El proyecto, que cuenta con la oposición frontal de las asociaciones judiciales, entraría en vigor en enero del año 2028
Asalto a la Justicia: la Fiscalía al servicio del Gobierno
El asalto a la Justicia se consuma. El Gobierno de Pedro Sánchez aprobará hoy martes la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, una reforma que entrega el poder de instrucción penal a los fiscales, subordinados al Ejecutivo, y que elimina el papel de los jueces en la investigación.
Con esta ley, el golpe judicial de Sánchez avanza un paso más en su estrategia de control político de la Justicia. La norma, impulsada por el ministro filomasón Félix Bolaños, pretende que “los jueces estén para juzgar y ejecutar lo juzgado, y la investigación la lleve la Fiscalía”. Es, en realidad, una maniobra para blindar al poder y silenciar las causas que afectan al PSOE y sus socios.
El asalto a la Justicia alcanza también a la Guardia Civil. La nueva ley pone a la Unidad Central Operativa (UCO) bajo las órdenes directas de la Fiscalía, rompiendo así la independencia operativa que ha garantizado durante décadas investigaciones sobre corrupción, terrorismo y crimen organizado.
Una reforma diseñada para garantizar la impunidad
El texto, que entrará en vigor en enero de 2028, representa la mayor reforma penal en 143 años. Pero no busca mejorar la eficiencia, sino imponer un control político total sobre el proceso penal.
La ley expulsa a los partidos políticos de la acusación popular, con el objetivo de frenar su labor en la lucha contra la corrupción socialista.
Las asociaciones judiciales han reaccionado con contundencia. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) advierte que el proyecto es “inconstitucional” y que pretende “buscar la impunidad” de determinados ciudadanos. “La impunidad de los hechos delictivos de unos ciudadanos concretos casa muy mal con la igualdad de todos ante la ley”, afirma el comunicado de la APM.
Bolaños como excusa señala que el cambio “adapta el modelo español al europeo”. Pero en ningún país serio de Europa los fiscales dependen jerárquicamente del Gobierno como ocurre en España. Esa “adaptación” solo significa una cosa: politizar la investigación penal y convertir la Fiscalía en una herramienta de control ideológico.
Los jueces, desplazados y vigilados
Con la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, los jueces pierden la capacidad de dirigir las investigaciones. Su papel se limita a aprobar medidas propuestas por los fiscales, lo que convierte al poder judicial en un actor secundario.
La separación de poderes, pilar del Estado de Derecho, queda así mutilada. El asalto a la Justicia de Sánchez transforma a los jueces en notarios del poder, elimina la independencia judicial y permite al Ejecutivo manejar las causas sensibles.
El plan se completa con la reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal, que amplía a cinco años el mandato del fiscal general del Estado, designado por el propio Gobierno. En la práctica, eso significa que una misma persona nombrada por Sánchez podría controlar la Fiscalía durante toda una legislatura y más.
Las asociaciones judiciales, fiscales y de juristas han denunciado el carácter arbitrario y partidista de esta decisión. Sin embargo, el Ejecutivo ignora toda crítica. La prioridad de Sánchez y Bolaños no es mejorar la justicia, sino someterla al poder político.
La sombra del PSOE sobre la investigación penal
El asalto a la Justicia tiene nombre y apellidos. El PSOE no quiere jueces independientes que puedan investigar los casos de corrupción que salpican a sus dirigentes. Quiere fiscales que respondan a órdenes políticas.
Con la nueva ley, los casos como los ERE, el caso Tito Berni, el de Begoña Gómez, del hermanísimo David Sánchez o el caso Koldo serían investigados directamente por una Fiscalía dirigida por un fiscal general elegido por el propio Sánchez. Una estructura perfecta para garantizar la impunidad socialista.
Mientras tanto, la misma norma deja sin voz a los partidos que ejercen la acción popular que ha llevado a los tribunales a ministros y cargos del PSOE por irregularidades. La eliminación de esa figura es un golpe a la transparencia y al control democrático.
El asalto a la Justicia consolida un modelo donde la corrupción política se protege y donde el ciudadano pierde su derecho a una justicia independiente.
Reacciones del mundo judicial y político
La comunidad judicial considera la reforma un atentado directo contra la Constitución. “Es inconstitucional y ataca la independencia judicial”, reiteran desde la APM y el Foro Judicial Independiente.
Los sindicatos policiales también alertan del peligro de subordinar la UCO y otras unidades de investigación al control directo del Gobierno. Temen que las causas contra políticos y grupos afines queden enterradas o manipuladas desde arriba.
El asalto a la Justicia no es un hecho aislado. Se suma a otras maniobras de Sánchez para debilitar el Estado de Derecho: la amnistía a los separatistas, la manipulación del Consejo General del Poder Judicial y los indultos a golpistas y corruptos.
España vive una deriva peligrosa hacia un modelo autoritario. El asalto a la Justicia consuma la concentración del poder en manos de un Gobierno sin límites morales ni institucionales.
Cuando los jueces dejan de investigar y los fiscales obedecen al poder, la democracia deja de existir.
El control político de la Fiscalía, la exclusión de la acusación popular y la subordinación de la UCO significan la muerte de la independencia judicial.
