El pasado once de julio, mediante nueve reales decretos muy al gusto de los valores ideológicos del gobierno social comunista de Pedro Sánchez, se ha aprobado la retirada de las medallas del mérito al trabajo otorgadas a Francisco Franco y otras nueve figuras relevantes del régimen anterior. Todo el procedimiento, se engloba en el conjunto de acciones programadas por la más que cuestionable Ley de Memoria Histórica/Democrática.
En mi opinión, la mencionada ley, ni responde a la historia, pues la tergiversa, manipula y pervierte los hechos acaecidos; ni se puede catalogar de democrática, dado que sólo tiene como fin el revanchismo de los que se autodenominan herederos del bando que perdió la guerra civil. Bando que nunca fue auténticamente democrático como atestigua su llegada al poder tras unas elecciones cuyo resultado es documentadamente cuestionable, así como por la aparición de una consiguiente etapa de excesos y violencia consentida que culminó con el asesinato del líder de la oposición por guardias de asalto y afiliados al PSOE con el desencadenamiento de la guerra civil. El mismo nombre de esta ley supone una contradicción terminológica para cualquier persona con un mínimo de capacidad crítica, dado que la memoria es un concepto subjetivo y selectivo que, en este caso, pretende contaminar el concepto de Historia que es un concepto objetivo y que nunca debería ser sometido a filtros interesados de tipo ideológico o partidista.
Dejando para más adelante mis valoraciones personales, me permitiré la licencia de invitar al lector a un ejercicio de reflexión sobre uno de los personajes agraviados por los reales decretos mencionados. Imagínense un ministro de trabajo, cuya labor se encuadra en el contexto Histórico de la España de la postguerra en los años cincuenta del pasado siglo. Una España, sufriente, asfixiada por las estrecheces de la postguerra y aislada internacionalmente por la influencia perniciosa del bando perdedor en el exilio. Una nación, cuya sociedad y trabajadores, presentaban graves carencias en derechos y coberturas sociales y que había sido víctima de sectarismos y de las luchas ideológicas durante largo tiempo.
Ahora, imagínese que el mencionado ministro, ante todas estas vicisitudes, sin apenas recursos y, muy a menudo, con la oposición de los sectores reaccionarios, consigue dotar a la sociedad civil y trabajadora de una extensa serie de derechos, inéditos hasta entonces. Primero, mediante decreto, instaura la obligatoriedad de las pagas extraordinarias de Navidad y la de verano (llamada del dieciocho de Julio). Crea las Magistraturas de Trabajo y dota de protección real a los trabajadores, mediante el instrumento de las Mutualidades. A su vez, y mediante estás, formaliza las prestaciones de desempleo y los subsidios por enfermedad e incapacidad laboral. Inaugura el primer instituto de Medicina, Higiene y Seguridad del Trabajo, instaura el seguro de vejez, que ahora lo llamamos jubilación, y crea la pensión de viudedad.
Por si fuese poco, crea las Universidades Laborales, embrión de lo que hoy conocemos como Instituto de Formación Profesional, que permitieron el acceso a la formación laboral de la población sin recursos. También fomenta la construcción de miles de viviendas sociales, con el fin de dotar a la clase trabajadora, de una vivienda digna y económica.
Cualquier lego en historia podría imaginar que tal magnitud de logros sociales, bien podría corresponder más al imaginario de las luchas sindicales y de supuestos gobiernos progresistas, que a lo conseguido por un ministro del vilipendiado régimen de Franco.
Muchos de ustedes, sabrán de sobra a quién corresponde la autoría de tales reformas, pero para aquellos a los cuáles se les haya impedido conocer la verdad histórica, bajo sistemas educativos marcadamente ideológicos, hay que decir que este precursor, que afianzó el estado de bienestar y los derechos laborales en nuestra querida piel de toro, es Don José Antonio Girón de Velasco, al que la actual ministra de Trabajo quiere condenar al olvido y a la ignominia; con el solo objeto de obtener unos minutos de publicidad en la televisión antes de las próximas elecciones generales, y atraer los votos, alimentando el odio, de unos pocos ignorantes radicales que no tienen interés alguno en conocer la verdad histórica.
Ahora, bajo la acusación de ser un represor social y al amparo de la sectaria y profundamente injusta ley de memoria democrática, se le despoja de la medalla al Mérito en el trabajo, justamente obtenida por su labor en favor de los trabajadores, con objeto de vilipendiar su nombre y borrar una labor que, con toda seguridad, en algún momento alguien se apropiará de ella en un rasgo más de memoria sectaria y delirante.
Una vez más, la injusticia sectaria de este gobierno social comunista que se ceba, de manera interesada y torticera, con aquellos que utilizaron su vida política y personal para servir de buena fe, y con notable éxito, a los españoles. Injusto tratamiento que contrasta con los honores que ha otorgado, el PSOE, a personajes del frente popular que cometieron enormes atrocidades durante la guerra civil como es el caso de Santiago Carrillo en la matanza de Paracuellos.
Pero quédense tranquilos por la infamia infligida injustamente a mi tío abuelo. Nunca fue amigo de medallas ni de reconocimientos. Estoy seguro que diría: “No te preocupes, sobrino, en esta vida lo que queda, queda… y la conciencia es eterna”. “Para liquidar a los pueblos, se empieza por privarlos de su memoria. Destruyen tus libros, tu cultura, tu historia. Y alguien más escribe otros libros, les da otra cultura, inventa otra historia; después de eso, la gente comienza a olvidar lentamente lo que son y lo que fueron. Y el mundo que te rodea se olvida aún más rápido” (Milan Kundera). Todo hace pensar que las nuevas generaciones no podrán tener una visión veraz de nuestra historia, víctimas de la mentira y la manipulación ideológica.
No puedo evitar que estas injusticias me hagan sentir auténtica vergüenza de ser español.
Ángel Carlos Pérez Girón | Empresario
