La dictadura informativa del PSOE ha dejado de ser una sospecha para convertirse en una cruda realidad. La Mesa del Congreso —controlada por el PSOE, la ultraizquierda y el separatismo— puede retirar la acreditación a periodistas críticos sin límites ni garantías. Han aprobado una reforma del Reglamento de la Cámara que convierte esta institución en un instrumento de censura al servicio del poder sanchista. Han eliminado la libertad de prensa. Han convertido la represión y la censura en ley. Es una triste realidad.
El sanchismo se quita la careta: censura bajo reglamento
Lo que antes se hacía por presión o señalamiento, ahora se ejecutará con firma y sello institucional. La dictadura informativa de Sánchez y del PSOE se articula a través de una proposición de ley aprobada por PSOE, Sumar, Podemos, PNV, Junts, Bildu, ERC y BNG, que crea un Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria encargado de emitir informes que la Mesa podrá usar como “base probatoria” para sancionar a medios o periodistas incómodos.
Aunque los letrados del Congreso han advertido que dichos informes no pueden ser vinculantes, el texto final omite este detalle deliberadamente. A partir de ahora, la libertad de prensa dependerá la ideología de los políticos que dominan la Cámara.
Un nuevo órgano al servicio del poder: la Mesa decide quién informa
La dictadura informativa del PSOE no se limita a imponer sanciones; pretende también controlar el flujo de información desde su origen. El nuevo órgano incluye representantes políticos y colectivos profesionales, pero sus decisiones dependerán de la Mesa del Congreso, donde la mayoría la ostentan el PSOE y Sumar. Este consejo podrá proponer sanciones tras escuchar incluso a los jefes de prensa de los partidos, cuyos testimonios servirán para castigar a los periodistas.
Los letrados han sido claros: a un jefe de prensa no se le puede exigir la imparcialidad de un funcionario público. Pero eso no importa cuando el objetivo es claro: ejecutar purgas ideológicas y consolidar la narrativa oficial sin fisuras.
El verdadero objetivo: silenciar a los medios incómodos
La norma contempla sanciones que van desde la suspensión temporal hasta la retirada definitiva de la acreditación a los periodistas. ¿El motivo? Supuestas faltas como “vulnerar la dignidad” de otros dentro del entorno parlamentario. ¿Y quién decide qué es “vulnerar la dignidad”? Exacto: los mismos que se sienten incómodos con preguntas libres y verdades incómodas.
La dictadura informativa del PSOE se camufla bajo la excusa de proteger la convivencia, pero en realidad busca blindar al Gobierno y sus socios frente a la crítica. No les gusta la libertad de prensa y, por tanto, la elimina. El argumento oficial afirma que se trata de proteger a los periodistas frente a “intimidaciones”. Pero los únicos señalados han sido precisamente los que se han atrevido a preguntar por la corrupción de Begoña Gómez, por los pactos con terroristas o por la entrega del Estado de Derecho a cambio de poder.
Cuando el censor se viste de víctima
El nivel de descaro es tan evidente que ya no sorprende. En un mundo normal, esto provocaría escándalo y protestas masivas. Pero en el mundo de Pedro Sánchez, todo está permitido si beneficia al régimen.
¿Quiénes aplauden esta medida? Los mismos que tacharon de “agitadores” y “pseudoperiodistas” a quienes osaron hacer preguntas incómodas. El PSOE da un paso más en su cruzada contra la libertad, ya sin disimulo. Su dictadura informativa se ha convertido en ley.
La censura ya no es una amenaza, es ley
La dictadura informativa del PSOE ha cruzado todas las líneas rojas. Ahora decidirán quién puede o no informar, qué se puede preguntar y quién puede estar acreditado. Todo periodista que no baile al son del Gobierno será considerado un “agitador”, un “pseudoperiodista” o un “molesto”. Empezarán con Vito Quiles y Bertrand Ndongo. Ya lo han avisado. Después vendrán otros.
Hoy no solo se ha aprobado una norma de censura, sino que se ha consagrado una nueva dictadura, suave en las formas, pero brutal en su fondo.
