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Siempre es un buen momento para hablar y analizar la educación de nuestros jóvenes. Pero esta reflexión se hace urgente ante los desastrosos resultados obtenidos por los estudiantes españoles en la llamada prueba PISA (evaluación internacional de la OCDE que mide cada tres o cuatro años las competencias de estudiantes de 15 años en Lectura, Matemáticas y Ciencias, evaluando su capacidad para aplicar conocimientos en situaciones reales).
A la anterior reflexión la debemos añadir el permanente debate que se plantea en la sociedad española, en cada familia, en cada colegio, en los partidos políticos, en las AMPAs, en los propios profesores y muy especialmente entre los propios alumnos, desde la última reforma educativa:
En los colegios españoles en 2026 ¿se educa o se adoctrina?
Sobre esta cuestión básica y nuclear en torno al modelo educativo que se imparte en España e incluso en Europa, desde nuestra experiencia, vamos a tratar de aclarar desde una reflexión sosegada, algunas certezas y plantear posibles soluciones, a través de dos artículos de opinión, que como no puede ser de otra forma sometemos al juicio crítico y libre de los lectores.
La escuela debe enseñar a pensar, no decidir por los alumnos qué deben pensar. Frente a la utilización ideológica de la educación, necesitamos transparencia, pluralismo, autoridad de los padres y una defensa activa de la verdad, la familia y la libertad.
Hay una pregunta que toda sociedad libre debería hacerse: ¿estamos preparando a nuestros hijos para comprender el mundo o estamos preparando el mundo que algunos quieren construir a través de nuestros hijos?
La diferencia no es menor. Educar consiste en transmitir conocimientos, desarrollar el razonamiento, enseñar a distinguir los hechos de las opiniones y proporcionar herramientas para que cada persona forme su propio juicio. Adoctrinar, por el contrario, consiste en presentar una determinada interpretación ideológica como si fuera la única admisible, dificultando que el alumno pueda cuestionarla sin temor a ser señalado, penalizado o considerado moralmente inferior.
No debemos confundir ambos conceptos. Tampoco podemos afirmar que todo contenido relacionado con la igualdad, la convivencia, el medioambiente, la sexualidad o la memoria histórica constituya adoctrinamiento. El problema aparece cuando esos asuntos se presentan de forma unilateral, se ocultan las controversias relevantes, se sustituyen los conocimientos por consignas o se exige al estudiante asumir determinadas conclusiones políticas o morales.
Y es precisamente ahí donde España y Europa deben abrir un debate que vaya más allá de las etiquetas partidistas.
1. El aula no puede convertirse en una trinchera ideológica
La escuela es una de las instituciones más importantes de cualquier sociedad. En ella se forman los ciudadanos del futuro, se transmiten conocimientos y se construyen las bases de la convivencia. Por eso mismo, la educación constituye un espacio especialmente sensible a los intentos de utilizar el poder político para moldear las conciencias.
El riesgo existe bajo gobiernos de diferentes orientaciones. Una administración puede intentar imponer una visión determinada de la historia; otra puede privilegiar una concepción concreta de la sociedad, de la familia o de la identidad nacional. El color político cambia, pero el principio debe ser el mismo: ningún Gobierno tiene derecho a convertir el sistema educativo en una maquinaria de adhesión ideológica.
En España, la sucesión de reformas educativas ha convertido el currículo en uno de los grandes campos de batalla política. La Ley Orgánica de Educación, modificada por la LOMLOE, establece un marco curricular en el que participan el Estado, las comunidades autónomas y los centros educativos. Esa distribución de competencias permite adaptar la enseñanza, pero también hace imprescindible examinar con rigor qué se enseña, cómo se enseña y con qué criterios se evalúa.
El Ministerio de Educación reconoce expresamente esa distribución de responsabilidades en su explicación del currículo oficial. El debate, por tanto, no debe limitarse a denunciar una ley o a defender otra: debe centrarse en los contenidos concretos, los materiales utilizados, las prácticas docentes y las garantías de libertad de conciencia.
La pregunta fundamental es sencilla: ¿puede un alumno discrepar razonadamente de una interpretación presentada en clase sin sufrir represalias académicas o sociales?
Si la respuesta es negativa, tenemos un problema educativo.
Y lamentablemente HOY en España (y en gran parte de la UE) la respuesta es NEGATIVA y TENEMOS UN PROBLEMA Educativo.
2. Cuando los valores se convierten en consignas
Toda educación transmite valores. El respeto, la honestidad, la responsabilidad, la solidaridad y la convivencia no son elementos ajenos a la formación académica. El problema no reside en educar en valores, sino en quién los define, cómo se interpretan y qué límites se establecen a su utilización.
