Cumpliendo una de sus promesas más firmes de campaña, el presidente Trump ordenó en marzo la cancelación del financiamiento al principal órgano de control poblacional de la ONU: el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
La decisión ya es efectiva. Más de 40 proyectos que promovían el aborto, la esterilización y la anticoncepción han recibido notificaciones de cancelación. Se han cortado cerca de 335 millones de dólares en fondos, una medida que representa no solo un acto de coherencia política, sino una defensa concreta de la vida de miles de niños por nacer en todo el mundo.
Pero lo que realmente sacudió al UNFPA fue el anuncio del 9 de mayo, cuando la administración Trump declaró formalmente que esta agencia de la ONU violaba la Enmienda Kemp-Kasten. Esta disposición, en vigor desde 1985, prohíbe que cualquier fondo estadounidense se destine a organizaciones que, a juicio del Presidente, participen en programas de aborto coercitivo o esterilización forzada.
La implicación fue contundente: el UNFPA, involucrado activamente en este tipo de prácticas alrededor del mundo, quedó descalificado para recibir un solo centavo más de ayuda de Estados Unidos durante lo que reste del mandato de Trump. Una decisión que no solo tiene base legal, sino también un fuerte respaldo moral.
Como alguien que trabajó codo a codo con el congresista Jack Kemp y el senador Bob Kasten para impulsar la Enmienda Kemp-Kasten desde sus inicios, no puedo sino celebrar esta decisión con profunda satisfacción personal.
Mi propia investigación en China fue la primera en exponer ante el mundo la brutal realidad de la política del hijo único. Mujeres embarazadas sin “permiso oficial” eran sometidas a una escalada de amenazas, persecuciones, arrestos e incluso prisión, hasta que accedían a abortar a sus hijos y luego eran forzadas a la esterilización. Una maquinaria estatal del terror, disfrazada de política pública, que el UNFPA no solo toleró, sino que apoyó abiertamente.
Años más tarde, fue el trabajo de campo del Population Research Institute (PRI) el que aportó la evidencia más contundente sobre la participación directa del UNFPA en la política del hijo único en China. Pero no se trataba de un caso aislado. Investigaciones posteriores en países como Vietnam y Perú revelaron el mismo patrón: el UNFPA respaldaba programas de control poblacional marcados por tácticas coercitivas y violaciones sistemáticas de derechos humanos. Lejos de ser una excepción, la coerción era parte estructural de su modelo de intervención global.
Como era de esperarse, el UNFPA reaccionó rápidamente con un comunicado cargado de victimismo, expresando su:
“…profundo pesar por el anuncio de los Estados Unidos de América de su intención de negar financiación futura a la organización al activar la Enmienda Kemp-Kasten. Esta decisión se basa en afirmaciones infundadas sobre el trabajo del UNFPA en China, que han sido refutadas hace tiempo —incluso por el propio gobierno de EE. UU.—.”
Pero lo que el UNFPA califica como “afirmaciones infundadas” está lejos de serlo. Desde el PRI, hemos documentado de forma sistemática el respaldo abierto del UNFPA al programa chino de abortos y esterilizaciones forzadas, publicando informes exhaustivos, testificando ante el Congreso en múltiples ocasiones y dejando constancia en obras como A Mother’s Ordeal y Population Control: Real Costs and Illusory Benefits. No hablamos de opiniones: hablamos de pruebas sólidas, recogidas en el terreno, a la vista de todos.
La afirmación del UNFPA de que una “investigación del gobierno de EE. UU.” refutó nuestra evidencia es rotundamente falsa. Yo mismo brindé información clave a los tres miembros de esa delegación oficial antes de su viaje a China en 2002, y los entrevisté personalmente a su regreso. A pesar de que el régimen chino les negó el acceso directo y sin restricciones a la población, el informe final fue claro: el programa respaldado por el UNFPA era coercitivo, y en consecuencia, el UNFPA no debía seguir recibiendo financiación estadounidense.
En otra instancia clave, nos vimos obligados a enfrentar la negativa inicial del entonces Secretario de Estado de George W. Bush, Colin Powell, quien, siendo abiertamente proaborto, se rehusaba a cortar los fondos al UNFPA. Sin embargo, nuestra evidencia fue tan contundente que logró hacerlo cambiar de postura.
Desde ese momento y hasta el final de su gestión, Powell se opuso de forma constante a seguir financiando al UNFPA, y lo expresó con claridad meridiana:
“El apoyo del UNFPA y su implicación en las actividades de planificación poblacional en China permiten al gobierno chino implementar de manera más efectiva su programa de aborto coercitivo. Por lo tanto, no es permisible continuar financiando al UNFPA en este momento.”
En los últimos años, el UNFPA ha intentado reciclarse como una entidad dedicada a la “Salud Sexual y Reproductiva”, pero esto no es más que una estrategia de fachada. En la práctica, su agenda promueve el sexo sin restricciones y la mínima reproducción posible. Basta revisar sus propios indicadores: mide la “salud reproductiva” por el porcentaje de mujeres que utilizan anticonceptivos modernos o han sido esterilizadas. Según esa lógica perversa, una población con salud reproductiva ideal sería aquella incapaz de reproducirse, porque todas sus mujeres habrían sido privadas de su fertilidad mediante fármacos o cirugías.
La decisión del presidente Trump de cortar nuevamente los fondos al UNFPA no es un hecho aislado: es coherente con su política del primer mandato, cuando firmó una orden ejecutiva para desfinanciar al organismo por exportar programas de control poblacional al estilo chino en países africanos.
En un mundo donde las tasas de natalidad están colapsando, no necesitamos una agencia de control poblacional promovida por la ONU. En realidad, nunca fue necesaria.
Steven W. Mosher es Presidente del Population Research Institute (PRI)
