El PSOE impulsa una ley para proteger derechos frente al acoso judicial, apuntando a creadores, activistas y críticos políticos.
Sánchez sigue con su hoja de ruta para silenciar a la prensa crítica y a los jueces con una nueva ley que busca castigar informaciones incómodas y controlar a los jueces que cuestionan al poder socialista.
Sánchez impulsa una ley para acallar a la prensa crítica
El Gobierno impulsa la llamada Ley Orgánica de Garantía y Protección de los Derechos Fundamentales frente al Acoso Derivado de Acciones Judiciales Abusivas. El Partido Socialista registra el texto en el Congreso y exige una tramitación veloz. La maniobra confirma cómo Sánchez quiere aprobar un marco legal pensado para castigar al periodismo independiente y a los jueces que no comulgan con sus intereses.
El PSOE afirma que el objetivo consiste en proteger a la ciudadanía frente al acoso judicial. La realidad muestra otra intención: blindar al presidente y a sus socios, amigos y familiares de cualquier investigación por corrupción y castigar a quienes ponen luz sobre sus abusos. El texto considera “creadores” a quienes informan sobre los escándalos del poder. Así, Sánchez silencia a la prensa crítica con una ley escrita desde el miedo.
El partido del presidente declara: «La sociedad española cuenta con una enorme diversidad política y cultural y se ha caracterizado en las últimas décadas por la resolución pacífica y democrática de sus distintos conflictos y discrepancias, fruto de la existencia de distintos puntos de vista». Un mensaje que choca claramente con sus acciones.
El PSOE continúa: «No obstante, en los últimos años han emergido dos circunstancias que han tensionado dichos mecanismos sociales de debate y las instituciones que los encauzan». Después describe la aparición de sectores “autoritarios”, concepto que utiliza para etiquetar a todo aquel que critica al Ejecutivo. Con esta maniobra, Sánchez quiere silenciar a la prensa crítica al presentar la discrepancia como amenaza.
El Gobierno acusa a la oposición mediática de acoso judicial
El texto señala: «Por un lado, la aparición de sectores manifiestamente autoritarios que en lugar de buscar un contraste de puntos de vista con base en debates informados buscan la plena exclusión de la vida pública de los que mantienen posiciones contrarias». El PSOE pretende convertir en dogma que la crítica constituye exclusión. Con esa estrategia, Sánchez criminaliza la disidencia.
Continúa: «Y, por otro lado, el empleo de estrategias abiertamente lesivas para los derechos fundamentales de aquellas personas y organizaciones enfrentadas a los sectores antes mencionados.»
El Gobierno señala a artistas, activistas y políticos como supuestas víctimas del acoso judicial. Sin embargo, oculta la realidad: muchos han protagonizado corrupciones, polémicas o delitos que merecen la denuncia y el escrutinio público. El Ejecutivo intenta frenar ese escrutinio porque descubre corrupción, abusos de poder y pactos oscuros.
El PSOE reconoce que busca un “parapeto frente a las informaciones críticas” elevadas a los tribunales. Con esta confesión, el Gobierno afirma sin pudor que quiere detener las acusaciones populares que señalan la corrupción socialista. El propósito queda claro: Sánchez silencia a la prensa crítica y a la acción popular y reduce la responsabilidad del poder ante la Justicia.
El ataque directo al Poder Judicial
El PSOE declara que la futura ley «se enmarca en ese mismo esfuerzo dirigido a proteger las posibilidades de participación en la vida democrática». La afirmación suena vacía cuando la reforma apunta a reducir la capacidad de acción de jueces que investigan al poder. De hecho, Sánchez maniata a la Justicia.
El partido continúa: «El objetivo de esta ley es, por tanto, garantizar derechos fundamentales y, concretamente, el derecho al honor, a la libertad de expresión y creación y a la participación política». El mensaje utiliza un lenguaje amable que esconde una intención más dura: controlar lo que los jueces pueden decir y castigar a quienes informan sobre los escándalos del Gobierno.
El texto señala estrategias concretas: «Primero, el recurso a tipos penales claramente obsoletos con el ánimo de atacar a creadores y activistas […] con la expectativa de que se autocensuren». El PSOE acusa a los medios de buscar autocensura cuando practica esa misma presión. Así, Sánchez silencia a la prensa crítica acusándola de actuar como él actúa.
Sobre la Justicia, el PSOE añade: «Segundo, el intento de influir sobre la Administración de Justicia, instando a los jueces y magistrados a posicionarse políticamente.» La frase pretende denunciar interferencias imaginarias mientras prepara una ley que sí influye en los jueces. Con la reforma, Sánchez silencia a la prensa crítica y presiona a la magistratura.
Una ley para controlar a los jueces incómodos
La reforma regula «las causas de abstención en la Ley Orgánica del Poder Judicial y, en su caso, recusación», y establece una nueva causa en el artículo 219. El texto introduce una cláusula que permite apartar a jueces que expresen opiniones sobre instituciones públicas.
El PSOE detalla que esa recusación aplicará cuando los jueces «exterioricen manifestaciones públicas censurando, o mostrando acuerdo o desacuerdo con las actuaciones o instituciones públicas o sus representantes». La reforma impone silencio a los jueces que quieran alertar sobre presiones políticas. Así, Sánchez silencia a la prensa crítica y también a quienes deben defender la ley.
El Gobierno quiere controlar la información, la opinión y la Justicia. Este proyecto abre la puerta a un poder sin contrapesos. Resulta imprescindible denunciar este ataque a la libertad y defender la separación de poderes, la libertad informativa y la voz de los ciudadanos.
