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La soberanía de una nación y la integridad de sus fronteras constituyen el deber más sagrado de cualquier gobernante digno. Sin embargo, la historia reciente de España con el gobierno de Sánchez refleja una claudicación sin precedentes ante las ambiciones expansionistas del reino de Marruecos. El gobierno no falló por negligencia o falta de medios; el Ejecutivo de Pedro Sánchez decidió desproteger de forma deliberada el suelo patrio. El comportamiento gubernamental ante la crisis fronteriza no responde a un error de cálculo, sino a una complicidad pasiva y vergonzosa que dejó a los pies de los caballos a los ciudadanos de la ciudad autónoma. La gravedad de los hechos exige luz y taquígrafos ante los tribunales de justicia.
Las evidencias que acumula el juzgado de instrucción
La investigación de la juez Tardón sobre la invasión de Ceuta camina con paso firme tal como recoge Carlos Cuesta en Libertad Digital . Y los documentos ya remitidos y las testificales aportadas hasta este momento han confirmado que el Gobierno no defendió Ceuta porque no quiso: tuvo advertencias de sobra y las negó cuando las evidencias certifican que los informes fueron emitidos y llegaron hasta la Administración. Esta flagrante inacción institucional adquiere tintes de traición cuando la documentación oficial saca a la luz el caudal de datos que manejaban los ministerios de Interior y Defensa días antes del asalto.
Un informe de inteligencia, elaborado por el analista Chema Gil, y que recoge Libertad Digital, se ha encargado de recopilar todas las pruebas aportadas hasta el momento a la Audiencia Nacional. Y la conclusión es difícilmente rebatible:
«El fallo no fue de información. Fue de decisión. A la fecha de cierre, y mientras el Gobierno no acredite lo contrario con documentos, se valora acreditada una gestión gravemente deficiente de la crisis por parte del Gobierno de España«.
El colapso interno de la cadena de mando nacional
La parálisis del aparato estatal no nació de la improvisación, sino de una orden política implícita de mirar hacia otro lado para no incomodar al régimen de Rabat. Las conclusiones de este informe son las siguientes:
«El Estado obtuvo y transmitió inteligencia convergente de máxima fiabilidad con al menos tres días de antelación», pese a lo cual, «los órganos de coordinación de la Ley 36/2015 no se activaron. La cadena se rompió entre Defensa e Interior y entre los órganos técnicos y la Presidencia».
Los responsables políticos bloquearon el flujo de información estratégica para evitar el despliegue preventivo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Hubo más fallos perfectamente identificados a estas alturas:
«Fallo de decisión. La situación de interés se declaró veinticinco días después de la entrada, con toda la información a la vista. No se activó ninguno de los instrumentos normativos disponibles, ni siquiera el más proporcionado a lo que el propio presidente calificó de ataque».
Esta clamorosa inacción demuestra que el Ejecutivo prefirió asumir el éxito de la presión marroquí antes que activar las herramientas legales de Seguridad Nacional que prevé la legislación espandola.
El cinismo oficial del Ministerio del Interior
La respuesta del ministro Fernando Grande-Marlaska ante las comisiones parlamentarias y los medios retrata la bajeza moral de la gestión sanchista. Además,
«el ministro del Interior negó la existencia de informes que obraban en su propio departamento y, cuando se conocieron, trasladó el debate a la magnitud y al término ‘masiva’. La inteligencia anunciaba una entrada masiva y el Estado sabía desde 2021 lo que eso significa en Ceuta».
En resumen, que el fallo
«no fue de información. Fue de decisión. A la fecha de cierre, y mientras el Gobierno no acredite lo contrario con documentos, se valora acreditada una gestión gravemente deficiente de la crisis por parte del Gobierno de España. El Estado, y al frente de él el Gobierno, no defendió Ceuta«.
Las pruebas documentales que desmienten a Moncloa
El goteo de documentos desclasificados tritura por completo las sucesivas líneas de defensa e invenciones construidas desde el aparato de propaganda gubernamental. Con las pruebas aportadas a estas alturas ya se pueden tumbar infinidad de mentiras lanzadas por el Gobierno. «Las primeras declaraciones [del Gobierno] niegan que existiera cualquier informe o aviso. Son afirmaciones de hecho, no valoraciones, y los documentos desclasificados las contradicen. Entre el 27 y el 29 de julio constan la nota C/10266 del CNI, el parte de la Policía Nacional del 27, las notas TIFA 3133 y TIFA-3136 del CENIF, los mensajes del CNI a la Delegación y a la Guardia Civil y la nota C/10399 a los servicios marroquíes. Varios de esos productos proceden de organismos del propio Ministerio del Interior: la Policía Nacional, su centro de inteligencia y la Guardia Civil».
De la negación absoluta a la minimización del riesgo
Cuando la realidad de los archivos policiales resultó innegable, los ministros de Sánchez cambiaron de estrategia de forma sibilina. Además,
«cuando empieza a conocerse que sí hubo informes, el argumento cambia de objeto. Ya no se niega que existieran, sino que alguno ‘atisbara’ lo que ocurrió. El 28 de agosto se admite que ‘había preocupación’, pero se la equipara a la de cualquier verano». Y eso es mentira. ¿Por qué? Pues porque «la inteligencia no se limitó a anunciar un aumento estival de entradas. El SIGINTREP del Regimiento de Guerra Electrónica 32 valoraba como ‘MUY PROBABLE’ que el 30 de julio se intentara ‘una entrada masiva de migración irregular’ aprovechando la Fiesta del Trono. El CNI hablaba de un llamamiento a asaltar la valla y el mar con dos grupos que sumaban unos 180.000 seguidores. El CENIF elevó el 30 la alerta a riesgo ‘extremo’ de colapso. La palabra ‘masiva’ estaba en los documentos».
El conocimiento exacto de las consecuencias del asalto
El argumento de la sorpresa resulta insostenible jurídicamente debido a los graves precedentes que el propio Ministerio del Interior gestionó en el pasado reciente en la misma plaza africana. Por otro lado,
«el adjetivo ‘masivo’ no admite un grado superior que el Estado estuviera esperando para actuar. Designa una entrada de multitud que desborda la capacidad ordinaria de control, y el Estado español sabía con precisión lo que eso significa en Ceuta. En mayo de 2021, cuando las autoridades marroquíes dejaron de contener durante unas horas, entraron entre 10.000 y 12.000 personas en dos días, y el Gobierno tuvo que desplegar al Ejército. Aquella crisis la gestionó el mismo ministro del Interior».
Moncloa sabía perfectamente qué ocurre cuando Marruecos abre de forma intencionada los pasos fronterizos.
«Con ese precedente, una alerta de entrada masiva en Ceuta no necesitaba precisar cifras para exigir medidas de contención: el Estado conocía el orden de magnitud posible, los puntos de entrada, el tiempo de reacción y el coste de no prepararse. El propio ministro fijó el criterio el 25 de agosto: si se hubiera ‘vislumbrado’, se habrían tomado ‘por sentido común’ las medidas extraordinarias. Los documentos muestran que se vislumbró. Las medidas no se tomaron», concluye el informe de inteligencia.
La pasividad del sanchismo constituye una traición flagrante a la soberanía de España que los tribunales deben castigar con toda la dureza de la ley.
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