El yihadismo en España alcanza en 2025 su nivel más alto desde el 11-M, con 100 detenidos por terrorismo islámico y una amenaza que crece ante la inacción y el permisivo político.
Un récord histórico que confirma una amenaza creciente
Pedro Sánchez repite que su Gobierno marca hitos históricos. Los datos oficiales confirman esa afirmación, aunque en un terreno alarmante. El yihadismo en España registra en 2025 el mayor número de detenidos desde los atentados del 11 de marzo de 2004.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ejecutaron 64 operaciones antiterroristas durante el año. Estas actuaciones terminaron con 100 detenidos por delitos vinculados al terrorismo yihadista. La cifra supera en casi veinte arrestos el balance de 2024, que cerró con 81 detenidos.
El incremento no responde a un hecho aislado. Marca una tendencia clara y sostenida. En 2023, las autoridades detuvieron a 78 personas. La cifra subió a 81 detenido al año siguiente. En 2025, el yihadismo en España alcanza los 100 detenidos. Cada año la cifra crece.
Desde el 11-M, las fuerzas de seguridad han detenido a 1.216 personas en 512 operaciones dentro del territorio nacional. Además, la Policía Nacional y la Guardia Civil participaron en 68 operaciones internacionales que acabaron con 158 detenidos fuera de España.
El año 2004 sigue siendo el más letal, con 131 detenidos tras los atentados. Sin embargo, la distancia con aquel máximo histórico se reduce de forma peligrosa.
Cataluña concentra el mayor número de arrestos
La estadística del Ministerio del Interior sitúa a Cataluña como la comunidad autónoma con más detenidos por yihadismo en España. Durante 2025, las fuerzas de seguridad practicaron 33 arrestos en esa región.
Este dato vuelve a poner el foco sobre territorios donde la radicalización avanza con mayor rapidez. Las redes islamistas aprovechan fallos de control, guetos culturales y discursos relativistas que promueven la difusión del radicalismo yihadista.
El yihadismo en España no surge de la nada. Crece al calor de fronteras débiles, inmigración descontrolada y falta de voluntad política para llamar a las cosas por su nombre. El terrorismo islámico no representa un problema de convivencia, sino una amenaza directa contra la vida, la libertad y la seguridad nacional.
Mientras tanto, el Gobierno evita decisiones firmes. Prefiere mensajes tranquilizadores y gestos simbólicos. La realidad avanza en dirección contraria.
Advertencias ignoradas y responsabilidades claras
El analista Rubén Pulido ya advirtió hace meses sobre este escenario. Hoy vuelve a plantear una pregunta incómoda que resume la gravedad del momento: por qué si «cerraron fronteras ante una crisis sanitaria», «nadie actúa del mismo modo frente a una crisis de Seguridad Nacional».
La comparación resulta demoledora. El Ejecutivo paralizó el país por una supuesta emergencia sanitaria. Sin embargo, ante una amenaza terrorista creciente y real, el Gobierno elige la pasividad. No refuerza fronteras ni endurece controles. No actúa con la urgencia que exige la situación.
Pulido lanza además una advertencia directa y sin ambigüedades: «Si en España tiene lugar un atentado en los próximos meses, las responsabilidades serán inequívocamente claras».
El yihadismo en España no constituye una hipótesis teórica. Los datos oficiales lo confirman. Las detenciones crecen. Las operaciones se multiplican. Las redes islamistas mantienen actividad constante.
Cada arresto evita un posible atentado. Cada fallo político acerca el riesgo. La seguridad nacional no admite cálculos ideológicos ni complejos culturales.
Un Estado que debe proteger a sus ciudadanos
España afronta una encrucijada. O refuerza la seguridad, el control fronterizo y la cooperación antiterrorista sin complejos, o asume riesgos innecesarios para la población. El primer deber de un Estado consiste en proteger la vida de sus ciudadanos.
El yihadismo en España exige respuestas firmes. Exige leyes eficaces y expulsiones inmediatas de radicales extranjeros. Exige vigilancia real de mezquitas y entornos de radicalización.
No existe margen para la ingenuidad. El terrorismo islámico ataca la libertad religiosa auténtica, la convivencia y la vida humana. Negarlo solo beneficia a los radicales.
España ya pagó un precio altísimo el 11-M. La memoria de las víctimas obliga a actuar con responsabilidad. Ignorar las señales supone una negligencia política grave.
