Ahora vienen las consecuencias: El Gobierno de Sánchez ha invertido 2.500 millones de euros en demoler las presas que construyó Franco

La Gota Fría y su impacto en la Comunidad Valenciana

La gota fría, un fenómeno climático recurrente en el Mediterráneo español, cada año desencadena lluvias intensas en la Comunidad Valenciana. Este año, sin embargo, el impacto ha sido particularmente devastador, elevando la cifra de víctimas y poniendo en evidencia los efectos de la política hídrica del Gobierno. Con un caudal de más de 1.100 m³/s, el embalse de Forata, construido en 1969 en tiempos de Franco, ha sido crucial para controlar la inundación de grandes áreas, demostrando la relevancia de estas infraestructuras en situaciones de emergencia.

La creciente tendencia de desmantelar embalses, azudes y presas ha generado fuertes críticas. A lo largo de dos décadas, se han destruido más de 560 infraestructuras fluviales en España, especialmente en provincias como Albacete, Castilla-La Mancha y Valencia. Estas demoliciones no solo afectan la capacidad de almacenamiento hídrico, sino que también representan un atentado contra el patrimonio hidráulico y un riesgo adicional para la seguridad de la población en casos de fenómenos meteorológicos extremos.

El fanatismo ideológico culpable del desmantelamiento de presas en España

Las políticas actuales de Pedro Sánchez, de acuerdo a la agenda 2030, de la mano de sectores radicales ecologistas de extrema izquierda y defendidas desde la Comisión Europea, quieren devolver los ríos a su «estado natural». Pero en el caso de Sánchez se añade un odio visceral hacia cualquier obra social realizada en tiempos de Franco y, en este contexto, está su empeño en derribar todas las presas y pantanos construidos en dicha época.

Sin embargo, la destrucción de presas es un riesgo innecesario que reduce la capacidad de respuesta ante eventos climáticos como la gota fría, tan frecuente en zonas mediterráneas. En palabras de una representante de la Organización de Usuarios y Consumidores de Agua, «Se comercializan los caudales y se aplican criterios de mercado, mientras el Gobierno destina 2.500 millones de euros a la demolición de nuestro patrimonio», acusando a esta política de responder a intereses empresariales en lugar de a necesidades de la ciudadanía.

Los efectos de las demoliciones en las inundaciones y la seguridad

La eliminación de infraestructuras hídricas ha tenido consecuencias visibles y dramáticas en diversas cuencas fluviales de España. Recientemente, en ríos como el Voltoya y el Cega, las poblaciones cercanas han experimentado inundaciones tras la eliminación de presas que antes regulaban el flujo de agua, generando daños a cultivos, infraestructuras y viviendas.

La Comunidad Valenciana y la Comunidad de Castilla-La Mancha han sido especialmente afectadas por esta política. La reciente riada en la ciudad de Valencia, por ejemplo, es una advertencia de los riesgos que enfrentan las ciudades cuando carecen de la protección de infraestructuras hidráulicas.

El nuevo cauce del Turia, desviado durante en tiempos de Franco en el marco del Plan Sur, ha evitado una catástrofe similar a la de la gran riada de 1957, que dejó alrededor de 400 fallecidos y miles de personas sin hogar. Sin esta obra, Valencia habría vivido una tragedia sin precedentes, y este episodio refuerza el papel crucial de estos recursos en la prevención de catástrofes. Imaginemos pr unos instantes si el gobierno de Franco no hubiera acometido con urgencia este desvío del Turia. Pero ya se sabe…no se puede nombrar a Franco.

Las imágenes de valencianos publicando en redes sociales el caudal del Turia reflejan la importancia de esta infraestructura: «Nunca nadie recuerda haberlo visto tan caudaloso en danas y gotas frías anteriores», publicó un residente de Valencia, destacando cómo este cauce protege a la ciudad de inundaciones.

Las consecuencias de una agenda ecológica radical

La política de destrucción de presas ha sido impulsada, en gran medida, por el enfoque ecologista radical de izquierdas del Gobierno y el respaldo de la Unión Europea, de acuerdo a la hoja de ruta de la agenda 2030. Una postura ideológica que prioriza la ecología radical y fanática sobre la seguridad y las necesidades humanas.

La destrucción de presas es un reflejo del sectarismo ecológico de Sánchez, quien parece estar más enfocado en cumplir con la agenda climática europea que en proteger a la población española de fenómenos cíclicos como la gota fría. Esta política ignora la realidad de que España es un país con un clima extremo, caracterizado tanto por sequías prolongadas como por lluvias torrenciales en otoño.

Los costes ocultos de la demolición de presas

El coste de la demolición de presas no solo es financiero —2.500 millones de euros invertidos hasta la fecha—, sino también social y económico. La falta de capacidad de regulación hídrica afecta a las poblaciones rurales y urbanas, y limita el acceso al agua en épocas de sequía. Además, la reducción en la cantidad de embalses afecta la agricultura, uno de los sectores más importantes de la economía española, y reduce la disponibilidad de agua para abastecer a las ciudades.

La Organización de Usuarios y Consumidores de Agua sostiene que el Gobierno está «comercializando los caudales» en beneficio de empresas privadas, como las dedicadas a la producción de hidrógeno verde, lo que contribuye a un enfoque de mercado que no responde a las necesidades de la ciudadanía. Esto ha generado una percepción de que el Gobierno de Sánchez prioriza los intereses de grandes industrias sobre el bien común, lo que ha llevado a muchos a cuestionar su liderazgo y las verdaderas motivaciones de su política ambiental.

La política hídrica globalista de Sánchez se ha convertido en una prioridad ideológica que ha ignorado las necesidades reales del país. La gota fría y las inundaciones en Valencia reflejan los riesgos de una estrategia centrada en la demolición de presas sin considerar las consecuencias a medio y largo plazo.

La política de Sánchez, respaldada por una agenda ecológica radical, podría tener repercusiones a largo plazo en la seguridad hídrica del país, dejando a España en una posición vulnerable ante los fenómenos naturales.