En los primeros seis meses del año fallecieron 8.004 personas esperando la ayuda
Una tragedia silenciosa: el abandono del Gobierno a los dependientes no es solo una negligencia administrativa: es un crimen de Estado. Más de 26.000 personas tienen reconocido su derecho a una ayuda que nunca llega. Peor aún, 8.004 personas han muerto solo en los primeros seis meses del año mientras esperaban ser atendidas.
Cada número es una vida. Cada retraso es una condena. Y cada muerte es una responsabilidad que el Gobierno no asume.
27.000 personas abandonadas por un sistema fallido
Según los últimos datos del Observatorio Estatal para la Dependencia, 26.995 personas tienen ya aprobado el PIA (Programa Individual de Atención), pero siguen sin recibir prestación o servicio alguno. Estas cifras no son estadísticas vacías. Son personas concretas. Son ancianos, enfermos, discapacitados, madres y padres que dependen de la ayuda del Estado para sobrevivir.
El ritmo de tramitación es tan lento que, si se mantuviera así, el sistema tardaría 94 años en atender a todos los dependientes. Esta cifra resulta obscena, escandalosa e inaceptable. Y mientras tanto, el Gobierno sigue mirando hacia otro lado, obsesionado con su agenda ideológica, sus chiringuitos de género y sus pactos con separatistas.
Este abandono del Gobierno define con precisión este drama humano que se esconde deliberadamente bajo una montaña de burocracia y propaganda oficial.
Muertes evitables: una cada 15 minutos
8.004 personas han muerto en listas de espera en los primeros seis meses de 2025. De ellas, 3.960 fallecieron sin que se resolviera su grado de dependencia. Las otras 4.044 sí habían sido reconocidas como dependientes, pero no llegaron a ejercer sus derechos. Murieron esperando. Murieron abandonadas.
Esto equivale a una muerte cada 15 minutos. Si eso no es abandono institucional, ¿qué lo es? Cuando un Gobierno ignora, silencia y desprecia este drama, se convierte en cómplice de las muertes que provoca.
Este abandono del Gobierno a los dependientes no solo es inmoral: es criminal. No hay otra palabra.
Una ayuda económica que humilla y arruina a las familias
El sistema público no solo llega tarde: llega mal y con miseria. Las prestaciones económicas por cuidados familiares son una vergüenza. La media es de 264 euros mensuales, insuficiente para cubrir ningún tipo de atención digna.
Dependiendo del grado, las cifras son estas:
- 169 euros al mes para Grado I
- 277 euros para Grado II
- 385 euros para Grado III
Estas cantidades son una burla. Una limosna disfrazada de ayuda social. Mientras tanto, las prestaciones vinculadas a servicios apenas alcanzan 542 euros (Grado II) y 579 euros (Grado III) para plazas residenciales. Esto no cubre ni un tercio del coste real.
El resultado es un segundo copago que recae directamente sobre las familias, muchas de ellas sin recursos y sin alternativa. El abandono se convierte así en una cadena de sufrimiento para millones de hogares.
Un Ministerio opaco y triunfalista
El Ministerio de Derechos Sociales, dirigido por la ultraizquierda, sigue sin publicar datos completos ni transparentes. Ocultan las solicitudes no registradas. Ignoran las revisiones pendientes. Cambian los criterios de publicación para maquillar cifras.
El Panel del SAAD, principal fuente de datos oficiales, ha sido alterado para que no se pueda comparar con años anteriores. Esta manipulación impide cualquier análisis serio y alimenta una narrativa falsa de éxito. Mientras los burócratas se felicitan entre sí, miles de españoles mueren sin atención.
¿Dónde está la responsabilidad política? ¿Dónde están los medios que deberían denunciar esto a diario? El abandono del Gobierno a los dependientes es uno de los mayores escándalos morales y sociales de nuestro tiempo.
Un Gobierno que ha dejado de servir a su pueblo
El Gobierno actual no gobierna para la gente. Gobierna para sus socios. Para sus ideologías. Para sus agendas globalistas. El sufrimiento real de las personas no entra en sus prioridades. Ni la dependencia. Ni la sanidad. Las familias que soportan solas el peso de los cuidados.
Cuando un Gobierno abandona a sus ciudadanos más vulnerables, ya no es un Gobierno legítimo: es un cómplice de las tragedias que causa.
El abandono del Gobierno no se puede justificar con eufemismos ni con campañas de marketing. Esta situación clama al cielo. Exige responsabilidad. Y, sobre todo, exige justicia.
El abandono del Gobierno no es una anécdota ni un error. Es una política sistemática de desprecio hacia la vida, la dignidad y el sufrimiento de miles de españoles. Cada retraso administrativo, cada ayuda que no llega, cada vida que se pierde, es un acto de negligencia que clama justicia.
Cada 15 minutos muere un dependiente esperando. Y mientras tanto, el Gobierno aplaude su propia propaganda.
