La hipocresía de Monseñor Omella se evidencia cuando el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau retomará abortos, mientras el arzobispado barcelonés se calla y colabora con los abortos.
Un hospital católico que se rinde ante la presión ideológica
La hipocresía de Monseñor Omella queda expuesta cuando el servicio de Ginecología del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, tal como recoge Hispanidad, confirma que esta semana retomará abortos quirúrgicos. El centro dejó de realizarlos en 2012. Trece años después, la dirección vuelve a abrir esa puerta, esta vez con un argumento y una burda excusa que no engaña a nadie.
El hospital afirma que no los practicará dentro del propio recinto, sino en un espacio habilitado del Hospital Dos de Maig, a una calle del complejo. Esta maniobra torticera e hipócrita busca limpiar la imagen del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau mientras continúa colaborando de forma directa con una práctica abortista que supone un crimen de los no nacidos y es gravemente inmoral. El convenio entre ambos centros refleja una continuidad evidente. La coherencia del arzobispado exige romper dicho acuerdo, porque lo contrario legitima el aborto. Es complicidad deliberada con los abortos.
La hipocresía de Monseñor Omella crece cuando la dirección del Sant Pau intenta presentar esta decisión como un cumplimiento técnico de la normativa pública. Sant Pau pertenece a una fundación con presencia eclesial, pero desde 1978 forma parte del sistema sanitario catalán. La Generalidad usa este hecho para imponer abortos bajo la Ley Montero, como si toda institución sanitaria, pública o privada, debiera servir a su ideología.
La estructura del patronato y el silencio del arzobispado
La Fundación Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, conocida como la Muy Ilustre Administración (MIA), cuenta con un patronato compuesto por seis miembros: dos del Ayuntamiento, dos de la Generalidad y dos del Capítulo de la Catedral de Barcelona. Esa presencia eclesial representa a la Iglesia y, por tanto, no puede permitir el aborto.
Sin embargo, la hipocresía de Monseñor Omella se manifiesta cuando el arzobispado calla, cuando no denuncia, cuando no exige una ruptura del convenio y cuando no ordena retirarse del patronato si la Generalidad obliga a realizar abortos. La moral católica no admite complicidades. El aborto es un crimen. No admite silencios estratégicos. No admite cálculos políticos para mantener posiciones públicas.
La noticia adquiere gravedad porque afecta a un hospital católico que ahora avala, de forma indirecta, una práctica incompatible con la defensa de la vida. La institución no puede funcionar como un hospital público más. El Sant Pau nació como obra de caridad cristiana. Su identidad no puede diluirse en la obediencia ciega a un gobierno que impone su ideología.
El cardenal Juan José Omella debe hablar con claridad. Debe actuar. El silencio perpetúa la hipocresía de Monseñor Omella, porque transmite una aceptación implícita del aborto en una institución que lleva la Cruz en su historia. Nadie obliga a un obispo a permanecer en un patronato que incurre en hechos contrarios a la fe. Si la Generalidad exige abortos, la Iglesia debe retirarse. Si el hospital se cierra por ello, que se cierre.
La obligación moral de una respuesta pública firme
Los fieles observan la hipocresía de Monseñor Omella con creciente indignación. La Iglesia nunca puede colaborar con el aborto, ni por acción ni por omisión. No se puede legitimar la muerte de un inocente. Un hospital católico no puede derivar abortos a un centro concertado a una calle de distancia. La excusa administrativa no sirve. La maniobra evita el escándalo directo, pero mantiene la cooperación material. Eso contradice la doctrina moral católica y la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural.
La Generalidad aprovecha el silencio eclesial para imponer su agenda ideológica. La Ley Montero busca uniformar la red sanitaria bajo un único criterio: el aborto como derecho absoluto. Las instituciones que se integraron al sistema público ignoraron que, décadas después, esa integración serviría como mecanismo para anular cualquier objeción institucional.
La Iglesia no puede renunciar a su libertad moral. La dignidad humana no puede sacrificarse en nombre de la integración administrativa. Cuando el Estado exige una acción contraria a la fe, la Iglesia responde con firmeza. Si el sistema público exige abortos, la Iglesia abandona. La hipocresía de Monseñor Omella surge cuando no se asume esa responsabilidad.
El deber de coherencia ante la cultura de la muerte
Sant Pau debe elegir entre obedecer la ley ideológica o defender su identidad católica. No existe término medio. Un hospital católico no puede aparecer asociado, directa o indirectamente, a la eliminación de vidas inocentes.
La Iglesia debe rechazar ese papel. La defensa de la vida exige valentía. Los católicos esperan claridad, acción y ruptura con cualquier estructura que legitime el aborto. La actitud e hipocresía de Monseñor Omella mina la credibilidad moral de una diócesis que debería proteger la vida sin condiciones.
La situación del Sant Pau refleja un conflicto decisivo. Si la Generalitat impone abortos, la Iglesia abandona el patronato. Si el hospital pierde su identidad, se asume la pérdida. Pero nunca se pacta con el aborto. Los católicos reclaman coherencia y defensa firme de la vida.
