Para tapar su corrupción generalizada, el PSOE activa su maquinaria para procesar a ciudadanos corrientes por una piñata festiva que tachan de ‘amenaza contra la democracia’.
Una sátira convertida en delito político
El caso del muñeco de Sánchez llega a los tribunales este jueves. Seis ciudadanos corrientes han sido acusados de apalear una figura de papel maché que dicen representa al presidente del Gobierno, y tendrán que declarar ante el Juzgado de Instrucción nº26 de Madrid.
El suceso ocurrió el 31 de diciembre de 2023 en el cruce de la calle marqués de Urquijo y la calle Ferraz, cuando un grupo de manifestantes celebrando la Noche Vieja colgó y golpeó el muñeco. Lo acompañaron con cánticos críticos hacia el Gobierno.
El PSOE, en plena crisis por los escándalos que rodean a Pedro Sánchez, su esposa Begoña y su entorno político, reaccionó con indignación y presentó una denuncia por amenazas graves. La Audiencia Provincial de Madrid reabrió el caso -anteriormente se había archivado- y ordenó investigar a los manifestantes. La instructora deberá ahora decidir si archiva de nuevo la causa o si continúa con el proceso penal.
El partido socialista convierte así una protesta popular y satírica acorde con la libertad de expresión de una sociedad sana en una cuestión de Estado, con censura y judialización de la crítica.
El PSOE contra los ciudadanos corrientes
La denuncia del PSOE busca ejemplarizar el poder del Estado frente a los ciudadanos críticos. Busca eliminar y censurar la libertad de expresión. La Audiencia consideró que el muñeco de Sánchez “representaba con evidencia al presidente” y que los cánticos festivos críticos configuraban “un cuadro intimidante de suficiente intensidad”.
Esa interpretación ha despertado gran polémica. Para la mayoría de los juristas, el linchamiento simbólico de un muñeco forma parte de una expresión política amparada por la libertad de expresión. Las asociaciones cívicas lo ven como una reacción claramente desproporcionada y tiránica del poder socialista ante la creciente pérdida de apoyo popular. No le gusta la crítica y quiere cancelar toda disidencia.
Según fuentes judiciales citadas por La Razón, el tribunal coincidió parcialmente con la juez en que los hechos no constituyen delito de odio ni injurias graves, ya que no se dirigían contra un grupo ni institución, sino de forma individual hacia Sánchez y su partido.
La sátira política bajo sospecha
El episodio del muñeco de Sánchez revela cómo el poder intenta silenciar la disidencia popular y la libertad de expresión. Lo que comenzó como una manifestación festiva se ha transformado en un caso judicial con tintes ideológicos y represores.
Mientras los acusados defienden que se trató de una satíra, el PSOE insiste en que se trató de “una amenaza intolerable contra la democracia”. Sin embargo, cada vez más ciudadanos ven en estas denuncias un intento de intimidar al pueblo y restringir la crítica política. Hoy es esta represión, mañana será cualquier cosa que no le parezca a Sánchez y al poder. Lo propio de una tiranía.
La actuación socialista contrasta con su silencio ante los ataques a símbolos religiosos, monumentos históricos o figuras de la derecha política. Cuando la burla afecta al poder izquierdista, entonces el discurso de la tolerancia y de la libertad desaparece.
La doble vara de medir se hace evidente: lo que para unos es “libertad de expresión”, para otros se convierte en “delito de odio”. Este doble discurso erosiona la credibilidad de las instituciones y amplía la fractura social.
Un poder que no soporta la crítica
El caso del muñeco de Sánchez simboliza el autoritarismo disfrazado de democracia. El PSOE, en lugar de responder a las acusaciones de corrupción que salpican a su entorno, prefiere judicializar una piñata de papel realizado en un ambiente festivo un 31 de diciembre.
La reacción del Gobierno muestra su nerviosismo ante la opinión pública. Las encuestas revelan un creciente rechazo hacia la gestión de Sánchez y su dependencia de partidos separatistas y comunistas.
En lugar de rendir cuentas, el poder opta por convertir a ciudadanos corrientes en enemigos del Estado. El objetivo no es proteger al presidente, sino imponer miedo. El mensaje es claro: criticar al líder socialista puede tener consecuencias penales.
Pero los españoles no olvidan. El país atraviesa una crisis moral y política sin precedentes, agravada por la censura mediática y la persecución a quienes disienten. La libertad de expresión, que debería ser sagrada en democracia, se encuentra en serio riesgo.
Ferraz, símbolo del poder y la censura
La sede del PSOE en la calle Ferraz se ha convertido en el epicentro del malestar ciudadano. Allí se concentran las protestas contra las políticas de Sánchez y las denuncias por corrupción.
El muñeco, colgado y golpeado simbólicamente, refleja el hartazgo de una sociedad que ya no confía en sus gobernantes. Lo que para el PSOE es una ofensa, para miles de españoles es una expresión de protesta legítima.
La reacción judicial, en cambio, expone la fragilidad del Gobierno. Un presidente seguro de su legitimidad no teme una sátira. Solo quien se siente señalado por su propia conciencia reacciona con denuncias y censura.
Mientras tanto, el país enfrenta problemas reales: inflación, paro juvenil, crisis agrícola y un creciente descrédito institucional. Sin embargo, el Ejecutivo socialista concentra sus esfuerzos en perseguir muñecos de papel.
Libertad frente a manipulación
El caso del muñeco de Sánchez representa mucho más que un proceso judicial. Es la radiografía de un sistema político que teme la libertad y castiga la crítica.
Convertir una sátira ciudadana en un delito demuestra la deriva autoritaria de un Gobierno incapaz de aceptar el desacuerdo.
El PSOE puede intentar imponer el miedo, pero la verdad siempre termina saliendo a la luz. Los ciudadanos no son enemigos del Estado, sino su fundamento. Callarlos es destruir la democracia que dicen defender.
