La supresión del delito contra sentimientos religiosos causará la misma dinámica de revisión de casos que la ley del «sólo sí es sí»
El Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a dar un nuevo paso en su odio y beligerancia contra la fe católica y la libertad religiosa en España. La reciente proposición de ley presentada en el Congreso de los Diputados contempla la supresión del delito de ofensas contra los sentimientos religiosos.
Esta nueva legislación establece además que, una vez entre en vigor, se aplicará retroactivamente a favor del reo, lo que podría desencadenar una dinámica similar a la vivida con la polémica ley del «sólo sí es sí». Fuentes jurídicas consultadas advierten que esto podría llevar a una revisión masiva de casos, como ocurrió con las condenas por delitos sexuales.
España se aleja del consenso europeo en libertad religiosa
Actualmente, 21 de los 27 países de la Unión Europea cuentan con mecanismos que garantizan el respeto a la libertad religiosa. Estas herramientas son un reflejo del compromiso de estas naciones con la protección de un derecho fundamental y con el respeto a las convicciones de los ciudadanos. La propuesta del Gobierno español, por el contrario, pretende situar a nuestro país en el reducido grupo de seis países que no contemplan tales salvaguardas, convirtiendo a España en una anomalía dentro del panorama comunitario.
Ataque directo a la Libertad Religiosa
En la exposición de motivos, el PSOE justifica la supresión del artículo 525 del Código Penal (CP) basándose en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Argumentan que la libertad de expresión ampara también las ideas que ofenden o perturban, y que las personas religiosas deben tolerar las críticas públicas a sus creencias. Este argumento, sin embargo, deja desprotegidos a millones de creyentes frente a posibles actos de escarnio y vejación.
El PSOE subraya que el derecho a la libertad de expresión debe tener como único límite el discurso de odio, y que solo en esos casos debería intervenir el Estado.
Consecuencias de la derogación
La derogación del artículo 525 implica que se eliminarán las penas de multa de 8 a 12 meses para quienes ofendan públicamente los sentimientos religiosos. Además, según el artículo 2.2 del CP, las leyes penales que favorezcan al reo tendrán efecto retroactivo, lo que obligará a revisar las condenas y archivar los casos abiertos basados en este delito.
La deriva antirreligiosa y cristofóbica del Gobierno
Este movimiento del gobierno socialista evidencia su clara hostilidad hacia la fe católica y la libertad religiosa, un pilar fundamental de la sociedad española. Al suprimir este delito, el gobierno muestra una muy grave cristofobia y de respeto hacia los sentimientos religiosos de los ciudadanos, y constatando su nulo compromiso con los derechos fundamentales.
Es evidente que esta proposición de ley forma parte de una agenda más amplia que busca redefinir las bases morales y religiosas de España. En este contexto, la eliminación del delito de ofensas religiosas es una nueva señal de cómo el Gobierno de Sánchez continúa su camino hacia la destrucción de los valores tradicionales que sustentan nuestra sociedad.
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