Este titular reciente procedente de Nueva Zelanda debería, por sí solo, provocar escalofríos…
“El gobierno revela detalles del plan de racionamiento de combustible para paliar la crisis y a quiénes se les dará prioridad.”
Cuando los que tienen zapatos puntiagudos deciden quién recibirá algo y quién no, debes darte cuenta de que estás a punto de salir muy perjudicado.
No se pueden ignorar los incómodos paralelismos entre la respuesta al Covid y el plan de racionamiento de combustible propuesto.
A primera vista, el Plan de Respuesta ante la Crisis del Combustible parece más moderado que el de la COVID-19. Es gradual, se remite a los mercados en las fases iniciales y define explícitamente la escalada como último recurso. Los funcionarios se esfuerzan por aclarar que las fases 3 y 4 son improbables. Pero claro, ya vimos la misma farsa con la COVID-19. Se trata de una estrategia deliberada.
La arquitectura de este plano resulta sorprendentemente familiar…
Los paralelismos estructurales
El aumento de poderes se disfraza de planificación prudente.
La pandemia de COVID-19 comenzó con el lema «dos semanas para aplanar la curva». El plan de combustibles comienza con «monitorear e informar». En ambos casos, el marco está diseñado para normalizar la existencia de poderes extraordinarios antes de que se utilicen.
Las fases 3 y 4 —racionamiento, límites de compra, distribución dirigida— están prelegitimadas legal y políticamente por su inclusión en un plan publicado. El plan no solo prepara para una crisis, sino que prepara a la ciudadanía para aceptar una intervención sobre la que aún no se le ha consultado. Cabe destacar que no existe ningún mecanismo de consulta.
Esto es pura planificación centralizada vertical. La ilusión de la democracia debería haberse desvanecido por completo. Lamentablemente, sospecho que la gente volverá a caer en la trampa… otra vez.
El mecanismo operativo reside en la discreción ministerial. El Grupo Ministerial de Supervisión de la Seguridad del Suministro de Combustible decide cuándo pasar de una fase a otra, guiándose por seis criterios, ninguno de los cuales se activa automáticamente. Los ministros “considerarán una amplia gama de información” y “evaluarán la situación en su conjunto”.
Esto es idéntico al sistema de niveles de alerta por Covid, donde Ashley Bloomfield y Jacinda Ardern ejercieron, en la práctica, una discreción ilimitada sobre la circulación de la población. Los criterios sirven de pretexto político, no de restricción real. Fue una cortina de humo, y esto también lo es.
Teatro de consultas. Las fases 3 y 4 están etiquetadas como «en consulta», pero ¿con quién se realiza la consulta, en qué plazos y con qué poder de veto?
La “consulta” de Covid con los grupos empresariales y las autoridades regionales fue en gran medida una mera formalidad. No hay razón para esperar que esta vez sea diferente.
Donde en realidad es peor
Los grupos prioritarios son socialmente explosivos.
Las categorías A a E crean una jerarquía formal de ciudadanos. Nada democrático, por supuesto, pero ¿quién se atreve a cuestionarlo? ¡Es una crisis, carajo!
Los servicios de emergencia y la defensa reciben un suministro ilimitado. Los consumidores minoristas en general son los últimos. Esto es justificable en una emergencia, pero también significa que, en caso de una interrupción prolongada, la gente común que raciona sus compras para llevar a los niños al colegio y sus desplazamientos al trabajo está subvencionando el funcionamiento ininterrumpido del gobierno y la defensa.
Durante la pandemia de Covid, el sufrimiento económico se compartía, al menos en teoría. Aquí, se estratifica explícitamente por decreto.
La categoría de “servicios de importancia económica” es muy amplia. La categoría B incluye “servicios de transporte críticos” y “suministro de alimentos y producción primaria durante períodos críticos”. ¿Quién define lo que es crítico? ¿Quién decide qué carga es crítica? Si soy un pequeño distribuidor de alimentos de mayoristas a tiendas locales, ¿tengo prioridad? Lo dudo mucho. No, va a ser como con la COVID-19. Unos pocos elegidos.
Se trata de la misma estúpida concesión de discrecionalidad burocrática que, durante la pandemia, se habría utilizado para favorecer a las grandes empresas ya establecidas —cadenas de supermercados, grandes operadores logísticos— mientras que las pequeñas empresas luchaban por las migajas. Nada en este documento lo impide.
No hay criterios de salida. El plan dice que las medidas “se levantarán tan pronto como las condiciones lo permitan”. Covid dijo lo mismo.
Nueva Zelanda mantuvo durante casi dos años algunas de las políticas fronterizas más restrictivas del mundo desarrollado. «Tan pronto como las condiciones lo permitan» significa tan pronto como los ministros decidan que las condiciones lo permiten, lo cual no supone ninguna restricción.
Donde es realmente mejor
Sinceramente, lo único mínimamente positivo que encuentro en este plan es que aún no se intenta generar solidaridad social mediante apelaciones emocionales. Sospecho que eso cambiará, junto con la inevitable propaganda.
El problema central
La lección fundamental que no se aprendió de la COVID es la siguiente: los marcos de emergencia, una vez establecidos, son difíciles de desmantelar y fáciles de ampliar.
El aparato neozelandés para hacer frente a la COVID-19 —la legislación, la cultura de aplicación de la ley, la autoridad de la burocracia de salud pública— duró entre 12 y 18 meses más que cualquier emergencia razonable, y dejó daños duraderos en las normas de libertades civiles, la viabilidad de las pequeñas empresas y la confianza en las instituciones.
Este plan de combustible crea un aparato análogo. El grupo ministerial, las franjas de prioridad, las facultades de distribución dirigida: todo esto no desaparece cuando termina la crisis. Se convierte en infraestructura básica para la próxima emergencia, sea cual sea.
