La estrategia empezó a principios de los 80
Una investigación del Center for Family and Human Rights (C-Fam) revela cómo la ONU impone el aborto y la ideología de género a los países, usando sus comités para chantajear y coaccionar a los gobiernos soberanos.
Un aparato global contra la soberanía nacional
Tal como denunciamos ayer en el editorial Adelante España, la ONU debe desaparecer porque impone el aborto y la ideología de género actuando como brazo ejecutor de las élites globalistas y estructuras woke. Lejos de defender derechos universales, hoy es un mecanismo de presión política al servicio de una agenda contraria a los principios de soberanía nacional, vida y familia.
Una reciente base de datos del Center for Family and Human Rights (C-Fam) demuestra cómo distintos comités de la ONU han ejercido presión directa sobre los Estados para forzar la liberalización del aborto y la adopción de políticas de género.
Cómo comenzó el chantaje sistemático
La ONU impone el aborto y la ideología de género con fuerza creciente desde hace décadas. Este proceso se aceleró tras la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD) de 1994. Sin que el aborto lograse ser reconocido como un derecho humano internacional, el Comité CEDAW ya incluía menciones sobre el tema desde los años 80.
En 1994, el comité instó a las mujeres de Colombia a “luchar por la legalización del aborto”. En 1995, solicitó a Perú revisar su legislación y ampliar excepciones por salud. Estas acciones no eran recomendaciones neutrales, sino injerencias claras en decisiones soberanas de cada país.
Comités que operan con una agenda ideológica
La ONU impone el aborto y la ideología de género a través de nueve comités de supervisión de tratados. No son legisladores, pero han utilizado su influencia para alterar leyes internas con criterios ideológicos. El Comité de Derechos Humanos pidió en 1998 a Tanzania revisar sus leyes sobre el aborto. En 1999, exigió a Chile establecer excepciones a su prohibición total.
A partir de 2003, más del 90% de las revisiones del Comité CEDAW incluyeron demandas sobre el aborto. Es decir, casi todos los países que rendían cuentas eran presionados para alinear sus normas con la visión abortista de Naciones Unidas.
El avance agresivo de la ideología de género
Desde 2010 en adelante, la presión cambió de objetivo. Las cuestiones de orientación sexual e identidad de género pasaron a ser exigencias reiteradas en informes oficiales.
En 2023, todos los informes del Comité de Derechos Humanos incluyeron recomendaciones sobre la despenalización de la homosexualidad, la legalización del matrimonio homosexual, la adopción por parejas del mismo sexo y el reconocimiento del “cambio de sexo”.
En 2024, este comité pidió a Pakistán despenalizar las relaciones homosexuales y criticó leyes que prohíben el “tratamiento sanitario para el cambio de género”. En 2018, exigió a Bulgaria reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo y garantizar derechos de adopción.
Sin base jurídica ni respaldo en los tratados
Lo más alarmante es que ni el aborto ni la ideología de género aparecen en los principales tratados de derechos humanos promovidos por la ONU. Aun así, la ONU impone el aborto y la ideología de género por medio de interpretaciones forzadas de esos tratados.
Las “observaciones finales” de estos comités no son vinculantes. Sin embargo, en muchos países, tribunales y gobiernos las toman como base para cambiar legislaciones. En 2022, la OMS citó estas observaciones como fundamento jurídico para recomendar el aborto como derecho humano, en su guía técnica global.
Esto demuestra cómo un aparato burocrático no elegido democráticamente tiene el poder de condicionar leyes internas de los países sin ningún respaldo constitucional.
Una estrategia de ingeniería legal globalista
En definitiva, la forma en que la ONU lo impone constituye una estrategia de ingeniería jurídica. Se presiona a los países, se elaboran informes “técnicos” que los desacreditan y luego se emplean como base para litigar desde ONGs afines al lobby globalista.
Los Estados que se niegan a seguir esta agenda son calificados como “violadores de derechos humanos”, incluso cuando están simplemente protegiendo la vida o defendiendo el matrimonio natural.
Este modus operandi constituye un chantaje diplomático que atenta contra la soberanía, la libertad legislativa y los valores culturales de millones de ciudadanos que no comparten la visión ideológica de las élites que dirigen la ONU.
La base de datos de C-Fam lo demuestra
La Base de datos de C-Fam lo demuestra con ejemplos documentados de más de 40 años de injerencias.
El aborto y la ideología de género no son derechos humanos. Son construcciones ideológicas impuestas desde organismos internacionales, con el respaldo de fundaciones multimillonarias, medios alineados y burocracias al servicio del poder globalista.
La ONU ha dejado de ser una institución al servicio de los pueblos. Hoy es una amenaza para la soberanía, la democracia y la identidad de las naciones.