En un artículo del jueves 16 de octubre sobre el síndrome postaborto en El País, una vez más, Ángel Munárriz no informa: milita sumiso a las órdenes de sus amos. Su texto no es periodismo, es propaganda arrastrada.
El que fue director de comunicación de una consejera del Partido Comunista, redacta un artículo que busca desacreditar una sentencia judicial que dio la razón a una mujer destrozada por las secuelas psicológicas de un aborto. El caso, ganado por Abogados Cristianos contra la patronal abortista ACAI, no deja lugar a dudas: hubo engaño, hubo daño y hubo justicia. Pero Munárriz prefiere mirar hacia otro lado para proteger a un lobby millonario y alinearse con el nuevo comodín electoral del PSOE.
Los hechos son claros. Una mujer aborta, sufre graves secuelas psíquicas y descubre que la web de ACAI le mintió al asegurar que el aborto no tiene riesgos. La justicia, primero en Oviedo y después en el Supremo, fue tajante: ACAI engañó. La sentencia reconoce el daño psicológico, algo respaldado por estudios y testimonios que el progresismo niega porque incomoda su relato. Esta victoria judicial desmonta la gran mentira: el aborto no es la panacea que venden los empresarios de ACAI, sino un negocio que factura millones a costa del sufrimiento femenino.
¿Y qué hace Munárriz? Ignora a la víctima. Prefiere dar voz a Laura Berja una exdiputada del PSOE asidua a las cenas del Tito Berni, que además es una activista abortista que ha impulsado leyes para perseguir a los provida. ¿Neutralidad? Ninguna. ¿Es esta una fuente fiable? No. Es subjetivismo sectario. El periodista sumiso trata de colarla como tal.
Luego menciona en su artículo a José Antonio Bosch, abogado de la ACAI, que perdió el juicio y ahora acusa a los jueces de “sesgo”. Bosch, abogado a sueldo del lobby abortista que factura millones, no asume su estrepitosa derrota. Su argumento de “tribunales conservadores” es la pataleta de quien no quiere reconocer que fracasó. Munárriz, lejos de cuestionarlo, amplifica su discurso, obviando las secuelas de la mujer demandante (realmente la de miles de mujeres) y la contundencia de la sentencia.
El artículo no busca hechos, busca imponer el relato: el aborto como un “derecho” sin consecuencias, incluso constitucional. Niega el síndrome posaborto, ignora a las víctimas y protege a ACAI, un emporio que engaña a mujeres vulnerables.
Y mientras, el pluriacomplejado alcalde de Madrid, Martínez-Almeida, se arrodilla ante las presiones progres y se desdice para que no se informe a las mujeres de las secuelas del aborto.
Las víctimas del negocio del aborto merecen verdad, no propaganda al servicio de los intereses del poder.
