La política exterior de una nación es su primera línea de defensa, el escudo que garantiza su respeto en la arena internacional y la salvaguarda de sus fronteras. Sin embargo, bajo el mandato de Pedro Sánchez, España ha pasado de ser un aliado fiable a convertirse en un actor errático, cuya estrategia parece diseñada —ya sea por incompetencia o por un cálculo oscuro de sumisión a Marruecos— para debilitar nuestra soberanía. El último y alarmante episodio de esta deriva llega desde Washington: el Congreso de los Estados Unidos ha dado un paso sin precedentes al abrazar las tesis expansionistas de Mohammed VI, cuestionando abiertamente la españolidad de Ceuta y Melilla.
No es una anécdota, es una emergencia nacional. Mientras el Gobierno se enreda en retóricas vacías, la Administración Trump y el legislativo estadounidense están enviando un mensaje claro: si España decide enfrentarse a sus aliados naturales, sus intereses territoriales dejarán de ser una prioridad para la superpotencia.
La factura geopolítica de la soberbia
Las relaciones entre Madrid y Washington atraviesan su momento más gélido en décadas. Pedro Sánchez ha hecho del enfrentamiento con la Administración Trump una de sus señas de identidad, buscando un rédito político doméstico a costa de la seguridad nacional. Su hostilidad hacia Israel —socio estratégico vital para EE. UU. y especialmente para la Casa Blanca de Trump— y su reciente rechazo a la intervención militar en Irán han agotado la paciencia en Washington.
A esto se suma el desplante financiero: la negativa de Sánchez a cumplir el compromiso de dedicar el 5% del PIB a gasto en Defensa ha sido interpretada no solo como una falta de solidaridad, sino como una afrenta directa. El resultado es devastador: Estados Unidos ha dejado de ver a España como un socio preferente para mirar hacia el sur, hacia un Marruecos que sí se alinea con los intereses estadounidenses.
El informe Díaz-Balart: Una puñalada a la soberanía
La consecuencia física de esta negligencia diplomática ha cristalizado en el informe del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes. El documento, elaborado por el congresista de ascendencia cubana Mario Díaz-Balart, es una claudicación ante las tesis anexionistas marroquíes. Por primera vez en un texto oficial de esta relevancia, se afirma que Ceuta y Melilla, «administradas por España», están en realidad «localizadas en territorio marroquí» y siguen siendo sujeto de reclamación por parte de Rabat.
Este lenguaje es un torpedo en la línea de flotación de nuestra integridad. Al sugerir que el estatus de las ciudades autónomas es negociable, el Congreso de EE. UU. está legitimando las aspiraciones del Reino Alauí. La recomendación explícita al secretario de Estado, Marco Rubio, para que promueva un acuerdo diplomático sobre el «estatus futuro» de ambas ciudades implica que la situación actual no es definitiva. Es el resultado directo de una política exterior española que ha preferido el aplauso de regímenes cuestionables antes que la solidez de sus alianzas históricas.
El «Gran Marruecos» financiado por Washington
Mientras Sánchez se dedica a la diplomacia del gesto, Marruecos trabaja en la diplomacia de los hechos. El informe Díaz-Balart confirma que EE. UU. destina al menos 40 millones de dólares anuales a Marruecos para proteger sus intereses, bajo los Programas de Inversión de Seguridad Nacional y el Programa de Financiamiento Militar Extranjero. Washington está fortaleciendo los músculos de un vecino que no oculta sus ansias expansionistas con la anexión de Ceuta y Melilla, mientras España se desarma diplomáticamente.
Incluso la posición de Israel ha sido objeto de tensiones. Aunque la encargada de negocios de Israel en España, Erlich, negó recientemente que el Estado hebreo contemple respaldar las tesis marroquíes —afirmando que «el enemigo está amenazando nuestra vida» en su propia región—, la prensa local israelí ya ha sugerido esta posibilidad. El riesgo de que nuestros aliados tradicionales nos den la espalda por las afrentas de Sánchez es una realidad latente.
Un repaso histórico que el Gobierno parece ignorar
Frente al revisionismo marroquí apoyado ahora por el Congreso estadounidense, es imperativo recordar la realidad histórica que el sanchismo parece incapaz de defender con firmeza. El informe estadounidense recuerda el Tratado de Paz y Amistad de 1786 entre EE. UU. y Marruecos, pero olvida interesadamente los derechos españoles.
Ceuta es española desde que en 1668 Portugal reconoció su soberanía, tras dos milenios de ser territorio disputado. Melilla se incorporó a la Corona de Castilla en 1497 de la mano de Pedro de Estopiñán. La soberanía española sobre ambos territorios no es fruto de un capricho, sino de tratados internacionales como el de Wad-Ras de 1860, firmado entre Isabel II y Mohammed IV, donde el sultán admitió la ampliación de los territorios a perpetuidad tras la Guerra de África. Que hoy, en 2026, estos títulos de propiedad sean cuestionados en Washington es la prueba del fracaso total de Moncloa.
¿Incompetencia o traición deliberada?
Existe una sospecha creciente de que este aislamiento de Sánchez es buscado como un acto de sumisión a Mohamed VI. Una España débil es una España más fácil de moldear. Al enemistarse con Trump, con Rubio y con los sectores republicanos, Sánchez no solo está siendo «ideológico»; está dejando a Ceuta y Melilla desprotegidas ante un Marruecos que cuenta con el apoyo de quienes antes eran nuestros amigos.
El precio de la irrelevancia
El informe de la Cámara de Representantes es un aviso de incendio. Sánchez está convirtiendo a España en un actor irrelevante cuya integridad territorial es sacrificable. No se trata de ideología, se trata de supervivencia nacional. Si permitimos que Washington y Rabat decidan el «estatus futuro» de nuestro suelo, habremos perdido nuestra dignidad como nación.
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