El socialista Illa pretende colonizar la red con el catalán y silenciar el español

promoción del catalán en redes sociales

El nuevo plan para la promoción del catalán en redes sociales, aprobado por el Parlamento catalán con el impulso del socialista Salvador Illa, supone otra vuelta de tuerca en la imposición lingüística con dinero público.

El catalán como herramienta de ingeniería ideológica digital

El Parlamento de Cataluña ha dado luz verde a un plan que apunta directamente al control ideológico del espacio digital. Según informa Okdiario, se incrementarán las subvenciones para creadores de contenido en catalán en redes sociales.

La medida fue propuesta por el PSC de Salvador Illa, actual presidente de la Generalitat, y respaldada por partidos separatistas.

Esta promoción del catalán en redes sociales no nace como una política neutral o de pluralidad lingüística, sino como una estrategia de colonización ideológica del espacio digital. La medida busca «normalizar» el catalán, es decir, imponerlo donde no se utiliza espontáneamente.

Lo alarmante es que esta política tiene una cobertura económica sustancial, lo que convierte el uso del catalán en redes en una industria subvencionada al servicio del poder político.

Millones públicos para colonizar la red y silenciar el español

Según el mismo medio, el Gobierno catalán tiene previsto destinar 255 millones de euros para reforzar el uso del catalán en la administración pública y, lo más preocupante, en el sector privado.

La promoción del catalán en redes sociales representa solo una parte de este ambicioso plan. El objetivo declarado es incorporar 600.000 nuevos hablantes entre 2025 y 2030, lo que implica una estrategia de transformación cultural forzada.

En 2025 se destinarán 120.000 euros a estudios y estrategias para evaluar el uso del catalán en comercios. A eso se suma una inversión directa de 320.000 euros para inspecciones lingüísticas en bares y tiendas.

No se trata de garantizar derechos lingüísticos, sino de perseguir a quienes no usen el catalán en el sector privado, un modelo coercitivo que atenta contra la libertad comercial, cultural y personal.

Esta política subvencionada y fiscalizadora rompe con el principio de neutralidad lingüística. Impone un idioma -el catalán- por vía administrativa y presupuestaria, silenciando el español y marginando la realidad social de Cataluña.

La promoción del catalán en redes sociales: censura encubierta

Cuando se habla de promoción del catalán en redes sociales, se oculta que esa promoción implica control ideológico, selección de contenidos y exclusión del discurso en español. Solo quienes creen contenido “correcto” en catalán recibirán las ayudas.

Se trata de fomentar de instrumentalizarla para convertirla en vehículo de propaganda institucional. Una red de creadores afines, pagados con dinero público, se convierte en altavoz digital del separatismo lingüístico.

Este tipo de medidas recuerda a los sistemas totalitarios que premian al artista que canta loas al régimen. El catalán ya no es una lengua; es una herramienta de sometimiento. Y quien no la adopte, quedará excluido del circuito de visibilidad y promoción.

Además, esta política discrimina gravemente a miles de jóvenes creadores de contenido en español que no recibirán ningún tipo de apoyo, ni reconocimiento, ni incentivo. Se penaliza el mérito y se impone la ideología como criterio de éxito

Illa y el separatismo: aliados en la imposición cultural

Salvador Illa ha demostrado que su socialismo no es moderado. Lejos de romper con la imposición separatista, ha asumido el modelo lingüístico del independentismo radical. Prueba de ello es su alianza con partidos como ERC y Junts en esta iniciativa.

Con su plan para la promoción del catalán en redes sociales, Illa no defiende el bilingüismo ni la convivencia, sino que promueve una Cataluña culturalmente homogénea, donde el español queda relegado a lo privado y lo marginal.

El mensaje es claro: quien no se pliegue al catalán, quedará fuera del discurso público, de los apoyos institucionales, de las plataformas oficiales. Este modelo excluyente rompe con la España constitucional y crea un sistema paralelo de comunicación sometido a criterios ideológicos.

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