Una cosa es enseñar que todas las personas poseen dignidad y merecen protección frente a la violencia o la discriminación. Otra, muy diferente, es convertir una determinada interpretación política de cualquier cuestión social en una verdad indiscutible.
Una cosa es explicar los distintos modelos familiares, sus realidades jurídicas y las transformaciones sociales. Otra es presentar a los padres que defienden una concepción tradicional de la familia como personas atrasadas o incapaces de comprender la sociedad contemporánea.
Una cosa es estudiar la historia de España con rigor, incluidas sus luces, sombras, conflictos y contradicciones. Otra es reducir siglos de historia a un relato de culpables y víctimas diseñado para justificar las preferencias políticas del presente.
Una cosa es explicar las instituciones democráticas, los derechos fundamentales y el funcionamiento del Estado. Otra es presentar determinadas opciones ideológicas como moralmente superiores por definición.
Y una cosa es educar en el respeto a las personas, cualquiera que sea su condición, y otra exigir que todos los alumnos compartan una misma visión filosófica sobre cuestiones controvertidas.
La libertad educativa no exige que todas las ideas sean igualmente verdaderas; exige que ninguna idea quede exenta del examen crítico.
Este principio debe aplicarse a todas las corrientes ideológicas, incluidas aquellas con las que nosotros mismos podamos sentir mayor afinidad.
3. La familia no es un obstáculo: es una institución educativa fundamental
Uno de los errores más preocupantes del debate educativo consiste en presentar a la familia como una interferencia en el trabajo de la escuela.
Los padres no son simples financiadores de la educación pública ni espectadores del proceso formativo. Son los primeros responsables de la educación de sus hijos y tienen derecho a participar en ella, conocer los contenidos relevantes y ejercer sus derechos conforme al ordenamiento jurídico.
La Constitución española lo establece en su artículo 27. Su apartado segundo señala que la educación debe orientarse al pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. El apartado tercero garantiza el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral conforme a sus convicciones.
Estos principios se complementan con la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación, que reconoce derechos de información, participación y elección de centro, así como el respeto a las convicciones de las familias.
La conclusión es clara: la escuela no puede actuar como si los padres carecieran de legitimidad para interesarse por la formación moral de sus hijos.
Ahora bien, tampoco cabe interpretar estos derechos como una facultad ilimitada para impedir cualquier contenido curricular obligatorio, evitar que los menores conozcan ideas distintas o exigir que la escuela reproduzca exactamente las convicciones familiares. El sistema debe encontrar un equilibrio entre los derechos de los padres, el interés superior del menor, la libertad de cátedra y los objetivos educativos establecidos legalmente.
Ese equilibrio requiere transparencia, diálogo y garantías efectivas. No descalificaciones.
Cuando una familia pregunta qué material se ha utilizado en una actividad, debería encontrar información clara. Cuando discrepa de un contenido, debería disponer de cauces para plantear su objeción. Y cuando considera que se han vulnerado derechos, debería poder obtener una respuesta motivada y, en su caso, acudir a los órganos competentes.
La colaboración entre familias y docentes no debilita la escuela. La fortalece.
Las familias y los docentes no son enemigos. Al contrario, deben trabajar juntos en aras de un bien mayor, fomentar el espíritu crítico de sus hijos (de las familias) y dotarlos de la mejor educación posible.
4. España: libertad de enseñanza y pluralismo frente al monopolio ideológico
La Constitución no consagra una escuela al servicio de una determinada ideología. Reconoce un conjunto de derechos que deben convivir: el derecho a la educación, la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra, la libertad de conciencia y el derecho de los padres a elegir la formación moral y religiosa de sus hijos conforme a sus convicciones.
Este marco constitucional es incompatible con cualquier intento de imponer una ortodoxia política desde el poder público.
Pero también exige evitar un error inverso: confundir la neutralidad institucional con la obligación de ocultar los problemas sociales, eliminar contenidos incómodos o impedir que los profesores expliquen debates relevantes.
Una enseñanza rigurosa debe abordar cuestiones controvertidas, presentar las evidencias disponibles, distinguir los hechos acreditados de las interpretaciones y permitir que el alumnado aprenda a argumentar.
Si se estudian las políticas económicas, deben explicarse sus efectos, costes y alternativas. Si se aborda la organización territorial de España, deben estudiarse la Constitución, la historia, el Estado autonómico y las diferentes propuestas políticas sin falsear los hechos ni convertir el aula en un instrumento de propaganda.
Si se analizan cuestiones éticas sobre la vida, la familia o la libertad individual, deben exponerse los argumentos relevantes con el rigor que corresponda a la edad y al nivel educativo.
La unidad de España, reconocida en el artículo 2 de la Constitución, puede y debe estudiarse desde el conocimiento de su marco jurídico e histórico. Hacerlo no exige ocultar la diversidad territorial ni las distintas posiciones políticas existentes.
