Más represión con la aprobación de la Ley de delitos de odio en Irlanda: una herramienta para la censura de la libertad de expresión

La Ley de delitos de odio en Irlanda: una herramienta para la censura y represión de la libertad de expresión

La nueva ley otorga a 72 géneros su propio estatus legal.

La ley establece sanciones legales, incluyendo penas de cárcel, para quienes sean considerados culpables de “delitos de odio”.

La reciente aprobación de la Ley de Justicia Penal (Delitos de Odio) en Irlanda, que reconoce hasta 72 géneros con estatus legal, ha generado un unánime rechazo social por los límites que impone de la libertad de expresión y la censura de quienes disientan de la “verdad oficial” impuesta.

La legislación, aprobada el 29 de octubre y firmada por el presidente Michael D. Higgins, tiene como excusa combatir la incitación a la violencia o al odio, pero, sin embargo, esta nueva norma se utilizará para silenciar opiniones contrarias, bajo la amenaza de penas de cárcel y otras sanciones.

Con nocturnidad, alevosía y sin debate en la aprobación de la ley

El proceso de aprobación de esta ley fue casi con nocturnidad y alevosía. En una sesión parlamentaria de la noche 23 de octubre, el Dáil (parlamento irlandés) aprobó a toda prisa, en menos de seis horas, cinco proyectos de ley, incluyendo el de Justicia Penal (Incitación a la Violencia o al Odio y Delitos de Odio), en una votación de 78 a 52, tal como recoge The European Conservative. En circunstancias normales, una revisión de este tipo toma varias semanas, lo que despertó el rechazo de algunos legisladores que percibieron una falta de transparencia y un intento deliberado de evitar un debate a fondo, con nocturnidad y alevosía.

“¿Por qué tanta prisa? La legislación apresurada es a menudo, casi siempre, mala legislación”, señaló el diputado Mattie McGrath, del grupo independiente. “Pretende intimidar a los ciudadanos comunes para que no hagan oír su voz. A usted no le gusta la voz del pueblo”, expresó McGrath, dirigiéndose a la ministra de Justicia Helen McEntee.

72 géneros

Entre los cinco proyectos de ley aprobados a toda prisa en el Dáil,  la polémica legislación define el género como «el género de una persona o el género que una persona expresa como su género preferido o con el que se identifica e incluye transgénero y un género distinto al masculino y al femenino» lo que abarca hasta 72 identidades de género, lo cual causó particular revuelo en el Seanad (cámara alta del parlamento irlandés).

Durante su discusión, la senadora Sharon Keogan recitó la lista completa de géneros, un acto que le llevó 25 minutos, como gesto de protesta y señal de que la legislación podría derivar en consecuencias absurdas y opresivas para quienes expresen opiniones diferentes sobre el género.

Censura a la libertad de expresión y la imposición de la ideología de género

Uno de los puntos más polémicos de esta ley es que establece sanciones legales, incluyendo penas de cárcel, para quienes sean considerados culpables de “delitos de odio”. Bajo esta normativa, cualquier opinión que contradiga o cuestione las nociones de género que la ley protege, podría ser considerada incitación al odio, exponiendo al infractor a graves consecuencias legales.

Esta medida constituye una censura sin precedentes, en la cual quienes disientan de la “verdad oficial” sobre la existencia de múltiples géneros pueden ser acusados de promover el odio, una práctica que consideran propia de regímenes autoritarios más que de una democracia.

Carthy dijo que el proyecto de ley sobre crímenes de odio está “tratando de introducir una nueva definición de género, a pesar de que no hay consenso sobre lo que eso significa”, señalando que el proyecto de ley define el género como la inclusión de las personas transgénero y un “género distinto al masculino o femenino”. “La mayoría de la gente no entiende exactamente qué significa eso”, afirmó el diputado Matt Carthy, en referencia a la compleja definición de género incluida en la ley.

El diputado independiente Danny Healy-Rae también cuestionó esta legislación en un contexto democrático: “Hemos sido un Estado democrático durante los últimos 100 años. ¿Qué tenía de malo? ¿Por qué intentamos cambiarlo? ¿Por qué intentamos callar a la gente? ¿Por qué intentamos negarles el derecho a hablar?”. Sus palabras resaltan la preocupación compartida por muchos en cuanto al potencial de esta ley para socavar los derechos de expresión.

La visión del gobierno y el propósito oficial de la ley

La ministra de Justicia, Helen McEntee, defendió la ley afirmando que la legislación de 1989 sobre delitos de odio en Irlanda estaba desfasada y era insuficiente para abordar los crecientes niveles de odio y violencia. Para McEntee, actualizar la ley contra delitos de odio es un paso necesario para proteger a las minorías, pero no dijo nada sobre las críticas en torno al uso potencial de la ley para suprimir el libre discurso en debates sociales.

Además, en respuesta a las críticas, McEntee comentó que Irlanda es el primer país de Europa en implementar una ley de este tipo, y que cree firmemente en su utilidad para hacer frente a los “delitos motivados por el odio”.

Oculta una vez más que  proteger las opiniones que difieren de la narrativa oficial es una característica fundamental de una democracia sólida, y consideran que esta ley podría ser instrumentalizada para suprimir voces disidentes.

La polémica definición de género y los riesgos de una normativa ambigua

La inclusión de 72 géneros en el proyecto de ley ha generado desconcierto en la población y entre los propios parlamentarios. La amplitud de esta definición sugiere que cualquier crítica o comentario que cuestione la identidad de género de alguien puede ser interpretado como incitación al odio, lo que podría derivar en acusaciones penales. Esto implica una amenaza a la libertad de pensamiento y expresión, al forzar a los individuos a adherirse a una ideología específica bajo el riesgo de sanción legal.

La falta de una definición clara y concreta del término “odio” en la legislación también añade ambigüedad a la ley, que podría prestarse a interpretaciones arbitrarias y a la instrumentalización del Estado en contra de ciudadanos que simplemente expresan sus puntos de vista. Así lo señaló Carthy, quien criticó el “término circular” utilizado en la ley, y destacó la ausencia de un consenso claro sobre el significado del término “género”.

Críticas al proyecto de ley y los posibles efectos en la sociedad

Esta ley podría abrir la puerta a procesos judiciales contra ciudadanos que expresen opiniones legítimas y críticas sobre cuestiones de género, un riesgo evidente para la libertad de expresión en un país con una larga tradición democrática. La Unión Europea también ha presionado a Irlanda en el pasado para que incluya regulaciones contra los delitos de odio en su legislación, lo que puede convertir estas leyes en herramientas de represión.

Este tipo de medidas son una imposición ideológica, y tendrán efectos regresivos en la libertad de expresión de los ciudadanos y en la diversidad de opiniones en temas de creciente relevancia social. Muchos ciudadanos se preguntan si el disentir sobre cuestiones de género ahora implicará enfrentar cargos criminales, y si el Estado usará esta ley para “castigar” a aquellos que no se adhieren a su narrativa oficial.

Una amenaza a la libertad de expresión en nombre de la justicia social

La Ley de Justicia Penal (Delitos de Odio) en Irlanda abre un nuevo capítulo en los intentos de restringir los límites de la libertad de expresión. Este proyecto no solo representa una amenaza a la libertad de pensamiento y expresión, sino que también legitima la imposición de una “verdad oficial” sobre el género, que los ciudadanos están obligados a aceptar o enfrentar el castigo. Su formulación ambigua y su aplicación potencialmente opresiva podría ser utilizada como una herramienta para la censura y la represión de voces disidentes.