El avance de un régimen de censura global impulsado por la Unión Europea amenaza la libertad de expresión y busca imponer restricciones que pueden extenderse a todo el mundo democrático.
Europa abre la puerta a un régimen de censura global
La experiencia de la parlamentaria finlandesa Päivi Räsänen muestra el riesgo real de este régimen de censura global. Las autoridades la llevaron ante los tribunales por tercera vez por un tuit de 2019 en el que compartió un versículo bíblico y expresó sus convicciones sobre el matrimonio y la sexualidad. Este proceso refleja cómo gobiernos europeos castigan la expresión pacífica de la fe cuando se otorga poder a burócratas globalitas para vigilar y censurar opiniones.
La Ley de Servicios Digitales (DSA) refuerza ese modelo. Esta norma concede a la Unión Europea la capacidad de eliminar contenidos en plataformas con más de 45 millones de usuarios. Además, otorga a las instituciones la autoridad para decidir qué información resulta “insegura” y qué debe desaparecer. El diseño normativo permite que la definición más restrictiva de contenido ilegal se aplique en toda la UE, lo que siembra un escenario donde el régimen de censura global actúa sin freno.
Un grupo de 113 expertos internacionales advirtió a Bruselas sobre los peligros de la DSA, que abre la puerta a órdenes de retirada de contenidos a escala mundial. El texto ignora ese aviso. Las plataformas afrontan multas millonarias si no obedecen, mientras ningún incentivo promueve la libertad de expresión.
La DSA como motor de censura exportada al mundo
A finales del mes pasado, la UE anunció investigaciones y posibles sanciones de hasta el 6 % de la facturación global contra Meta y TikTok. Bruselas asegura que incumplen normas de transparencia, pero el verdadero riesgo se esconde detrás del modelo. Un régimen de censura global gana fuerza cuando reguladores europeos imponen criterios que se aplican también a plataformas estadounidenses, asiáticas o iberoamericanas.
La DSA actúa de forma extraterritorial. Sus normas afectan a cualquier plataforma accesible desde la UE, incluso si opera desde países con sólidas protecciones constitucionales. Esto provoca que muchas empresas adapten sus políticas globales al estándar europeo para evitar penalizaciones. Si la UE considera algo “ilegal”, ese contenido puede prohibirse en todo el mundo. Google reconoció que la legislación europea condiciona sus decisiones. Y el embajador estadounidense ante la UE, Andrew Puzder, avisó de que la DSA amenaza la libertad de expresión en su país.
El Congreso de Estados Unidos analizó este riesgo en un informe del Comité Judicial de la Cámara de Representantes. Explicaron que la DSA puede restringir la expresión protegida por la Constitución estadounidense. Cuando un gigante tecnológico usa un único sistema de moderación global, cualquier restricción europea se transforma en un estándar universal impuesto desde Bruselas. Así, el régimen de censura global se consolida como una realidad política.
La red burocrática globalista que alimenta el nuevo poder de censura
La DSA crea una red compleja formada por denunciantes contratados, coordinadores nacionales, verificadores y autoridades supervisadas por la Comisión Europea. Este entramado funciona como un “complejo industrial de censura” cuyo modelo económico exige buscar contenido para eliminar. La deriva burocrática choca con los principios del Estado de Derecho y convierte la vigilancia ideológica en una rutina institucional.
El caso de Päivi Räsänen simboliza la amenaza. Lo que hoy sufre una diputada finlandesa puede convertirse en la situación habitual para millones de ciudadanos en Europa y en España. Si las plataformas se someten, el régimen de censura global marcará la conversación pública.
Europa no puede caer en manos de burócratas globalistas que actúan como policía mundial de la palabra. Sería el fin de la libertad de expresión. La defensa de la libertad exige rechazar este régimen de censura global que pretende decidir qué se puede decir y qué debe silenciarse. Para proteger a las futuras generaciones, debemos resistir su avance y denunciar cada abuso. Solo así evitamos que lo ocurrido con Päivi Räsänen se convierta en la nueva norma en Occidente.
