Y es que el Parlamento Europeo pidió entonces a las «autoridades competentes» que agotasen «las posibilidades interpretativas del Derecho penal, incluido el posible reconocimiento de los crímenes terroristas de ETA como crímenes contra la humanidad, incluso antes de 2004», considerando así que «no están sujetos a prescripción ni amnistía».
«Recordar que ya se han presentado varias iniciativas de modificación del Código Penal para que el principio de legalidad se interprete de acuerdo con el Derecho internacional», se advertía en el texto, fruto de la visita realizada en noviembre del año pasado por cinco eurodiputados al País Vasco y a la Comunidad de Navarra en el marco de una misión sobre los crímenes de ETA sin resolver. El PSOE pidió suprimir ese punto a través de una enmienda, alegando que la figura penal -que fue incorporada al Código Penal español en 2003- no se puede aplicar con carácter retroactivo.
Ahora, en un documento remitido al Congreso de los Diputados, el PSOE insiste en que no apoyará la recomendación de Bruselas. El partido de Pedro Sánchez presume incluso de haber presentado la mencionada enmienda y lamenta que «no fue aceptada».
El Ejecutivo, asimismo, afirma que la recomendación de la UE «es jurídicamente inviable, y puede generar entre las víctimas del terrorismo falsas expectativas que no se pueden satisfacer de ninguna manera».
397 asesinatos
Según las cifras del Defensor del Pueblo, 397 asesinatos de la banda siguen impunes en la actualidad. Además, en un 44% de los crímenes de ETA no existe sentencia judicial para todos los autores físicos de los delitos.
La política del Gobierno de Pedro Sánchez con respecto a los asesinos de ETA ha sido muy decepcionante y polémica. Desde la llegada a La Moncloa, 202 etarras han sido trasladados a cárceles próximas al País Vasco o Navarra. 97 de ellos tenían delitos de sangre, con 296 víctimas. Entre tanto, Bildu se ha ido convirtiendo en un aliado preferente para el Ejecutivo, dando su apoyo decisivo a Sánchez en varias iniciativas como, recientemente, la llamada Ley de «Memoria Democrática».
(Con información de VozPopuli)
