Este año (si no hay un milagro, en Diciembre) cumplirá 18 años la nefasta Ley que el gobierno Zapatero impulsó “contra la Violencia de Género” (Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género LIVG). Parece tiempo suficiente para valorar lo que ha supuesto, y sigue suponiendo para nuestra sociedad y para el objetivo “teórico” para el que se promulgó.
En primer lugar, es lógico constatar si su objetivo literal, que sería actuar para reducir/eliminar la violencia contra las mujeres en las familias y en las relaciones sentimentales extrafamiliares, se ha cumplido y hasta qué extremo. Según los datos del CGPJ, el número de mujeres muertas (y el número de órdenes de protección dictadas, han tenido una pequeña reducción, aunque con un menor número total de matrimonios y parejas de hecho, por lo que no hay una mejora sustancial en la situación (en cuanto a los hombres muertos o con medidas de protección no están en las estadísticas). Tampoco parece que la situación mejore mucho en cuanto a percepción social. Es decir, esta cacareada ley no ha tenido una eficacia real sobre el terreno, y eso sin contar con los tremendos efectos negativos colaterales.
En segundo lugar, tanto sus fundamentos y consecuencias son de una gravedad sustancias, que debería llevarnos cuanto antes a modificarla urgentemente. Pero para ello, hay que considerar cuidadosa y seriamente de qué estamos hablando, más allá de eslóganes y “dogmas” tan caros a los feministas radicales y a los grupos políticos que manejan esta ideología como herramienta de poder, influencia social y política, y también para el enriquecimiento propio.
El problema fundamental es el uso ideológico de algo tan grave como la violencia, que puede aparecer en las relaciones humanas, y que es especialmente grave dentro de la familia o en las relaciones afectivas. Se empieza por un apriorismo ideológico, de que el problema fundamental es la violencia de los hombres contra las mujeres debido a su “machismo” sustancial que les lleva a considerarse superiores a ellas. Partiendo de este auténtico dogma que consienten que nadie discuta, se procede a aislar este tipo de violencia, con lo que la violencia de las mujeres contra los hombres se vuelve invisible o ,como mucho, consecuencia de su violencia primaria. Igualmente, se difumina/olvida/reinterpreta la violencia contra los niños, los ancianos, etc. Así, si un padre asesina o maltrata a un niño es otra forma de violencia contra la mujer y los medios de comunicación lo condenan y pregonan, si es la madre la culpable, pues se la defiende y se la indulta si hace falta (casos como los de María Sevilla o Juana Rivas).
Evidentemente, con esta visión apriorística, es difícil que sus medidas sean eficaces. Si la “violencia machista” se da por su maldad intrínseca y complejo de superioridad, aparte de leyes injustas, se darán cursos de igualdad, se guardarán minutos de silencio selectivos en los ayuntamientos y otra serie de acciones más ideológicas que eficaces. Si s analizaran seriamente las situaciones reales, se podría ver las causas reales (entre las que alguna vez podría estar esa idea de “superioridad”, claro) de los conflictos y agresiones. Poco tienen que ver los casos de drogas y alcohol, con los conflictos pasionales por celos o similares, o la lucha por los hijos o los bienes en caso de ruptura. Y no creo que un curso de igualdad pudiera solucionar mucho en estos casos.
Otro aspecto a considerar es la realidad sociológica de estos problemas:
– Para empezar, España está muchísimo mejor que otros países donde es mucho más grave esta violencia en cuanto al número de afectados. Esta información se suele “olvidar”.
-Por una parte, se da muchísimo más en parejas de hecho que en matrimonios: 8 veces más (en 2020 sólo el 39% de las víctimas tenían un vínculo matrimonial, y eso que los matrimonios eran el 84% de las uniones). Está claro que una relación más estable es más favorable a la convivencia.
– Por otra parte, la nacionalidad también muestra grandes diferencias: el 40% de las víctimas y el 30% de los agresores eran extranjeros, a pesar de representar sólo el 11% de la población. Está claro que los aspectos culturales y de integración pesan mucho, y deberían considerarse a la hora de combatir este fenómeno.
En cualquier caso, la Ley llega a extremos gravísimos al partir de esa ideología antivarón, y es un caso singular en nuestro entorno (por ejemplo en Francia, una ministra feminista se opuso a algo parecido porque iba contra la igualdad, base del sistema democrático). Sin embargo, en España llevamos 18 años con una ley que aplica castigos distintos según el sexo de acusado y víctima: Así por amenazas o coacciones, el hombre iría a la cárcel entre 6 meses y un año, y la mujer haría trabajos comunitarios o estaría localizada. Por maltrato de obra el hombre tendría el doble (6 meses a 1 año) que la mujer (3 meses a 1 año). Por fin, para las lesiones graves, el hombre cumpliría entre 2 y 5 años, frente a la mujer (3 meses a 3 años).
Es tan injusto y tan radicalmente inconstitucional (Artículo 14: Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social), que es increíble que, salvo casos puntuales (el PP cuando se aprobó la ley, Ciudadanos cuando empezó hasta que le criticaron y actualmente Vox), no haya una crítica y una movilización para modificar esta situación tan injusta.
Lo que ya llega al esperpento es que los argumentos de sus promotores son contradictorios, porque si la violencia es un hecho “básicamente masculino”, no habría problema en que las penas fueran iguales, sino en que no fueran lo suficientemente duras para castigarla.
Por otra parte, se niegan las consecuencias, tal vez indeseadas al hacer la ley pero no por ello menos graves, de las denuncias falsas como forma de presión en las familias con problemas o en procesos de ruptura. Se acude a que es un porcentaje ridículo, agarrándose a las condenas judiciales, obviándose el enorme número de denuncias archivadas, al número desproporcionado de denuncias en viernes (que obligan a permanecer en el calabozo hasta el lunes) y a todo otro tipo de manejos y abusos, que cualquiera conoce. Una democracia se basa aparte de en la igualdad fundamental en el principio de la presunción de inocencia.
En definitiva, la LIVG no sólo es ineficaz para reducir la violencia, sino que por sus sesgos ideológicos perpetra graves injusticias en valores básicos de nuestra sociedad, oculta otras violencias contra los hombres, niños o ancianos, amén de generar graves abusos por los mecanismos judiciales generados.
Otro día hablaremos de las enormes cantidades de dinero público destinadas teóricamente a luchar contra la violencia, y que terminan pagando sustanciosos sueldos y otras sinecuras a innumerables grupos y “ONGs” (la mayoría ligados casualmente a los partidos, sindicatos o grupos más radicales en este tema) más que ayudando en este triste problema.
Mariano Martínez-Aedo | Vicepresidente IPF
