Sánchez, “promotor” okupa: A pesar de que las okupaciones se han disparado con él, la Ley de Vivienda les da más ‘premios’ aún a los okupas

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El Gobierno aprobará este jueves la Ley de Vivienda que retrasa el desalojo de okupas

Las okupaciones se han disparado con Pedro Sánchez en La Moncloa. Desde la llegada del presidente socialista al poder -en 2018, gracias a la moción de censura- la okupación ilegal de viviendas ha pasado de las 12.214 de ese año a las 16.726 de 2022, según los datos del Balance de Criminalidad que el Ministerio del Interior ha ido facilitando a través de distintas respuestas parlamentarias.

La okupación ha tenido una tendencia al alza en los últimos años. La tendencia creciente no deja lugar a dudas: la okupación es uno de los fenómenos más preocupantes para la sociedad española, principalmente por la falta de mecanismos para hacerle frente.

Más premios a los okupas en la Ley de Vivienda

Pero en este contexto, el Gobierno de Sánchez en vez de luchar contra este delito lo que hace es promocionarlo con manga ancha a la okupación. En efecto, el Gobierno de PSOE y Podemos ha pactado con  ERC Bildu una Ley de Vivienda que facilita todavía más el modus operandi de estos enemigos de la propiedad privada

La nueva Ley de Vivienda, que previsiblemente se aprobará este jueves gracias al apoyo de los socios habituales de Sánchez -ERC y Bildu- abona todavía más el terreno de la okupación, al imponer al propietario que quiera recuperar su vivienda toda una serie de trámites burocráticos, exigiéndole numerosas obligaciones cuando se decida a presentar una demanda, lo que retrasará extraordinariamente el procedimiento.

Veamos algunas de las novedades, solo algunas, de esta nefasta ley de promoción okupa que supone una protección voraz al okupa que va a dilatar mucho más los procesos de desahucios:

Numerosas  obligaciones al propietario. En ese caso, tendrá que ser él quien deba especificar, por ejemplo, si el inmueble que quiere recuperar constituye vivienda habitual de la persona ocupante. También deberá aclarar si es un «gran tenedor», es decir, con más de cinco viviendas en propiedad, según la definición de PSOE y Podemos. Si asegura que no lo es, la norma le obligará a «corroborarlo» con un certificado de sus propiedades. En caso de ser gran propietario, tendrá que acreditar además si quien está ocupando el inmueble es o no vulnerable. Para ello, deberá presentar un documento «previo consentimiento de la persona ocupante» y, si no tiene autorización, tendrá que solicitar un documento que indique que «la persona ocupante no consiente expresamente el estudio de su situación económica». Obviamente, casi ningún okupa va a dar el consentimiento a que el dueño se haga con su informe de vulnerabilidad, por lo que se alargará todavía más el proceso a costa del propietario

Cambios en los procedimientos de desahucio. La futura normativa incluye cambios de calado en los procedimientos de desahucio previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil que ponen más trabas a la expulsión de los okupas de viviendas. Ya sea por que el okupa no pague el alquiler (inquiokupas) o porque haya entrado por la fuerza en el inmueble (método de la patada), gracias a esta ley van a tener más fácil quedarse en el domicilio.

Prohibir los desahucios sin fecha previa. Otra novedad de la Ley de Vivienda que va a contribuir a favorecer estos delitos contra la propiedad privada consistirá en prohibir los desahucios sin fecha previa, lo que impedirá en muchos casos la expulsión de los okupas del inmueble el día programado gracias a que los movimientos antisistema podrán prepararse y personarse en el domicilio afectado para impedir actuar a las fuerzas del orden.

 

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