Del mismo modo, defender la familia, la vida, la propiedad privada o una determinada concepción de la justicia social es legítimo en una sociedad plural. Pero la escuela debe proporcionar los conocimientos necesarios para comprender esas ideas y sus fundamentos, no exigir adhesión partidista a ellas.
La solución no consiste en cambiar un adoctrinamiento por otro. Consiste en garantizar que ninguna ideología tenga privilegios frente a la razón, la evidencia y la libertad de conciencia.
5. ¿Qué ocurre en la Unión Europea?
El debate no es exclusivamente español. En toda Europa existe una discusión permanente sobre el papel de la escuela en la transmisión de valores, la identidad nacional, la igualdad, la ciudadanía, la historia y la formación democrática.
Conviene, sin embargo, distinguir entre las instituciones europeas y los sistemas educativos nacionales.
La Unión Europea no establece por sí sola un currículo escolar único para todos los Estados miembros. La organización y los contenidos de la enseñanza corresponden fundamentalmente a los países, dentro de sus respectivos marcos jurídicos. Las instituciones europeas pueden impulsar la cooperación, la movilidad, la educación ciudadana y determinados objetivos comunes, pero eso no equivale a disponer de un poder general para dirigir cada aula europea.
Esta distinción es importante porque permite identificar responsabilidades reales y evita atribuir a Bruselas decisiones que corresponden a los gobiernos nacionales o regionales.
El artículo 14.3 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea reconoce, dentro de las condiciones establecidas por las legislaciones nacionales, la libertad de crear centros docentes y el derecho de los padres a garantizar la educación y enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas.
En una línea semejante, el artículo 2 del Protocolo adicional al Convenio Europeo de Derechos Humanos obliga a los Estados a respetar el derecho de los padres a que la educación y la enseñanza sean conformes a sus convicciones religiosas y filosóficas.
No se trata de derechos absolutos ni de una prohibición de enseñar materias controvertidas. Tampoco significan que cada familia pueda determinar unilateralmente todo el currículo. Son garantías que deben ponderarse junto con el derecho del menor a la educación y las obligaciones legítimas de los poderes públicos.
Por eso, el debate europeo debería orientarse hacia una pregunta compartida: ¿cómo garantizar que la formación democrática no se convierta en una excusa para imponer una interpretación partidista de la democracia?
La respuesta debe ser la misma en todos los países: libertad de conciencia, pluralismo, rigor académico, transparencia y protección frente a la discriminación. Fomento del espíritu crítico de cada alumno.
6. El verdadero problema: cómo detectar el adoctrinamiento
Para combatir el adoctrinamiento necesitamos algo más que denuncias generales. Necesitamos criterios verificables.
No basta con que un contenido disguste a los padres, contradiga sus creencias o proceda de una administración gobernada por un partido determinado. La discrepancia no demuestra por sí sola que exista adoctrinamiento.
Hay indicios que sí merecen una investigación seria cuando se acreditan:
- Presentación unilateral: una cuestión controvertida se enseña desde una única perspectiva, ocultando deliberadamente argumentos relevantes o evidencias contrarias.
- Confusión entre hechos y opiniones: las valoraciones políticas o morales se presentan como hechos científicos o jurídicos indiscutibles.
- Presión sobre el alumnado: se penaliza, ridiculiza o estigmatiza a quien expresa una opinión razonada y respetuosa.
- Evaluación ideológica: las calificaciones dependen de la adhesión a una conclusión política o moral, en lugar de la calidad del trabajo y del aprendizaje.
- Falta de transparencia: se impide injustificadamente conocer materiales, actividades o criterios de evaluación relevantes.
- Uso partidista de recursos públicos: actividades escolares que, en lugar de perseguir objetivos pedagógicos, se utilizan para promover propaganda partidista.
- Desprecio hacia las familias: se ignoran de forma sistemática las solicitudes legítimas de información o se descalifica a los padres por sus convicciones.
Estos indicadores no constituyen, por sí solos, una declaración automática de ilegalidad. Cada caso requiere examinar los hechos, el contexto, la edad del alumnado, los objetivos pedagógicos y la normativa aplicable.
Precisamente por eso, necesitamos procedimientos de revisión que permitan comprobar las denuncias con independencia y sin convertir cada controversia educativa en una guerra política.
Lamentablemente en España, desde la experiencia de múltiples casos contrastados y verificados a lo largo y ancho de todo el territorio nacional podemos afirmar sin temor a equivocarnos que HOY EN DÍA existe adoctrinamiento y se utiliza a los menores como sujetos/víctimas de un experimento social (ingeniería social) tendente a cambiar la sociedad democrática de la que nos hemos dotado.
José Luis Castellano Rudilla | Vicepresidente III de CONCAPA. Director Jurídico de Españoles contra el Adoctrinamiento (ECA)
