España, paraíso de la casta: tiene 17.600 aforado frente a los 19 de Francia o uno en Italia

La casta política y judicial se blinda: aforamientos en España

Aforamientos en España es sinónimo de privilegio legal al servicio de una minoría: políticos, jueces, fiscales y miembros de la Casa Real. Esta élite vive apartada de la igualdad ante la ley. Mientras el ciudadano común debe enfrentarse a tribunales ordinarios, ellos solo responden ante tribunales superiores.

España ostenta el récord absoluto en Europa en cuanto a número de aforados: 17.600 personas. En contraste, países como Francia tienen solo 19 aforados, Italia uno, y Alemania o Reino Unido no contemplan esta figura.

Este sistema de aforamientos rompe el principio básico del Estado de Derecho, dificultando la rendición de cuentas y protegiendo la impunidad de quienes deberían dar ejemplo. Se trata de un blindaje institucional diseñado por la propia casta para protegerse entre sí.

¿Qué es un aforado y por qué se mantiene en España?

La figura del aforado permite que ciertas personas solo puedan ser juzgadas por tribunales superiores, como el Tribunal Supremo o los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos. Esta prerrogativa, que en origen se justificaba como una protección ante presiones indebidas, hoy funciona como un mecanismo de escape judicial.

Entre los aforados en España, tal y como señala The Objective, se encuentran:

• Cerca de 2.000 políticos, incluidos diputados nacionales, autonómicos y senadores.
• Más de 5.500 jueces, cuya independencia teórica queda ensombrecida por este privilegio.
• Alrededor de 2.700 fiscales, blindados frente a posibles responsabilidades.
• Los miembros del Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, y el Tribunal de Cuentas.
• Y, por supuesto, la Casa Real, con cinco miembros aforados y un Rey constitucionalmente inviolable.

Y sin contar con los 232.000 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con aforamiento parcial en caso de delitos cometidos en servicio.

Esta suma convierte a España en una anomalía democrática en el contexto europeo.

El contraste europeo: la excepción es España

En el resto de Europa, el aforamiento no existe o está extremadamente limitado. La mayoría de democracias consolidadas apuestan por un sistema en el que todos los ciudadanos sean juzgados en igualdad de condiciones.

• En Francia, solo el presidente, el primer ministro y los ministros están aforados.
• En Italia, únicamente el presidente de la República.
• En Portugal, también solo el presidente y el Consejo de Estado, con inmunidad limitada.
• En Alemania y Reino Unido, ningún cargo tiene un tribunal especial.

Existen algunas protecciones parlamentarias, como en Austria, Bélgica o Finlandia, pero siempre vinculadas a la actividad en la Cámara, y no al comportamiento personal o penal fuera del cargo. Estas protecciones no se equiparan a los aforamientos en España, donde la cobertura es total y abrumadora.

El GRECO advierte: el aforamiento impide la lucha contra la corrupción

La preocupación internacional por los aforamientos en España ha ido en aumento. El GRECO, Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa, ha señalado reiteradamente que el exceso de aforados obstaculiza la independencia judicial y alimenta la impunidad.

En su último informe de abril de 2025, el GRECO volvió a denunciar la inacción del Gobierno español en esta materia.

Mientras tanto, se multiplican los casos en los que el aforamiento protege a los corruptos, retrasa los procesos judiciales y crea una vía rápida hacia el Tribunal Constitucional, como ocurre con casos ya revisados por Conde-Pumpido, que ha favorecido la exoneración de socialistas condenados por corrupción.

Caso Gallardo y David Sánchez: manual de blindaje institucional

Uno de los ejemplos más recientes de manipulación del sistema de aforamientos en España es el caso de Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz, investigado por colocar en un cargo público a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

Gallardo, al verse acorralado judicialmente, aseguró un escaño en la Asamblea de Extremadura para obtener aforamiento y ser juzgado por un tribunal superior. Este movimiento político le permite dilatar la instrucción y probablemente evitar una sentencia condenatoria en un tribunal ordinario.

Lo más cínico del asunto es que, tras consumar la maniobra, Gallardo se manifestó a favor de eliminar los aforamientos, repitiendo el mismo discurso que el PSOE utilizó en 2018 para engañar a los ciudadanos con falsas promesas de regeneración democrática.

Una casta por encima del bien y del mal

Los aforamientos en España no son una protección institucional, sino un escudo de impunidad para una casta privilegiada que no responde ante la ley como el resto de los ciudadanos.

Mientras los medios sistémicos distraen a la opinión pública con escándalos mediáticos, la casta política, judicial y monárquica se blinda. Políticos de todos los partidos, jueces y hasta miembros de la realeza comparten un mismo interés: mantener intacto su fuero.

El problema no es solo su existencia, sino la connivencia entre poderes que se protegen entre sí. Ninguna reforma real será posible si se deja en manos de quienes disfrutan del privilegio.

La abolición de los aforamientos es una cuestión de justicia

Es hora de poner fin a este escándalo democrático. Los aforamientos en España representan una distorsión del Estado de Derecho, un privilegio injustificable que perpetúa la desigualdad y la impunidad.

Eliminar los aforamientos enviaría un mensaje claro: en España, nadie está por encima de la ley. La casta debe ser despojada de su blindaje.