Rabat refuerza personal y acelera la expedición del certificado de penales con Apostilla de La Haya en sus consulados.
La inmigración ya no la gestiona España, la gestiona Marruecos desde sus consulados.
La regularización masiva de inmigrantes en España ya no solo se juega en los despachos de Extranjería. Ahora también se decide en los consulados marroquíes. Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez impulsa un decreto que puede afectar a cientos de miles de personas, Marruecos ha activado un plan exprés para facilitar uno de los documentos clave: el certificado de antecedentes penales con Apostilla de La Haya. Rabat refuerza personal, acelera trámites y se adelanta a un proceso que marcará el futuro migratorio de España. Está en su hoja de ruta la invasión de España y la regularización demográfica de Sánchez la cumple perfectamente.
Marruecos toma la delantera administrativa
La regularización extraordinaria aprobada por el gobierno de Sánchez exige que los solicitantes acrediten al menos cinco meses de residencia antes del 31 de diciembre de 2025 y carezcan de antecedentes penales. Este requisito, que en teoría actúa como filtro mínimo de seguridad, se ha convertido en el principal cuello de botella del proceso.
Sin embargo, Marruecos no ha esperado a que se colapse la administración española. Según información publicada por The Objective, el Consulado General de Marruecos en Valencia ya expide directamente la llamada Fiche anthropométrique, es decir, el certificado de antecedentes penales, con la Apostilla de La Haya incorporada.
El cambio resulta decisivo. Antes, los interesados debían viajar a Marruecos o dar poderes a familiares para gestionar el documento. El proceso se alargaba durante meses y encarecía cada paso. Ahora basta con acudir al consulado con cita previa y el DNI marroquí electrónico.
Refuerzo consular y personal desplazado
El Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí, dirigido por Nasser Bourita, ha enviado personal adicional desde Rabat para reforzar varios consulados en España. El objetivo resulta claro: No es solo evitar colapsos, sino, sobre todo, absorber la avalancha de solicitudes y acelerar el proceso de regularización.
La comunidad marroquí representa el grupo extranjero más numeroso en España, con cerca de 900.000 residentes y concentra casi tres cuartas partes de la inmigración africana.
Rabat asume que la regularización seguirá adelante y actúa en consecuencia. No debate. Ejecuta.
El blindaje jurídico de Rabat
El decreto español exige carecer de antecedentes penales. Algunos sectores de la izquierda han defendido que podría bastar una simple declaración responsable si no se logra el certificado. Pero la realidad administrativa demuestra otra cosa: sin documento oficial, el expediente queda expuesto a bloqueos, retrasos y revisiones.
Y como a Marruecos le interesa sobremanera esta regularización para sus planes, ha optado por blindar a sus nacionales. Facilita un certificado plenamente válido ante la administración española. Evita interpretaciones discrecionales y deja el expediente cerrado desde el origen.
Mientras el debate político gira en torno a derechos, integración y discursos humanitarios, Rabat garantiza seguridad jurídica para los suyos. Esa diferencia de enfoque explica por qué Marruecos se adelanta y España improvisa.
Ejecución frente a ideología
La regularización masiva de inmigrantes en España ha llegado incluso a Bruselas. El Gobierno defiende la medida como una solución social y laboral. Sin embargo, la cuestión de fondo permanece intacta: el Estado pierde capacidad de control sobre quién entra, quién permanece y bajo qué condiciones. Y sobre todo, con países como Marruecos, que tienen una hoja de ruta clara de anexión de ciudades españolas.
Marruecos, en cambio, demuestra una lógica opuesta. Actúa con planificación, refuerza sus consulados y prepara expedientes completos. No discute principios. Aplica intereses nacionales.
Mientras España debate, Marruecos ejecuta.
La regularización masiva de inmigrantes en España refleja una tendencia peligrosa: convertir una política de Estado en una prueba de vasallaje y sumisión a Marruecos. El Gobierno presenta la medida como progreso social, pero ignora sus efectos reales sobre la cohesión nacional, la presión sobre los servicios públicos y la pérdida de soberanía.
Marruecos ha entendido algo esencial: quien no protege sus fronteras, pierde control sobre su futuro. Rabat actúa con frialdad estratégica. El resultado se resume en una realidad incómoda: la inmigración ya no la gestiona España, la gestiona Marruecos desde sus consulados.
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