Sánchez quiere «proteger· ahora el aborto y dejar indefenso al que va a nacer.”
La posibilidad de introducir el aborto en la Constitución española ya no pertenece al terreno de la especulación política. Hoy se sitúa en el centro del debate institucional tras el dictamen de Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, – miembro de UCD y del antiguo Partido Popular y uno de los siete padres de la Constitución de 1978. El jurista se ha posicionado a favor de incluir el aborto como derecho constitucional, algo que ha provocado estupor y rechazo en muchos sectores.
La iniciativa parte del Gobierno de Pedro Sánchez, que solicitó un informe al Consejo de Estado para justificar una reforma de la Carta Magna. El objetivo resulta claro: blindar el aborto frente a cualquier alternancia política futura.
El dictamen de Herrero: apoyo con matices
Reformar el artículo 43
Herrero firmó un dictamen favorable a modificar el artículo 43 de la Constitución, que reconoce el derecho a la protección de la salud. Según su interpretación, este precepto permitiría constitucionalizar la obligación de los poderes públicos de garantizar la interrupción voluntaria del embarazo.
El jurista sostuvo que el Estado debe ofrecer a las mujeres igualdad en el acceso al aborto, siempre dentro del marco legal. No obstante, introdujo una reserva importante: pidió que el aborto se considere una alternativa y no un fin en sí mismo. También reclamó medidas de apoyo a la maternidad y una redacción lo más neutra posible. A pesar de estas matizaciones, su posición resulta inequívoca: el aborto quedaría consagrado como derecho constitucional.
El Gobierno impone su versión sin cambios
El texto de Bolaños
La propuesta del Ejecutivo, firmada por el ministro Félix Bolaños, no admite interpretaciones:
«Se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. El ejercicio de este derecho será garantizado por los poderes públicos».
El texto elimina cualquier referencia al derecho a la vida del no nacido. No menciona límites éticos ni morales. Tampoco incorpora protección real a la maternidad. La prioridad exclusiva recae en la prestación del aborto como servicio público. El bebé no tiene derechos, ni el más fundamental: el derecho a la vida.
Herrero planteó una redacción alternativa con más equilibrio. El Consejo de Estado la rechazó.
Herrero sustituido por Carcedo
Un relevo político
La Comisión Permanente del Consejo de Estado apartó a Herrero como ponente. En su lugar, nombró a María Luisa Carcedo, exministra de Sanidad y persona de máxima confianza de Sánchez.
Carcedo preside la Sección Novena del Consejo, encargada de asuntos relacionados con Sanidad, Igualdad y Agenda 2030. Su dictamen no propone ninguna alternativa. Se limita a afirmar que no existe obstáculo jurídico para la reforma constitucional.
La presidenta del Consejo de Estado, la también socialista Carmen Calvo, avaló esta decisión. El texto de Carcedo se votará el próximo 26 de febrero.
Artículo 15: la clave que el Gobierno evita
Vida o procedimiento
Tanto Herrero como Carcedo coinciden en un punto fundamental: la reforma debería afectar al artículo 15, que afirma que “todos tienen derecho a la vida”. Sin embargo, el Gobierno rehúye esta vía. Modificar el artículo 15 obligaría a: Disolver las Cortes; Convocar elecciones y repetir votación por mayoría cualificada.
Ese procedimiento agravado pondría en riesgo el proyecto. Por eso el Ejecutivo opta por el artículo 43, que permite una reforma mucho más sencilla mediante el artículo 167. En la práctica, Sánchez busca blindar el aborto sin consultar a los españoles.
España rompe con su tradición constitucional
La Constitución de 1978 nació bajo el principio de protección de la vida. Durante décadas, el Tribunal Constitucional mantuvo que el nasciturus merece tutela jurídica. Con esta reforma, el Gobierno pretende convertir el aborto, esto es, la eliminación de una vida, en un derecho equiparable a la educación o la sanidad. La vida deja de ser un valor superior y pasa a ser un obstáculo administrativo.
Nunca antes un padre de la Constitución había apoyado un cambio de este calado. El giro ideológico de Herrero de Miñón simboliza una ruptura histórica entre la España de siempre y la España ideológica actual. Sin embargo, este giro allana el camino a los dirigentes actuales del PP a no tener problemas con el aborto en la Constitución.
La reforma que impulsa Sánchez responde a una agenda ideológica global que pretende redefinir los valores fundamentales de la nación. Convertir el aborto en derecho constitucional implica algo mucho más grave que una reforma legal. Supone afirmar que la vida humana ya no posee valor intrínseco, que depende de la voluntad ajena y del poder político. La Constitución debe proteger a los más débiles, no legitimar su eliminación. Y eso lo ha suscrito el popular Herrero de Miñón, un verdadero traidor,
Una nación que consagra la muerte como derecho renuncia a su propia dignidad moral. Y eso se ha conseguido con el PP y el PSOE.
Tags: aborto constitucional, Herrero de Miñón, Consejo de Estado, Pedro Sánchez, Constitución, derecho a la vida, provida
