Si la enmienda sale adelante, la ley deberá volver al Congreso para ser ratificada por lo que, aunque se demorará su aprobación, pero también se pondrá el foco sobre un debate en que los populares – tan ambiguos en este tema- y que ya han demostrado en múltiples ocasiones no sentirse nada cómodos y, por tanto, a los socialistas les interesa de cara a las próximas elecciones.
El texto recoge que las administraciones públicas competentes garantizarán el aborto en los términos de la ley y velarán por evitar que la mujer se vea sometida a prácticas que pretendan «alterar, ya sea para afianzar, revocar o para demorar, la formación de su voluntad sobre la interrupción o no de su embarazo, la comunicación de su decisión y la puesta en práctica de la misma, con la excepción de la información clínica imprescindible y pertinente». Asimismo, el texto recoge que las intervenciones diagnósticas y terapéuticas asociadas con la decisión y la práctica de la interrupción del embarazo deberán basarse, en todo caso, en la evidencia científica.
La reforma de la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo se encuentra en tramitación en el Senado, donde la próxima semana será debatida en comisión y previsiblemente el 8 de febrero será aprobada en el Pleno. Al texto se han presentado más de un centenar de enmiendas, además de los vetos de PP y Vox.
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