El problema de España no es la falta de recursos ni la incapacidad de su gente, sino una casta política que ha tejido una red de chiringuitos y administraciones paralelas para mantenerse a sí misma a costa del esfuerzo de los ciudadanos.
Muchas veces centramos el debate en la casta política a nivel nacional y autonómico, señalando su despilfarro y sus privilegios, pero pasamos por alto otro entramado igual de perjudicial: la casta política municipal. En los ayuntamientos, miles de cargos innecesarios, asesores a dedo y estructuras clientelares se sostienen con el dinero de los contribuyentes, sin aportar valor real a la ciudadanía. Además, a su alrededor proliferan los llamados «chiringuitos», entes que sirven como refugio para amigos y afines al poder, drenando recursos públicos con una opacidad alarmante. Este entramado de corrupción y nepotismo es una de las mayores lacras del sistema, pues mantiene redes de influencia a costa del esfuerzo de los españoles.
En este contexto, y tal como señala tal como señala Voz Populi, los ayuntamientos en España cuentan con más de 17.000 entes, de los cuales 1.239 son «fantasmas», lo que evidencia un entramado que solo sirve para colocar a afines y familiares, en lugar de aportar productividad y eficiencia al país.
El sobredimensionamiento del sector público es una losa para el desarrollo económico de España. La estadística oficial refleja que los ayuntamientos disponen de 12.979 entidades, a las que se suman otras 4.191 dependientes, creando una administración paralela de la que se desconoce su función real y cuya utilidad es, en muchos casos, cuestionable. Esto se traduce en miles de cargos que no responden a ningún interés general, sino al simple amiguismo político.
El propio Ministerio de Hacienda reconoce que al menos 1.239 entidades no tienen una adscripción clara a ningún ayuntamiento. Es decir, un 30% de la administración local es, literalmente, «fantasma». Se trata de estructuras de poder creadas sin control, donde se oculta a empleados nombrados «a dedo» y cuyo propósito es servir de refugio a los partidos y sus redes clientelares.
El gasto en este entramado supera los 100.000 millones de euros anuales. A pesar de los discursos sobre digitalización y modernización, el sector público sigue engordando con nuevos organismos innecesarios. Los ayuntamientos, en lugar de racionalizarse, han seguido multiplicándose. En España, a diferencia de otros países donde se han fusionado municipios para ganar eficiencia, se han creado más ayuntamientos y organismos, aumentando el gasto y la carga burocrática. El resultado es que el sector público se convierte en la mayor empresa improductiva del país.
Dentro de estos 4.191 entes dependientes, encontramos una gran cantidad de organismos que no cumplen ninguna función esencial. Hay emisoras de radio y televisión locales, centros de idiomas, fundaciones, escuelas taurinas, universidades populares, auditorios, feriales, polideportivos y hasta campos de golf financiados con dinero público. Todo ello, mientras la presión fiscal sobre los ciudadanos sigue aumentando.
No se trata solo de ineficiencia: es un sistema deliberado de expolio al contribuyente. La administración paralela no solo absorbe recursos, sino que también distorsiona la economía, competencia desleal con el sector privado y restando incentivos a la inversión y al emprendimiento.
El sector público local cuenta con más de 722.000 empleados, un 32% más que en 2002. Esto supone un crecimiento desmesurado que se mantiene incluso en los momentos de crisis. Mientras el sector privado sufría las consecuencias de la recesión, la administración seguía expandiéndose, blindando sus privilegios y garantizando su supervivencia a expensas del esfuerzo de los trabajadores y empresarios.
España no puede aspirar a la prosperidad mientras mantenga una estructura parasitaria que vive del esfuerzo de los demás. La política no puede seguir siendo un refugio para los incompetentes ni una agencia de colocación de los partidos. Es imprescindible una reducción drástica de administraciones, ayuntamientos y organismos inútiles.
Si se quiere que España sea productiva, hay que acabar con la administración paralela, fusionar municipios y eliminar los entes fantasmas. De lo contrario, seguiremos atrapados en la mediocridad y condenados a sostener a una casta política que solo piensa en sí misma.
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