En plena crisis política por el caso Begoña y el escándalo de las pulseras antimaltrato, Pedro Sánchez lanzó una ofensiva propagandística: promover una reforma constitucional para incluir el aborto en la Carta Magna.
El anuncio llegó por sorpresa. El Gobierno proclamó su intención de “consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres”. Sin embargo, sabía que no contaba con los votos necesarios: para modificar la Constitución se requieren 210 diputados.
El PP de Alberto Núñez Feijóo cerró la puerta…por ahora, sobre todo cuando estamos ante unas próximas elecciones generales. Los populares recordaron que el aborto ya está regulado y avalado por el Tribunal Constitucional, y acusaron a Sánchez de usar un debate ideológico para tapar la corrupción y la falta de gestión.
El aborto en la Constitución como arma política
La maniobra de Sánchez no busca un cambio real, sino generar un debate que divida a la oposición. El aborto sigue siendo incómodo para el PP. Es obvio que el PP no tiene las ideas claras y sus vaivenes son clamorosos-, y donde coexisten posturas enfrentadas. Para el PSOE es una bandera en la que enfrente no hay oposición del PP.
Sánchez explotó esa contradicción del PP. De esta manera, el aborto constitucional se convierte en un relato fabricado para acorralar al PP y recuperar la bandera feminista, justo cuando la justicia estrecha el cerco sobre la esposa de Sánchez.
Estrategia propagandística del Gobierno
La jugada de Sánchez combina dos movimientos:
- El intento imposible de reformar la Constitución. Requiere el apoyo del PP, algo que Feijóo ha descartado.
- La modificación del Real Decreto 825/2010, que sí depende solo del Consejo de Ministros.
Con el Real Decreto 825/2010, el Ejecutivo pretende eliminar información previa que se ofrece a las mujeres antes de abortar, como ayudas públicas, derechos laborales de maternidad o alternativas médicas. El Gobierno asegura que así “evitará que reciban información falsa”.
La realidad es otra: se trata de blindar el negocio del aborto, impedir mensajes provida y reforzar el control ideológico. Ya en la pasada legislatura, Sánchez:
- Eliminó el consentimiento paterno para abortar desde los 16 años.
- Creó listas de médicos objetores.
- Financia la píldora del día después.
- Criminalizó a quienes rezan ante clínicas abortivas, castigándolos con cárcel.
Todo esto configura un marco represivo contra la libertad religiosa y el derecho a la vida.
Por su parte, el aborto constitucional necesita una reforma ordinaria. Para aprobarla, se requieren tres quintos del Congreso (210 votos) y 159 senadores. El PSOE y Sumar apenas suman 178 diputados, con sus socios separatistas.
En el Senado, el PP tiene mayoría absoluta, lo que convierte la iniciativa en inviable. Incluso con el apoyo de ERC, Junts o Bildu, la aritmética no alcanza.
Los socialistas lo saben. Por eso el objetivo no es aprobar la reforma, sino instalar el relato. Presentar al PP como enemigo de las mujeres, mientras Sánchez esquiva los escándalos que afectan a su entorno.
La tibieza y cobardía del PP
El PP navega entre medias tintas. Su falta de claridad permite que Sánchez utilice el aborto constitucional como un arma de desgaste. La izquierda, consciente de la división interna en el PP intentando fracturar a la derecha.
Es el clásico juego de distracción de Sánchez: abrir debates ideológicos cuando la corrupción y los escándalos lo acorralan.
El aborto constitucional no es una reforma realista, sino un recurso propagandístico de Sánchez para desviar la atención y dividir a la oposición. Se trata de un debate artificial, usado como cortina de humo en medio de sus escándalos.
