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La sumisión del gobierno de Sánchez ante las agendas globalistas y la clamorosa dejación de funciones en la custodia de nuestras fronteras han colocado a España ante una gran crisis de seguridad nacional. Bajo el amparo de una retórica de promoción de la inmigración masiva ha desarmado de forma deliberada el escudo protector del país, normalizando el descontrol migratorio y permitiendo que el extremismo terrorista islámico eche raíces en el territorio nacional. Los datos oficiales de los propios ministerios desmontan cualquier intento de propaganda gubernamental, evidenciando una preocupante realidad que pone en jaque la paz social y la supervivencia civilizatoria de la nación.
El alarmante repunte de arrestos en la era del sanchismo
La amenaza yihadista islamista se intensifica en España: casi 550 detenidos desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa. Los registros estadísticos reflejan la magnitud de un problema que el Ministerio del Interior intenta camuflar de manera constante. España cerró 2025 con 100 detenidos por terrorismo yihadista, la cifra más alta desde 2004, el año de los atentados del 11-M, y lo hizo además con 64 operaciones policiales, el máximo de toda la serie histórica. El dato procede de la tabla oficial de la Secretaría de Estado de Seguridad consultada por La Gaceta y que fue actualizada a 23 de septiembre de este año. Desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa suman ya 537 detenidos, resultado de añadir a los 525 que Interior contabiliza desde 2019 los doce de la segunda mitad de 2018 que se desprenden del registro del Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo.
El salto cuantitativo frente a periodos precedentes
Un 61% más que en la década anterior. La comparación con periodos anteriores ayuda a medir el salto. En el último lustro, de 2021 a 2025, fueron detenidas en España 344 personas por yihadismo, un 28% más que en el lustro precedente, cuando hubo 269, un 54% más que entre 2006 y 2010 y más del doble que entre 2011 y 2015. Si se amplía el foco a la década el resultado es todavía más claro. Entre 2016 y 2025 se practicaron 613 detenciones frente a las 380 de los diez años anteriores, un incremento del 61%, mientras que las operaciones policiales pasaron de 128 a 371 y casi se triplicaron.
Una aceleración que desmiente el éxito del relato oficial
La tendencia, lejos de moderarse, se ha acelerado en los últimos ejercicios. El trienio 2023-2025 se saldó con 259 detenidos, un 112% más que los 122 del trienio anterior y un 88% por encima de la media anual registrada entre 2005 y 2022. Los 100 detenidos del año pasado representan un 245% más que los 29 de 2018, el registro más bajo de la última década, y 2026 llevaba ya 86 a finales de septiembre, con lo que apunta a batir un récord recién establecido.
El Ejecutivo suele presentar estas cifras como un éxito policial y, en efecto, lo son, gracias al trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y del CNI. Ahora bien, cada detención revela también una amenaza que estaba ahí, y un país que necesita detener al doble de yihadistas que hace tres años tiene, como mínimo, el doble de problema. El triunfalismo de Fernando Grande-Marlaska choca frontalmente con la cruda realidad de unas calles cada vez menos seguras para el ciudadano de a pie.
El desastre absoluto de la frontera sur como epicentro del peligro
La debilidad manifiesta ante Marruecos y la falta de respaldo institucional a la Guardia Civil y a la Policía Nacional han convertido los perímetros limítrofes en auténticos coladeros. El mapa de Interior, con datos acumulados desde 2012, sitúa en cabeza a Barcelona, con 163 detenidos, y a Madrid, con 115, algo esperable por población. Lo llamativo viene a continuación. La tercera provincia de España en detenidos por yihadismo es Melilla, con 89, y la cuarta es Ceuta, con 46 detenciones. Dos ciudades que apenas reúnen el 0,35% de la población concentran el 16,8% de los arrestos, hasta el punto de que Melilla, en proporción a sus habitantes, multiplica por más de 35 la tasa de Barcelona.
Tampoco se trata de un fenómeno del pasado. En octubre de 2022 cayó en Melilla una célula de ocho personas dirigida por el imán de una mezquita, en diciembre de 2023 fueron detenidas otras nueve y en lo que va de 2026 la ciudad suma once arrestos, más que cualquier otra provincia de la que hay dato. Son precisamente las dos fronteras donde más ha crecido la presión migratoria, con una vía terrestre a Ceuta que ha pasado de 289 entradas ilegales en 2020 a 3.523 en 2025, y eso sin contar los episodios de invasión territorial que vulneran sistemáticamente la soberanía de España.
El nexo indiscutible entre inmigración ilegal y células islamistas
La insistencia del Gobierno en desligar la seguridad de las olas de inmigración clandestina constituye un insulto a la inteligencia de los españoles y una temeridad imperdonable. Entraron de forma ilegal. La relación entre inmigración ilegal y terrorismo islamista es cada vez más manifiesta.
La impunidad en Ceuta y el descontrol del Centro Nacional de Inteligencia
La situación de caos institucional llegó a un punto culminante durante el verano de 2026, cuando el Gobierno permitió la invasión masiva del territorio nacional sin activar los mecanismos de defensa pertinentes en Ceuta. El 30 y el 31 de julio de 2026 cruzaron a Ceuta decenas de miles de invasores sin control fronterizo alguno. Seis semanas más tarde, el 10 de septiembre, la Guardia Civil detuvo en la ciudad, durante un control, a un condenado en firme por yihadismo que tenía prohibida la entrada en España y que, según fuentes de la lucha antiterrorista, pudo colarse en la avalancha.
Es, por ahora, el único caso acreditado. Distintos medios han publicado que el CNI alertó a Interior de la entrada de tres terroristas y que se busca a una docena de perfiles yihadistas, aunque el Ministerio no ha ofrecido cifra alguna ni parece en condiciones de hacerlo, porque un Gobierno que dos meses después sigue sin consolidar cuántos entraron difícilmente puede saber quiénes.
Esta absoluta incapacidad para fiscalizar la identidad de quienes acceden de manera violenta a España evidencia la negligencia criminal de un Ejecutivo más preocupado por contentar a las organizaciones globalistas que por salvaguardar la integridad de los españoles. El balance de inmigración ilegal y el de terrorismo islamista acaban conduciendo al mismo lugar. La frontera con Marruecos es la que registra las entradas masivas, la mayor tasa de detenidos por yihadismo de España y el mayor agujero de seguridad de los últimos años. La claudicación de la Moncloa ante las presiones internacionales entrega de facto la seguridad de la patria a intereses hostiles y ajenos, consagrando un abandono histórico de la soberanía nacional que la historia juzgará con severidad.
