El sprint final entre la libertad y el golpe de Sánchez: La UCO acelera

Como lo hemos dicho en diversas ocasiones desde Adelante España: estamos asistiendo a un sprint final entre la imposición de un golpe de Estado por parte de Pedro Sánchez y sus cómplices, y por el otro lado, el resto de españoles que luchamos por la libertad. Estamos llegando al final.

En este escenario, la UCO acelera contra el PSOE. Lo hace antes de que entre en vigor la llamada Ley Bolaños, una normativa diseñada por Sánchez y Bolaños para blindarse judicialmente y arrebatar el control de las investigaciones penales a los jueces.

La UCO trabaja “a destajo” ante el intento de control de la Justicia

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está trabajando “a destajo” para avanzar lo máximo posible antes de que la Fiscalía, dependiente del Gobierno, tome el control de las investigaciones.

La UCO investiga una operación que apunta a una trama de financiación ilegal del partido y que ya salpica a figuras clave como José Luis Ábalos, Koldo García Izaguirre y Santos Cerdán.

El Ejecutivo de Sánchez, consciente del riesgo, ha activado un plan legislativo para bloquear las pesquisas antes de que llegue el verano. La conocida como Ley Bolaños, si se aprueba, permitiría a los fiscales asumir el mando total sobre causas judiciales, apartando a los jueces instructores y anulando la autonomía de cuerpos como la UCO.

Diligencias clave contra el PSOE: el Supremo mueve ficha

El Tribunal Supremo, a través del magistrado Leopoldo Puente, ha ordenado nuevas diligencias clave en el caso. Entre ellas: Datos fiscales y laborales de Ábalos durante su etapa como diputado; Revisión de donaciones personales al PSOE; Información cruzada de la Agencia Tributaria y la Seguridad Social.

La UCO acelera en coordinación con el alto tribunal, siguiendo la trazabilidad económica de los implicados y destapando vínculos entre empresarios, sociedades mercantiles y contratos públicos bajo sospecha.

El PSOE, en el punto de mira por financiación ilegal

Aunque todavía no hay una imputación formal, fuentes jurídicas aseguran que no se puede descartar que el PSOE sea acusado por financiación ilegal antes de que acabe el mes de julio.

Todo dependerá de la rapidez con que la UCO consiga la información y de la resistencia del Ejecutivo a ceder ante la Justicia.

Si los informes apuntalan las sospechas de uso indebido de fondos, la causa podría desembocar en un proceso judicial histórico en España.

El peligro de la “Ley Bolaños”: un asalto al poder judicial

No nos cansaremos de repetirlo. La llamada Ley Bolaños no es una mera reforma técnica. Se trata de una modificación estructural del sistema penal, por la cual el Gobierno quiere subordinar las investigaciones judiciales al poder ejecutivo a través del control de la Fiscalía.

Esto permitiría a Pedro Sánchez y sus aliados frenar cualquier causa incómoda, incluidas las relacionadas con corrupción, malversación o delitos electorales. Un verdadero golpe de estado judicial. Sería la implantación de la dictadura en España. Debemos ser consciente de lo que supone la «Ley Bolaños». Esta ley supone una demolición institucional que transforma la democracia en una autocracia de partido único.

La UCO acelera porque sabe que, si no obtiene resultados antes de la aprobación de la ley, todo el esfuerzo podría quedar bloqueado por orden política.

Una operación a contrarreloj bajo presión máxima

La presión es máxima. La UCO acelera porque sabe que el tiempo corre en su contra.

Si los informes llegan a tiempo, y si se confirman las sospechas de estructuras paralelas financiadas con dinero público, estaríamos ante un golpe judicial de efecto devastador para el Gobierno.

¿Ganará la libertad o el blindaje del poder?

La pregunta clave es: ¿Quién ganará esta carrera? ¿La verdad y la Justicia o la dictadura sanchista y el blindaje del poder?

La UCO acelera porque los agentes todavía creen en la independencia judicial. Creen en un sistema donde la ley esté por encima del partido. Donde no se borren las pruebas, ni se frene la verdad, por decreto ministerial.

Estamos ya llegando al final. La libertad se juega su última carta. Si el Ejecutivo logra imponer su reforma, será el fin de los contrapesos constitucionales y el inicio de una nueva etapa autoritaria.

La UCO acelera porque sabe que el momento es ahora. Si no se actúa con decisión, será demasiado tarde. La libertad no se defiende sola. Hay que pelearla. Y el tiempo se agota.