Empieza la reacción social contra la okupación: 4 medidas que son un primer paso hacia el fin de la impunidad

Una sociedad civil harta que empieza a despertar

Durante años, los propietarios españoles han sufrido en silencio la okupación ilegal de sus viviendas, amparada por el Gobierno de Sánchez que no solo se ha mostrado indiferente, sino que la está fomentando abiertamente con leyes y discursos ideológicos que pisotean el derecho a la propiedad privada. Sin embargo, algo está cambiando. Aunque el Gobierno sigue promocionando esta lacra social, cada vez son más las señales de que la sociedad civil, la justicia y algunos partidos comienzan a actuar. Es insuficiente, sí, pero es el inicio de una reacción que no se puede detener.

Medidas clave que marcan un punto de inflexión

En las últimas semanas, según recoge Libertad Digital, se han aprobado importantes iniciativas que representan un rayo de esperanza para las víctimas de la okupación. Como destaca la Plataforma de Afectados por la Ocupación (PAO), estas medidas muestran que «ante la inacción total del Gobierno con este tema», otros agentes están empezando a moverse.

Juicios rápidos para recuperar la vivienda en 15 días

El pasado 3 de abril entró en vigor una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que agiliza los procedimientos judiciales por delitos de usurpación y allanamiento de morada. Esta medida permitirá que los juicios se celebren en apenas 15 días tras la declaración del acusado, un avance significativo para los pequeños propietarios que hasta ahora veían cómo su casa quedaba ocupada durante meses o años sin poder hacer nada.

El abogado José María Español matiza: «No olvidemos que el lanzamiento para los grandes tenedores de vivienda se puede suspender si el okupa es una persona vulnerable. Es decir, que estamos mejor que ayer, pero esto no es ni muchísimo menos lo que necesitamos«.

Una ley para expulsión inmediata: propuesta por Junts, aceptada por necesidad

Una de las claves en este cambio de rumbo ha sido la tramitación de una proposición de ley de los separatistas de Junts que, aunque responde a los chantajes independentistas al PSOE, abre la puerta a aplicar la expulsión inmediata de los okupas en 48 horas.

El magistrado del Tribunal Supremo, Vicente Magro, ya lo había planteado junto con los colegios de abogados de Barcelona y Mataró: «El Colegio de Barcelona, Mataró y yo mismo hace tiempo presentamos una propuesta para crear un artículo en la ley procesal penal, el 544 sexies, que regule expresamente como medida cautelar la expulsión inmediata antes de 72 horas«.

«Son 40 las okupaciones ilegales que se producen al día en España y que llegan a totalizar 16.000 delitos de okupación al año. Yo creo que este es uno de los temas más graves que existe en el país. Y la respuesta más eficaz es lo que se está haciendo en el entorno europeo: la expulsión en 72 horas, con independencia de que luego se celebre un juicio y que se valoren las pruebas«, subraya el propio Magro.

Los jueces de Barcelona dan el paso: no más coacciones por cortar suministros

El pasado 7 de marzo, los jueces de la Audiencia Provincial de Barcelona establecieron un importante precedente: ya no considerarán delito de coacciones el hecho de que un propietario corte los suministros (agua, luz o gas) a okupas ilegales. Es decir, se rompe por fin con una doctrina que trataba al delincuente como víctima y al legítimo propietario como criminal.

Fin a la vulnerabilidad eterna: revisión anual obligatoria

Otra de las medidas impulsadas por la Junta de Jueces de Primera Instancia de Barcelona exige que los inquiokupas justifiquen anualmente su situación de vulnerabilidad para evitar lanzamientos. Hasta ahora, bastaba un informe de hace años para seguir ocupando viviendas sin pagar ni rendir cuentas.

José María Español lo explica con claridad: «El decreto antidesahucios se aprobó en pandemia y era una suspensión extraordinaria y temporal. ¿Qué está ocurriendo? Que esa suspensión temporal y extraordinaria la están prorrogando de forma indefinida. Se están beneficiando muchas personas que ya han vuelto a trabajar y han vuelto a tener ingresos, pero siguen sin atender el pago de la renta. Por tanto, los jueces de Barcelona han dicho basta. Veremos a ver si otros toman también el mismo camino«.

¿Y la ley integral antiokupación?

Desde la PAO lo tienen claro: las medidas actuales son necesarias, pero insuficientes. Lo que se necesita con urgencia es una ley antiokupas integral que proteja tanto a los propietarios como a las familias realmente vulnerables, y que garantice el fin de la inseguridad jurídica que padecen miles de ciudadanos honrados.

«El Gobierno sigue negando que exista el problema, reduciendo a una cifra sesgada el problema de la okupación y sin considerar la inquiokupación, cuando lo que se necesitaría es voluntariedad política para, en vez de ir poniendo tiritas, crear y aprobar una ley antiokupas integral donde se cubra ambos fenómenos«, denuncian desde la plataforma.