España se aleja del consenso europeo en libertad religiosa

El anuncio de Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, de pretender rebajar o incluso eliminar el delito contra los sentimientos religiosos marca un preocupante punto de inflexión en la política de derechos fundamentales en España. En un momento en el que el consenso europeo avanza en la defensa y promoción de la libertad religiosa como un pilar esencial de la convivencia, el Gobierno de Pedro Sánchez opta, una vez más, por navegar en sentido contrario.

Actualmente, 21 de los 27 países de la Unión Europea cuentan con mecanismos que garantizan el respeto a la libertad religiosa. Estas herramientas son un reflejo del compromiso de estas naciones con la protección de un derecho fundamental y con el respeto a las convicciones de los ciudadanos. La propuesta del Gobierno español, por el contrario, pretende situar a nuestro país en el reducido grupo de seis países que no contemplan tales salvaguardas, convirtiendo a España en una anomalía dentro del panorama comunitario.

La mayoría de los países europeos han entendido que proteger los sentimientos religiosos no es un capricho ni un retroceso. Es, por el contrario, una necesidad. Estados como Francia, Italia o Alemania han legislado con firmeza para garantizar que la libertad religiosa no sea vulnerada, evitando que las agresiones y el desprecio hacia las creencias se traduzcan en fracturas sociales.

En España, sin embargo, el Ejecutivo de Sánchez parece decidido a debilitar la protección de este derecho, en un movimiento que trasciende lo jurídico para instalarse en el ámbito de lo plenamente ideológico. Es evidente que la intención de Bolaños responde a una agenda que busca relegar los valores católicos y minimizar la relevancia de la religión en la esfera pública.

Rebajar o eliminar el delito contra los sentimientos religiosos envía un mensaje claro: el Estado renuncia a defender a millones de ciudadanos creyentes frente a ofensas que atentan contra sus convicciones más profundas. Esta decisión no solo debilita el marco de protección jurídica, sino que legitima comportamientos que podrían generar tensiones innecesarias en una sociedad ya de por sí polarizada.

El distanciamiento de España respecto al consenso europeo en este ámbito no es un detalle menor. Es una declaración de intenciones que nos posiciona como un caso aislado, en contraposición a nuestros socios europeos, que han entendido que la libertad religiosa debe protegerse activamente para garantizar la paz social y el respeto mutuo.

La propuesta de Bolaños, lejos de modernizar el marco legal, supone un retroceso histórico. España debe asumir que la protección de la libertad religiosa no es opcional ni negociable; es una responsabilidad del Estado hacia todos sus ciudadanos.

Si el Gobierno de Sánchez insiste en imponer una visión ideológica sobre los principios que nos unen a Europa, no solo será responsable de debilitar derechos fundamentales, sino también de aumentar las tensiones en una sociedad que necesita más respeto, no menos.