Sánchez, incluidos miembros de su propio Gobierno y familiares. Sin embargo, el Ejecutivo, lejos de asumir responsabilidades, intenta silenciar a quienes trabajan para destapar la verdad.
La reforma de la Lecrim es mucho más que una maniobra política: es un ataque directo al equilibrio de poderes y a la capacidad de la sociedad civil de fiscalizar al Gobierno. En una democracia real, las asociaciones civiles no solo son legítimas, sino necesarias para garantizar que los gobernantes rindan cuentas.
La decisión de Sánchez de avanzar en esta reforma demuestra un desprecio absoluto por los principios democráticos. Limitar la acción popular supone dar un paso más hacia un modelo autoritario, donde las voces críticas son silenciadas y el poder se concentra en manos de unos pocos.
La maniobra de Sánchez y Bolaños para excluir a las asociaciones civiles de la acusación popular es un golpe directo a la democracia en España. Si esta reforma prospera, el Ejecutivo socialista estará allanando el camino hacia un control totalitario del país, donde la sociedad civil, último bastión de la libertad, será neutralizada.
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