El PSC de Salvador Illa se alinea con la estrategia separatista de acorralar al español
Decir socialismo en España es decir complicidad con el separatismo. No se trata de un hecho puntual, sino de una constante histórica. Los socialistas, desde su concepción ideológica federalizante, comparten con los independentistas el objetivo de romper España: unos abiertamente, otros disfrazando su traición de pluralidad.
En este contexto, el gobierno del socialista Salvador Illa avala una de las medidas más sectarias vistas en los últimos tiempos: un buzón para delatar a quienes no utilicen el catalán en Sant Cugat del Vallès. Lo hace bajo la excusa de “proteger los derechos lingüísticos”, pero en realidad es un ataque directo a la libertad, a la convivencia y a la identidad común de todos los españoles.
El gobierno catalán apoya el buzón de denuncias lingüísticas
Así lo ha reconocido el propio consejero de Política Lingüística, Xavier Vila, y recoge El Debate, al afirmar: “El departamento de Política Lingüística acompaña a los ayuntamientos en sus iniciativas que vayan dirigidas a garantizar el cumplimiento de la legalidad vigente en materia derechos lingüísticos en su ámbito competencial”. Con estas palabras, el Ejecutivo socialista en Cataluña legitima una práctica de delación ciudadana, propia de regímenes totalitarios.
El respaldo del PSC a esta iniciativa no sorprende porque, aunque el gobierno se dice socialista, está consolidando este tipo de políticas independentistas de arrinconar y eliminar el español del espacio publico.
Una herramienta inútil, conflictiva y totalitaria
Aunque el buzón, de momento, no tiene efecto práctico alguno, pues el consistorio no dispone de competencias sancionadoras, pero es el principio. Es la ventana de Overton. Lo que hoy es improbable, mañana se convierte en ley el que un comerciante esté obligado a atender a sus clientes en catalán.
La Ley de Política Lingüística establece que la rotulación debe figurar al menos en catalán, pero no obliga a usar esta lengua en la atención personal, por lo que se está manipulando legalmente un supuesto derecho que no existe.
Discriminación lingüística institucionalizada
Desde el propio Ayuntamiento de Sant Cugat, gobernado por los separatistas de Junts, se defiende que el llamado «Bústia del Català» está pensado para registrar “vulneraciones de los derechos lingüísticos que se puedan producir en Sant Cugat”, pero solo si son sufridas por catalanohablantes. Es decir, el español queda excluido y despreciado en una Cataluña que presume de “pluralidad”, mientras impone una sola lengua.
La concejal de Política Lingüística, Núria Fernández, lo deja claro: “El Buzón del Catalán es un espacio de comunicación para proteger la lengua catalana”. Según ella, su objetivo es “proteger el catalán de los abusos que a veces se comenten y garantizar los derechos lingüísticos de los catalanohablantes”.
Pero, ¿qué ocurre con los españoles? Para ellos no hay buzón, ni derechos, ni defensa. Solo silencio institucional y marginación deliberada.
Son pasos. Parece que son insignificantes o marginales pero forman parte de una hoja de ruta de erradicar el español.
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