Ahora quiero abordar un tema relacionado: el avance progresivo del fascismo que hemos presenciado a nivel mundial. La COVID-19 fue un factor determinante en esa dirección, y considero que las ideas que actualmente esgrimen esos individuos son un paso más hacia ese pozo negro.
La pregunta planteada
La mayoría de los comentarios describirán este plan como una gestión de emergencias pragmática. Ese planteamiento debe rechazarse de inmediato.
Los marcos de emergencia no son políticamente neutrales. Incorporan supuestos sobre quién posee los recursos, quién los asigna, quién recibe protección y quién asume el costo.
Cuando se compara honestamente la arquitectura del plan de combustible con los modelos económicos, el resultado es incómodo.
El comunismo económico es el modelo
El comunismo económico, despojado de su estética bélica, es un sistema específico y coherente: la propiedad privada se conserva en la forma, pero el Estado dirige la asignación de recursos, establece prioridades y determina quiénes ganan y quiénes pierden.
La gran empresa privada y el aparato estatal se vuelven funcionalmente indistinguibles. Los derechos de propiedad existen en el papel, pero la autonomía operativa no.
Comparemos eso con el plan de combustible propuesto…
- Las compañías petroleras conservan la propiedad de su infraestructura y sus existencias, pero el gobierno decide a quién suministran, con qué prioridad y bajo qué condiciones.
- El mecanismo consiste en la «coordinación» del sector, lo que significa que las grandes empresas consolidadas con relaciones gubernamentales participan en las negociaciones; los pequeños operadores no.
- El capitalismo de amiguetes alcanza un nuevo nivel.
- Las bandas de prioridad —de la A a la E— no son resultados de mercado. Son asignaciones dirigidas por el Estado, disfrazadas con lenguaje administrativo.
Esto no es un mercado. Es una empresa privada dirigida, que es la definición operativa del fascismo económico.
El mecanismo de aniquilación de la clase media
¿Recuerdan las medidas contra el Covid? La clase media fue violada; la mayoría ni siquiera lo sabe… simplemente se dan cuenta de que son más pobres que antes.
Las “bandas de prioridad” lo dicen todo. Vamos a analizarlas:
- Banda A: Gobierno, defensa, tribunales, prisiones, hospitales. El propio Estado, totalmente protegido. ¡Qué sorpresa!
- Banda B: Grandes operadores logísticos, cadenas de suministro de supermercados, aviación internacional. No se trata de pequeñas empresas, sino de grandes corporaciones con relaciones gubernamentales ya establecidas. Cabe recordar que Air New Zealand fue nacionalizada parcialmente durante la pandemia. Que haya perdido dinero cada año desde entonces no sorprende y se ignora por completo. Preveo que en la crisis que se avecina veremos una mayor participación estatal. Se presentará a la población mediante asociaciones público-privadas.
- Categoría C: Transporte público, infraestructura esencial. Nuevamente, en su mayoría entidades estatales o contratadas por el Estado.
- Banda D: “Todos los demás usos comerciales y empresariales de combustible”. Aquí se ubican el pequeño empresario, el comerciante, el mensajero independiente y el contratista rural. Ocupan el cuarto lugar, después del estado y sus socios corporativos preferidos.
- Banda E: Comercio minorista general. El ciudadano común. Último.
La clase media —pequeños empresarios, trabajadores independientes, comerciantes, productores rurales fuera de los períodos de mayor demanda— recibe lo que queda después de que el Estado y sus grandes socios corporativos se hayan enriquecido a costa de sus familias. Esto no es casualidad. Es parte del plan.
El lavado de dinero ideológico
Lo que hace que este sistema sea particularmente eficaz es que opera completamente dentro del marco de la democracia liberal. No hay expropiación visible. No hay nacionalización. Se considera que los derechos de propiedad se respetan formalmente. El lenguaje es tecnocrático: «criterios de evaluación», «supervisión ministerial», «transiciones de fase».
Pero el resultado funcional —la asignación de recursos dirigida por el Estado que favorece a las grandes corporaciones y entidades gubernamentales, dejando al pequeño empresario y al ciudadano individual al final de la cola— es indistinguible de lo que se diseñaría si se intentara deliberadamente debilitar a la clase media.
La conclusión que nadie publicará
El plan de combustible no es un documento fascista. Ni siquiera es particularmente radical según los estándares actuales. Precisamente por eso merece un análisis minucioso.
Se trata de la última versión de un modelo de gobernanza que se ha ido consolidando silenciosamente durante décadas: el Estado y el gran capital como coadministradores de la economía, con las pequeñas empresas y el ciudadano individual posicionados como reclamantes residuales de los recursos que queden una vez atendidos los beneficiarios principales.
Llámelo fascismo económico, estatismo corporativo o capitalismo de amiguetes: la etiqueta importa menos que el mecanismo. Y ese mecanismo, una vez más, se esconde a plena vista dentro de un documento descrito como un plan de emergencia.
Chris MacIntosh / International Man de Doug Casey ,
Nota: Si Chris tiene razón, el plan de combustible no se limita solo a la energía . Es otra señal de alerta de que los gobiernos se están preparando para gestionar futuras crisis controlando el acceso, racionando los recursos y decidiendo a quién proteger primero . Esto tiene graves implicaciones para su dinero, su libertad y su preparación . Para comprender mejor las fuerzas económicas, políticas y culturales que ahora confluyen —y qué puede hacer para anticiparse a los acontecimientos— lea nuestro informe especial: Choque de sistemas: Reflexiones sobre la inversión en un momento único .
Tags: Racionamiento de combustible, Control estatal, Libertades civiles, Crisis energética, Planificación centralizada, Precedente COVID.
