La Comisión Europea ha pedido a Pedro Sánchez que utilice los ingresos por los derechos de CO2 (unos 2.300 millones este año) para «mitigar el impacto sobre los consumidores vulnerables». También le recuerda que unas mayores interconexiones con Europa reducirían la tarifa, pero el Ejecutivo ni se plantea desarrollarlas.
Utilizar los ingresos por los derechos de CO2 (unos 2.300 millones este año) para «mitigar el impacto sobre los consumidores vulnerables»
La Comisión admite que la subida del precio de los derechos de CO2 (que deben pagar las centrales de ciclo combinado que funcionan con gas) «repercute en los precios al por mayor de la electricidad en el caso de que sea necesario utilizar combustibles fósiles en la producción de electricidad, pero, lo que es más importante, también genera ingresos que pueden utilizarse para mitigar el impacto sobre los consumidores vulnerables y ayudarles a beneficiarse de la transición».
Sin embargo, ni Sánchez ni la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se han planteado hacerlo, sino que hasta ahora estos ingresos se incluyen en los Presupuestos Generales del Estado para financiar todo tipo de gastos públicos.
El Ejecutivo comunitario también da un toque a Sánchez por uno de los principales problemas de España que más importancia tienen en los altos precios de la luz: la falta de interconexiones con Francia. Esta carencia convierte a España en una «isla energética» e impide que podamos comprar electricidad barata a las centrales nucleares del país vecino, lo que también ayudaría a reducir el precio. Para hacernos una idea, este martes el MWh costará 78,99 euros en Francia frente a los 102,06 en España.
«El refuerzo del mercado europeo de la energía y la modernización de las infraestructuras energéticas transfronterizas de Europa contribuirán al aumento de la competencia y de las posibilidades de elección de los consumidores, lo que ayudará a mantener los precios bajo control», señala el Ejecutivo comunitario en la citada respuesta.
España tiene muy pocas interconexiones eléctricas a través de los Pirineos y el Gobierno no ha planteado hacer más, a pesar de que podría aprovechar los fondos europeos Next Generation para construirlas. Estas infraestructuras requieren alcanzar acuerdos políticos con el Gobierno francés, que probablemente ahora serían más fáciles con los actuales precios de la energía.
Escasez de energía nuclear
A esta falta de interconexión se suma la escasez de energía nuclear en España (sólo un 21,4% del total en lo que va de año), que impide que actúe como energía de reserva cuando no hay suficiente producción renovable. Este papel lo hacen las centrales térmicas (de carbón) y, sobre todo, las de gas, lo que explica el alto precio actual del recibo porque el precio del gas natural está en niveles muy altos y lo mismo sucede con los derechos del CO2 (de ahí el incremento de la recaudación del Gobierno por ellos). Por supuesto, el Gobierno tampoco se plantea la construcción de nuevas centrales nucleares.
La UE sí deja tomar medidas para bajar la luz
La Comisión Europea también respondió al Gobierno que puede tomar otras medidas para reducir el recibo eléctrico, siempre y cuando no se opongan al derecho comunitario. Aunque lo que le había planteado Ribera era lo único que prohíben las normas europeas: poner un techo al precio mayorista. Curiosamente, ayer la ministra criticó la propuesta de Podemos para reducir la retribución de nuclear e hidroeléctrica por «adolece de un análisis sobre su compatibilidad con la normativa comunitaria».
En definitiva, el Gobierno de Pedro Sánchez no tiene excusas para no tomar medidas que rebajen el precio de la luz.
